A estas alturas ya nadie duda de que la escalada de muertes y desapariciones de inmigrantes y refugiados/as en el Mediterráneo en los últimos cinco años representa uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo se ha convertido, con diferencia, en la región con mayor número de desapariciones a nivel mundial. A falta de acciones puestas en marcha por parte de los gobiernos europeos de operaciones de búsqueda y rescate, ONGs y particulares están tomando el relevo al salvamento de las miles de personas que se quedan varadas frente a las costas europeas en peligro de muerte. Sin embargo, con cierta incredulidad asistimos a la criminalización (tanto a nivel discursivo como judicial) de esta sociedad civil cuyo principal objetivo es salvar vidas. ¿Qué objetivo hay tras esta lógica de la seguridad? ¿Sobre qué fundamentos se asienta?
El origen: de la operación Mare Nostrum a la operación Tritón
A raíz del naufragio de 2013 frente la isla de Lampedusa ––que resultó en la muerte de 366 personas y una sentencia de un tribunal siciliano a 18 años de cárcel para el ‘responsable’ por tráfico ilícito de migrantes––, Italia, con ayuda de la Unión, lanzaba la operación de salvamento Mare Nostrum; única operación gubernamental con el propósito explícito de búsqueda y rescate de personas en el mar. Sin embargo, ésta duró sólo un año y fue sustituida por la operación Tritón, comandada por Frontex, y cuyo fin es primordialmente la seguridad en la frontera. Mare Nostrum ya no estaba operativa, por ejemplo, cuando en abril de 2015 ––el año record en número de llegadas a costas europeas–– más de 800 personas provenientes de Trípoli (Libia), perdieron la vida cerca de la costa de Catania.
Mare Nostrum fue un espejismo. Desde entonces la UE ha decidido adoptar una estrategia de vigilancia, siendo el tráfico y la trata de migrantes una prioridad política para la Agenda Europea sobre Migración. De hecho, con esta lógica de asegurar las fronteras, a nivel práctico las políticas contra el tráfico y la trata de migrantes se confunden con, o son diseñadas como, políticas de gestión de la inmigración irregular. Por ejemplo, en 2015 la Comisión Europea lanzaba el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015 – 2020) con objeto de “enfatizar la importancia de compartir información sobre los vínculos entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos”. En esta misma línea están los acuerdos con países como Turquía, Libia o Marruecos, que, si bien han alcanzado su propósito de disminuir el número de entradas, esta política de control de fronteras ha incrementado los costes de llegada, incluidos los costes en vidas humanas.
Los muertos en nuestras costas y la acción de la sociedad civil
Los datos muestran que desde 2015 la tasa de mortalidad de migrantes y refugiados ha aumentado significativamente hasta alcanzar alrededor de 35 muertes/desapariciones por cada 1,000 llegadas en 2017. En lo que llevamos de 2018, lejos de disminuir, parece que la tendencia va al alza (ver gráfico 1).
Viendo los datos, cuando más necesarias han sido las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, tomando en consideración el aumento del número de muertes (en términos absolutos primero y relativos después), la UE ha dejado un vacío que ha ocupado la sociedad civil. En este contexto la pregunta clave es ¿puede ser vinculado el rescate de personas con el tráfico de inmigrantes (servicios de facilitación) y con la trata de seres humanos? Buena parte de los análisis académicos que se han realizado en el Mediterráneo ponen en duda el predominio actual del enfoque criminológico, en tanto que este vincula únicamente el tráfico con el negocio y el crimen organizado internacional. De igual forma, los datos sustentan este cuestionamiento. De hecho, cuando Interpol analiza el vínculo entre el tráfico de inmigrantes y otros tipos de delitos confirma que es casi inexistente.
A pesar de que en un inicio la UE vio la iniciativa de la sociedad civil como complementaria a su estrategia de vigilancia y control de fronteras, pronto se convirtió en un problema. En los últimos años la Unión ha adoptado una estrategia de desgaste hacia las ONGs y particulares operando en el Mediterráneo con fines humanitarios. Esta estrategia de presión se basa en la sospecha, vigilancia, amenaza y finalmente acusación por presunta trata o tráfico de migrantes a estos actores de la sociedad civil. El número de organizaciones acusadas por un supuesto delito de tráfico ilegal de personas no ha parado de incrementarse en el Mediterráneo, y la sociedad civil española ha estado en el punto de mira. Primero fueron los bomberos españoles de PROEM-AID detenidos por las autoridades griegas, en la isla de Lesbos, tras salir al rescate de una llamada de auxilio y cuya sentencia de 7 de mayo de 2018 los absuelve tras quedar en libertad sin cargos. A éste le ha seguido el caso de PROACTIVA OPEN ARMS cuyo barco fue inmovilizado en Sicilia a mitades de marzo, para ser liberado un mes más tarde, y sus tripulantes siguen a la espera de ser procesados por promoción de la ‘inmigración ilegal’. Sin embargo, las organizaciones humanitarias no son las únicas y las acusaciones a personas particulares también se repiten. El más sonado ha sido el caso de la activista Helena Maleno por sus llamadas a Salvamento Marítimo. Esta misma lógica de persecución se repite por toda Europa, casos como el de la ONG alemana Jugend Retter, el del cura eritreo Mussei Zerai o el del francés Cédric Herrou condenado a una multa y meses de prisión por ayudar a cruzar la frontera entre Francia e Italia, también se suman a la lista de investigados o condenados.
La excepción humanitaria: la vía para el rescate de vidas en el Mediterráneo
Pero, ¿en qué se fundamenta esta política de “securitización” y criminalización? En lo que al nivel internacional se refiere la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en sus siglas en inglés) define el tráfico de inmigrantes como un “delito que involucra la obtención de un beneficio financiero u otro beneficio material por el ingreso ilegal de una persona a un Estado del que esa persona no es nacional o residente” (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, 15 noviembre 2000). A resultas de esta definición, en el Mediterráneo y en concreto en las acusaciones contra la sociedad civil se está haciendo un mal uso, o al menos un abuso, del concepto. Sin embargo, el Protocolo en su artículo 6 sobre criminalización da pie a una amplia interpretación del mismo. En especial el punto número 4 de este artículo que establece que “nada en el presente protocolo impedirá que un estado tome medidas contra una persona cuya conducta constituya un delito en virtud de su legislación nacional”. A pesar de que en el protocolo se especifica que para constituir delito debe haber una voluntad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de tipo material, cada estado puede interpretar ‘el delito’ como crea conveniente de acuerdo con su legislación.
Por su parte, la legislación europea es si cabe aún más ambigua y permanece alejada de los estándares marcados por las Naciones Unidas, previamente mencionados. De hecho, el EU’s Facilitators Package de 2002 no recoge la obligación de que exista un beneficio monetario o material para que la trata de migrantes se pueda considerar un crimen. Así, la UE fomenta que sus estados miembros puedan tener una definición amplia de lo que constituye o no delito de trata de migrantes. Aunque la legislación europea sí que incluye una cláusula opcional para eximir a los actores con fines humanitarios de ser criminalizados, no hay base legal clara y vinculante para todos los estados miembros.
El futuro de estas organizaciones y de estos individuos se encuentra ahora en manos de la justicia de cada estado miembro y si bien se dispone de evidencias limitadas de sentencias firmes contra personas u organizaciones en este sentido -más bien todo lo contrario como la sentencia favorable a los cooperantes de PROEM-AID-, la estrategia de amenaza de las autoridades europeas parece surgir efecto. A raíz de esta creciente presión, el número de ONG operando en la región se ha reducido drásticamente, y los más afectados son los propios inmigrantes. Las que han resistido tienen que hacer frente a altos costes. Los procesos penales en los que se ven inmersas implican hacer frente a costes monetarios extras, además de costes de reputación, ya que el nivel de desconfianza entre la opinión pública aumenta con cada proceso penal, resultando además en problemas de financiación para las ONG derivados de la reducción del número de contribuciones. Evitar esta persecución y acoso contra ONGs y particulares que hacen un servicio que correspondería a los estados, y por extensión a la UE, como es el salvar vidas en el Mediterráneo podría evitarse incluyendo de forma explícita, tanto en el Protocolo de UNODC como en la legislación comunitaria y de los Estados, la llamada excepción humanitaria ––i.e., sin fines monetarios o materiales––. En manos de la justicia, de políticos y de una sociedad civil movilizada está que los actores con fines humanitarios queden eximidos, sin duda alguna, de dicha criminalización.