Política

El conflicto real en Cataluña

26 Mar, 2018 - - @egocrata

Es hora de buscar una solución para el conflicto en Cataluña. Un país no puede vivir en un estado de excepción institucional casi permanente, con manifestaciones diarias, líderes políticos pendientes de los tribunales y una sociedad presa de una incertidumbre inacabable.

Durante los últimos cinco años los políticos de uno y otro bando se han lanzando a una guerra institucional sin cuartel que no buscaba la solución del consenso, sino la derrota del oponente, en una dinámica cada vez más insostenible. No hay victoria posible. El hecho que sigamos aquí, cinco años después, es señal que aquí no puede haber vencedores y vencidos; no sin precipitar un desastre. Sólo hay una salida viable: una solución negociada que no gustará a nadie, pero que será mil veces mejor que la catástrofe que algunos parecen desear.

Es hora de hablar.

Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que esta conversación no debe ser entre Puigdemont y Rajoy, o entre Junqueras y Rajoy, o entre Torrent y Rajoy. Para resolver un conflicto, la negociación, las cesiones, el diálogo debe ser entre las dos partes enfrentadas, los dos bandos con posiciones incompatibles que chocan repetidamente sin alcanzar una solución. En Cataluña, los dos bandos no son “los catalanes” y “el gobierno de Madrid”. Los dos bandos son “catalanes independentistas” y “catalanes no independentistas”.

Este es el nucleo del problema. Durante todo el fin de semana los secesionistas han estado clamando contra el “autoritarismo” de Madrid, hablando de la vuelta del franquismo, diciendo que España no es una democracia verdadera y rasgándose las vestiduras sobre el fin de la separación de poderes y la malvada judicatura. La narrativa, el relato, es que el pueblo de Cataluña tiene una voluntad democrática y unas instituciones que quieren llevarla a cabo, y las malvadas instituciones de Madrid, que son fascistas, están suprimiendo esa voluntad general.

Esto es apropiadamente épico, pero es un relato; una fantasía. El conflicto real no es de Cataluña contra España, sino entre catalanes. En Cataluña un grupo de dirigentes políticos que representan algo menos de la mitad de la población del país (pero por azares electorales, tienen mayoría en el parlament) están intentando impulsar un programa político consistente en un cambio total y completo de la legalidad vigente, incluyendo cambiar la ciudadanía de toda la población. Este programa a la otra mitad de la población no le hace absolutamente ninguna gracia.

Este desacuerdo es un conflicto razonable y que puede ser dirimido en la arena política, pero el año pasado las cosas fueron más allá. Los integrantes de la mayoría parlamentaria decidieron, por un motivo que se me escapa, que la mejor manera de conseguir sus objetivos era simplemente utilizar las instituciones para imponer su programa político por las bravas. Votaron en el parlament, con una exigua mayoría, derogar todo el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la anulación de las protecciones constitucionales (y la separación de poderes, al autoproclamarse “constituyentes”), convocaron un referéndum sin garantía alguna, y proclamaron la secesión directamente. Lo hicieron, huelga decirlo, sin un atisbo de respetar o escuchar la mitad de la población que no estaba de acuerdo, oun mero asomo de respetar las normas institucionales o los procedimientos establecidos para proteger los derechos fundamentales de la gente que no quería que volaran por los aires su país. A los que no estábamos de acuerdo nos tacharon de inmediato de antipatriotas, malos catalanes, colonos o cosas peores.

En una democracia, en un estado de derecho, las leyes están para proteger los derechos de aquellos que no han ganado las elecciones. Los tribunales están ahí para garantizar que los políticos no abusen su poder. Cuando el poder judicial interviene en Cataluña contra los dirigentes independentistas, no lo está haciendo porque son una institución autoritaria, antidemocrática y anticatalana, sino porque los políticos independentistas estaban utilizando las instituciones para vulnerar los derechos fundamentales de la mitad de la población del país. Que Puigdemont hubiera ganado las elecciones es irrelevante; lo crucial, el punto fundamental del problema es que su gobierno estaba aprobando leyes saltándose todos los procedimientos legales que garantizan que los derechos de aquellos que no mandan no sean pisoteados. La prioridad de Llarena no es defender “la unidad de España”; es defender mi derecho, y el de la mitad larga de la población catalana, a que la decisión más importante sobre el futuro de mi país no sea tomada por las bravas en un pleno parlamentario grotesco con una mayoría minúscula. El Tribunal Supremo no os oprime; me está protegiendo de vosotros.

Esto no va de “perseguir la voluntad de los catalanes” como decía ayer el tipo que en teoría representa a todo el parlament como institución. La voluntad de algo menos de la mitad de los catalanes es la secesión; la voluntad de algo más de la mitad de estos es seguir en España. El juez está metiendo a gente en la cárcel porque los primeros estaban imponiendo a los segundos sus ideas desde las instituciones, sin el más mínimo respeto al estado de derecho.

Es obvio que el conflicto catalán exige una solución política negociada. Es más, todo el mundo sabe exactamente qué aspecto tendrá esa solución (financiación, competencias blindadas, senado territorial, bla, bla, bla – diseñar instituciones federales es fácil), y todos sabemos que acabaremos ahí tarde o temprano, aunque sea por casualidad. Negociar nada va a ser completamente imposible, sin embargo, hasta que los independentistas acepten de una puñetera vez que el problema no son sus ideas sino que Cataluña no son ellos, y que el conflicto lo tienen con la otra mitad del país y no con “España”. Esto implicará, por ejemplo, que los independentistas dejarán de tratar a los que no lo somos como “colonos” y presentarán medidas concretas para cerrar la fractura social que han creado, incluyendo poner fin al monopolio de la representación civil nacionalista en TV3 y muchas instituciones catalanas. También implicará que se comprometan a nunca forzar una secesión sin consenso social amplio, acuerdo firme con el resto de España,  ni supermayorías estables.

Si eso no sucede pronto, me temo que las cosas irán a peor, y no estaremos hablando de jueces, sino de una división social profunda y real, estilo Irlanda del Norte. Y todo porque la mitad de la población catalana parece haber decidido que la otra mitad no contamos. Hasta que Cataluña no haga las paces consigo misma será completamente imposible arreglar nada.