Educación

La hora del pacto educativo (III): Misión imposible

6 Mar, 2018 - - @lucas_gortazar

Esta es la tercera entrada sobre el Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Mientras que en la  primera hablaba de cómo hemos llegado hasta aquí y en la segunda traté de explicar cúales son los consensos que han ido emergiendo en los últimos meses (y años) en relación a lo que podría ser una razonable política de Estado en educación, en esta última analizo el proceso de negociación ya en marcha, las posiciones de los distintos actores políticos y las posibilidades reales de que se abra una ventana de oportunidad para el acuerdo.

 

La carrera de obstáculos

Desde hace unas semanas, la subcomisión del pacto educativo discute a puerta cerrada un guión de 15 puntos que no deja prácticamente nada fuera de la mesa de negociación. Se trata de un guión que, por el orden en que se han organizado los puntos, ya contiene un pacto: comenzar por la financiación. Los partidos a la izquierda exigieron hablar de inversión educativa (cada vez más baja) antes de hablar de casi todo, y por tanto dejan el “para qué” una vez logrado el “cuánto”. Aunque esta es una mala idea desde el punto de vista estratégico del pacto y el sector educativo, como apuntaba en mi entrada anterior, la desconfianza entre los actores políticos fruto del periodo LOMCE juega un papel central en el proceso. Y esto, no hay que olvidarlo, hace un buen pacto mucho más difícil que en 2011.

Cuando hace ya más de un año se constituía la subcomisión, sus responsables decidieron lanzar una negociación que planteaba algunos interrogantes. La mesa se daba de entrada 6 meses para negociar un acuerdo, que luego fueron 12 y ahora podrían ser 18. Después, ratificado por la Cámara Baja, ese documento debía de recorrer distintos ámbitos de debate social, aún sin clarificar. Una vez pasado esas inciertas metas volantes, el documento llegaba de vuelta al Ministerio de Educación, quien debía adecuar el marco legislativo al pacto mediante una nueva ley orgánica que superara la LOMCE, y fuera aprobada de nuevo en el Congreso. Tanto el proceso intermedio – quién y de qué manera representa lo social-, las tres transiciones de las tres partes -del Congreso a lo social, de lo social al Ministerio, del Ministerio al Congreso-, como el papel que jugarían las Comunidades Autónomas – en qué momento y de qué manera- quedaban de alguna forma en el aire.

En la práctica, esto implicaba un campo de minas para el proceso, porque los actores políticos y sociales siempre podían utilizar una fase del proceso posterior – por definir- para, de no estar conformes, barajar y jugar de nuevo sus cartas. El proceso, como algunos apuntaron, nacía por tanto cojo de estructura. Y a diferencia del anterior en 2011, no tenía un emprendedor político (el Ministro) que lo acompañara en el camino.

La negociación tiene otra laguna en cuanto a su diseño. Mientras que los partidos no tuvieron reparos en invitar a más de 80 comparecientes, por el camino no se produjo un seguimiento que filtrara la información, organizara los contenidos, y pusiera en bandeja un documento técnico que sirviera de punto de partida a la negociación. Al contrario, cada partido parte de cero y por tanto la profundidad técnica y las propuestas fruto del trabajo en las comparecencias se quedan a medias. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el debate sobre financiación: los partidos ni siquieran han sido capaces de ponerse de acuerdo en una métrica de la financiación del sistema educativo.

 

La tentación del secuestro partidista

Durante las entradas anteriores y a lo largo del ciclo hemos insistido mucho en que el pacto no debía desideologizar el conflicto y el debate, pero sí debía dar una tregua a las batallas históricas para dar paso a otras cuestiones que a día de hoy son relevantes y urgentes. Por ello, era necesario parar un momento para hablar de currículum, profesorado, evaluación o goberannza y participación en los centros, y olvidarnos por un rato de las competencias centrales y autonómicas, el debate de los valores cívicos y constitucionales, la escuela concertada o el papel de la religión.

Sin embargo, en las las últimas semanas hemos visto a los partídos políticos fijar posiciones y volver a poner la educación al servicio de la lucha política del día a día, retomando las batallas históricas y volviendo al secuestro partidista de la educación. Mientras que el PSOE rechazó su vieja idea de MIR cuando fue propuesta por el Ministro porque no resolvía el problema de la financiación*, Unidos Podemos redoblaba su crítica al MIR poniendo en marcha una iniciativa para sacar el debate del pacto a la calle mientras negociaba en el Congreso. Mientras tanto, el PP anunciaba un viejo acuerdo con Defensa sobre el papel del himno y los símbolos en las aulas. Y Ciudadanos, en su luna de miel electoral, ha llegado lejos con el debate de las lenguas vehiculares y el papel de la Alta Inspección del Estado. Todos han puesto sus líneas rojas encima de la mesa, que no eran otra cosa que la llamada a filas al sector educativo a participar en el juego político del momento y olvidarse del pacto.

Fruto de toda esta debilidad, llevamos semanas de filtraciones del proceso de negociación. Los medios de comunicación nos informan de debates específicos que, aunque necesarios en algún momento del proceso, externalizan la negociación y la convierten en tóxica, minando la confianza de los diputados entre sí. Esto, unido a la fragilidad del proceso y los escasos mimbres técnicos de la discusión, dificultan a nivel interno el trabajo de la subcomisión. Falta además una sociedad civil comprometida con el pacto, más allá de los intereses sectoriales de uno y otro colectivo. No hay, por tanto, ni fortaleza interna ni externa que proteja al pacto educativo del juego partidista.

 

La ventana de oportunidad – o de necesidad

Pero no podemos olvidar el debate de fondo que hay encima de la mesa, ni tampoco la situación en la que nos dejaría el “no pacto”: una ley actual que no satisface a nadie, un sector con la confianza por los suelos y unos retos que cada día se hacen más urgentes. Situación indeseable para casi todos, incluidas las CCAA donde gobierna el PP. A su vez, la debilidad del gobierno actual y su miedo a caer en las próximas elecciones le obligan a mover ficha para ofrecer algo al electorado en una legislatura en la que, de momento y en términos de políticas públicas, ha pasado muy poco. Pero este gobierno no está exento de sus propias dinámicas internas: en financiación, por ejemplo, el compromiso no lo pueden firmar los diputados del PP únicamente, sino que es necesaria la acción del Ministerio de Educación, y sobre todo de Hacienda y la posterior mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos.

Por otro lado, la situación en Cataluña tendrá que resolverse, o normalizarse, tarde o temprano. Y para los partidos nacionalistas catalanes y vascos será la llamada a entrar de nuevo en el juego parlamentario. Pueden, si así lo desean, quedarse fuera del pacto, pero de lo que no pueden quedarse fuera, de nuevo, es de la regulación que podría surgir de un nuevo pacto (o de la LOMCE). En palabras de la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, por mucho aspaviento que uno haga, “al final te la tienes que envainar”.  Como hemos dicho en muchas ocasiones, para todos los partidos políticos sin excepción los costes de no pactar son enormes a largo plazo, pero el problema es que, a corto plazo, los beneficios de no hacer de la educación una política de estado siguen siendo mayores.

 

Para el próximo intento

A expensas de lo que pueda ocurrir, en esta entrada he tratado de explicar las dificultades a las que se enfrentarán los diputados de la subcomisión en los próximos días y semanas. Sin embargo, aunque es probable que no haya pacto educativo, de todo esto valdría la pena sacar algo en positivo. Una pregunta importante es si tras toda esta década de experiencias fallidas, se pueden articular nuevas formas de sociedad civil “trans-partidistas” que pongan los temas centrales del debate educativo, normalmente ocultados por la vieja lucha partidista, encima de la mesa. Dificilmente habrá pacto si las distintas organizaciones de la comunidad educativa no pactan entre sí.

Siguiendo la idea de Cohen, March y Olsen de la teoría “garbage can”, un buen amigo con experiencia relevante en el mundo académico y en gobiernos siempre me recuerda que para que una gran transformación política se produzca hacen falta tres ingredientes fundamentales: emprendedores políticos, ideas concretas y adecuadas al problema en cuestión, y una gran demanda pública de lograr soluciones. Aunque ha habido buenas ideas encima de la mesa para el pacto (que recordaba en la entrada anterior) los otros dos ingredientes siguen incompletos a día de hoy: la demanda por un pacto en el que todos ceden no es del todo real en una parte suficiente de la comunidad educativa, y por tanto, los partidos no son capaces de interiorizar esta idea con suficiente fuerza. Esperemos que no sea por mucho tiempo.

 

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Nota final*. Durante el día de ayer, Pedro Sanchez planteó un últimatum al Gobierno, exigiendo el compromiso de inversión del 5% del PIB durante la negociación del día de hoy. De lo contrario, el PSOE abandonaría la Subcomisión parlamentaria hoy mismo.