Corrupción

La corrupción tenía un precio*

6 Jun, 2018 - - @elena_costas

En menos de una semana, desde la publicación de la sentencia del Caso Gürtel, hemos vivido, por primera vez, la caída de un gobierno por culpa de la corrupción. Una corrupción que, por repetida, se ha vuelto familiar, casi como un miembro más de nuestro sistema democrático. Una corrupción que parecía tan adherida que ni las urnas ni los pactos de gobierno conseguían eliminar. Pero la corrupción, en un Estado de Derecho, tiene que acabar pasando factura, aunque sea décadas después.

Es mucha la experiencia que hemos ganado a lo largo de los últimos años sobre el funcionamiento de la corrupción política, las cajas B, las redes clientelares o la financiación ilícita de los partidos. También de sus  no – consecuencias. De punta a punta de la península, desde el caso Pokémon a los EREs, o del 3% al caso Lezo, son pocos los territorios o partidos que puedan afirmar con tranquilidad no estar involucrados en ningún escándalo. Y las elecciones, mecanismo democrático de control, no han sido siempre capaces de apartar de su cargo a los políticos corruptos.

Pero el sistema judicial sí ha demostrado su eficacia para penalizar las redes de corrupción política. Un castigo que la Audiencia Nacional ha traducido en una condena de más de 350 años a una treintena de acusados, así como al propio Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Una sentencia que, además, prueba la creación de un sistema paralelo de corrupción institucional a través de dispositivos de manipulación de la contratación a todos los niveles de gobierno: central, autonómico y local.

A pesar de lo que pueda parecer estos días, la corrupción en España es un problema que se encuentra en pocos sectores. Escudaba Rajoy como defensa en el Congreso de los Diputados que “corrupción hay a todas partes”. Pero los datos nos muestran que no es así. España se encuentra entre los países europeos donde hay menos ciudadanos que experimenten la corrupción en su propia piel. Aquí, a diferencia de lo que pasa en otros lugares – en Europa del Este, Grecia, al Sur de Italia, o en la mayoría de países del mundo – no pagamos sobornos para obtener servicios públicos básicos. Nuestra corrupción está concentrada en las altas esferas de nuestras administraciones. Donde es muy visible y hace mucho daño. Pero no sufrimos una corrupción estructural.

Estamos ante escándalos políticos que no afectan a nuestro día a día de forma directa, pero que tienen un alto coste sobre la legitimidad del sistema a medio y largo plazo. Los casos de corrupción en las cúpulas de las organizaciones públicas minan los niveles de confianza ciudadana en todo el Sector Público. Si, además, el presidente del gobierno insinúa que “corrupción hay a todas partes”, se refuerza todavía más esta imagen distorsionada de nuestras administraciones.

La sentencia judicial es clara. El partido en el gobierno se había beneficiado de redes de corrupción institucionales. Ante esta constatación que, por otro lado, no dista mucho de la situación que forzó la dimisión del todopoderoso Helmut Kohl como presidente de la CDU, sólo había dos salidas posibles. O el presidente dimite, o se lo echa. Y la Constitución prevé un instrumento para esta segunda opción, intentando asegurar cierta estabilidad parlamentaría: la moción de censura constructiva. Indiferentemente del resultado de la misma, el mensaje es que la corrupción, una vez demostrada judicialmente, no puede salir gratis.

El PP, cómo han hecho otros partidos en similares tesituras, ha intentado justificar que las responsabilidades de la corrupción han sido “asumidas” y “perdonadas” en las elecciones. Este argumento es, para empezar, engañoso. En un sistema parlamentario, la legitimidad de un gobierno viene dada por la combinación de escaños, no de votos. Pero, además, esconde otra realidad. La corrupción pasa factura en las urnas, pero sólo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que los tribunales hayan demostrado la veracidad del escándalo. Por lo tanto, el sistema judicial no sirve únicamente como mecanismo directo de castigo a la corrupción, sino también indirecto, porque sus decisiones influyen en los votantes.

Por primera vez en nuestra democracia, el presidente de un gobierno en ejercicio se ha sentado ante un tribunal para declarar como testigo en un caso de corrupción. Y, también por primera vez, una sentencia judicial considera probado que el partido en el gobierno ha formado parte y se ha beneficiado de una dinámica de corrupción institucional. Una lista de primeras veces demasiado difícil de digerir, y que nos demuestra la importancia capital que juega un sistema judicial independiente. En una democracia con poderes independientes, la corrupción tiene un precio, y este puede llegar a ser tan alto como la caída del propio gobierno.