Dos olas separadas pero relacionadas se han tomado Venezuela. Una, desde dentro, llena las calles de protestas en contra del régimen de Maduro. No es la primera en estos años. Otra, desde fuera, aúna a decenas de países en el reconocimiento de la jefatura interina del Estado en Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, institución que a su vez cayó en desgracia cuando el propio régimen creó un poder legislativo paralelo en la Asamblea Constituyente de 2017. Fue ése un momento clave en la consolidación de una regresión democrática que ha marcado a todo el continente latinoamericano. Ahora la pregunta que todos se hacen es cómo puede Venezuela hacer el viaje de vuelta a la democracia.
Por razones obvias, el análisis comparado de las transiciones democráticas es uno de los temas que más han ocupado a la ciencia política. Nos preguntamos qué hace que un país se transforme hasta el punto de que el poder pasa a estar eternamente dividido. La pregunta no es fácil: resulta intuitivamente sencillo desgranar por qué un grupo determinado destronaría a otro para colocarse en su lugar, pero no tanto por qué decidiría consolidar un sistema en el que la retención del poder no esté asegurada para ellos. Las respuestas que se han proporcionado juegan, normalmente, en dos niveles necesariamente relacionados. Uno es el de las grandes condiciones estructurales: por ejemplo, la cantidad y el grado de distribución de la renta en el país puede ser visto como un determinante favorecedor para la democracia. Si hay más dinero y está más repartido, el precio a pagar por un conflicto no canalizado institucionalmente (una guerra civil, una serie continua de golpes de estado) es más grande para todos. Vale la pena decir que estos argumentos difícilmente comprenden a todos los casos posibles, y Venezuela es un buen ejemplo de ello: al fin y al cabo, bajo Chávez el país se hizo más rico y la pobreza disminuyó, pero al mismo tiempo consolidó una nueva élite que decidió aferrarse al poder por la vía de la fuerza.
Así que el segundo segmento de factores suele entrar pronto en la conversación. Podríamos definirlos como individuales o mecánicos, centrados en el corto plazo, en la pregunta siguiente: bajo qué condiciones un grupo de la élite en un país autoritario determinado tiene incentivos para transitar hacia elecciones cometitivas y, además, tiene éxito en el proceso.
Lo primero que debemos tener claro en este sentido es el rol central de las fuerzas militares. Al final, la democracia puede ser entendida como una manera de alejar el conflicto de intereses del uso de la fuerza. Salvo descomposición completa (ausencia del monopolio de la violencia), dicho uso reside en última instancia en manos del ejército, sea en un estado autoritario o en uno democrático. Así que, en un proceso de transición, la primera pregunta es dónde están los militares. En este caso y por ahora, pareciera que están con Maduro. Pero en realidad los militares no tienen muchos incentivos para aclarar su postura públicamente, y el espacio armado suele comportarse como una caja negra hasta el último minuto. Esto es así porque en caso de cambio de postura es mejor contar con la ventaja estratégica. Sobre todo si se contempla la posibilidad de división interna en el ejército. Este párrafo de la reportera Alicia Hernández, española sobre el terreno en Caracas, es clave:
Nada parece indicar que el alto mando militar está en contra de Nicolás Maduro. Quién muerde la mano que le da de comer. Otro caso distinto es la tropa, sometida a las mismas penurias que el resto de la población. Pero sin poder de fuego. Si se produjera una acción contra Maduro, tendría que ser obra de los cargos medios, con poder de fuego y dirección de tropa, pero no tan cerca del poder como para disfrutar de todos los beneficios de ello. – Alicia Hernández.
Si alguien dentro del ejército planea favorecer una transición, tiene todo el sentido que lo mantenga en secreto, probablemente porque ni siquiera habrá estimado todavía las posibilidades de éxito que tenga tal movimiento.
Es fundamental comprender que, tanto en el ejército como en el resto de ámbitos (élite política, económica), quienes emprendan el camino del cambio no pueden circunscribirse únicamente a la oposición ya existente. Por pura lógica, si con ellos bastase para producir una transición, ésta ya habría sucedido. De lo que hablamos aquí es de que una porción del régimen pivote hacia la democracia. Hablamos, en definitiva, de una traición necesaria.
Estos «traidores» no son necesariamente los más moderados ideológicamente dentro de la vieja coalición pro-régimen. Su rasgo distintivo es más bien el pragmatismo. O, más bien, el pragmatismo unido a una predicción de triunfo de la alternativa. Se produce aquí una suerte de profecía autocumplida: si una porción lo suficientemente nutrida y lo suficientemente desapasionada del régimen estima que la transición es inevitable, ésta se convertirá en más probable.
En resumen, y en primera instancia, un cambio requiere de (1) una élite dividida; (2) una oposición con un plan creíble; (3) un ejército dispuesto, en todo o en parte. Sin esas condiciones parece difícil que se active el cambio en Venezuela.
Pero toda transición pasa por un momento delicado. Si la división en la élite y entre las fuerzas armadas es lo suficientemente profunda, si la oposición no tiene un plan creíble y unificado, y si todo ello se reproduce entre la población, la probabilidad de que el intento de transición desemboque en un conflicto civil se eleva exponencialmente. No es descartable que Venezuela cumpla varias de estas condiciones. Probablemente eso es lo que tienen en la cabeza ciertas instancias (como la ONU) que están pidiendo, ante todo, diálogo. Es decir: un tránsito negociado hacia un régimen distinto en el que todas las partes tienen asegurado un futuro razonable y nadie tiene incentivos para canalizar el conflicto a través de la fuerza.
Porque, además, aunque el traspaso de poder fuese eventualmente «limpio» y exitoso, es en ese momento en el que la transición se demuestran a sí mismas si pueden producir democracias sostenibles o no. Cualquier nuevo régimen que aspire a ser competitivo se enfrenta al dilema de cómo garantizar el acceso al poder de quienes antes lo detentaban para sí mismos. Por supuesto, el lado potencialmente pragmático del viejo autoritarismo incorpora esto a sus propios cálculos: ¿qué futuro nos espera en el nuevo mundo? Pero es lógico que la oposición (entendida en sentido amplio) espere algún tipo de castigo y restricciones para quienes les vetaron a ellos en el pasado. De cómo se resuelve esta tensión depende en gran medida el futuro de la democracia.
Es difícil tomar una postura distanciada con algo que despierta tantas pasiones como la situación actual de Venezuela. Pero si no tenemos en cuenta todos estos parámetros y sólo consideramos nuestros deseos por asegurar el poder de tal o cual porción de la población (quienes no disponían de ninguno antes de Chávez, o quienes, bajo él y Maduro, se encontraron bajo el peso de la autoridad arbitraria), lo más probable es que los escenarios que producimos en nuestra cabeza pasen de sueños a pesadillas.