El sábado pasado Ciudadanos presentaba su nueva propuesta de reforma laboral. En su momento fui algo crítico con ellos, así que me interesaba bastante prestar atención a la nueva, y evaluarla con números en la mesa. A ello vamos. Adelanto la conclusión principal: de ser aplicada tal y como está, la reforma supondría un aumento de derechos para los trabajadores precarios; así que, por resumir, el apellido «contra la precariedad» está bien puesto. Por supuesto, no basta para terminar con ella (más sobre esto, al final del texto), pero es un paso en esa misma dirección.
La propuesta de Ciudadanos plantea una especie de contrato único con dos indemnizaciones posibles: 20 días por año trabajado en caso de despido procedente, y 33 si el despido es improcedente, con límites de 12 y 24 meses de salario respectivamente. En los niveles de indemnización calca la situación actual de los indefinidos, pero elimina los temporales (que cuentan con una indemnización de 12 días por año). Aquí es importante anotar que existe una sentencia del TJUE de 2016 que podría suponer precisamente que se igualasen las indemnizaciones de eventuales e indefinidos. Sin embargo, por ahora el Gobierno no ha procedido a reformar nada ni parece que tenga intención alguna de hacerlo de manera inmediata. Así que en este artículo voy a asumir la legislación española tal y como está, y no tal y como debería estar según la sentencia del TJUE.
Además, Cs incluye lo que llaman una cuenta personal para cada trabajador en la Seguridad Social, también conocida como «mochila de derechos» o «mochila austríaca» (país en el que está vigente). En esta cuenta, que se aperturaría con el alta del trabajador, el empresario iría poniendo una cantidad periódica. Los trabajadores podrán retirar el dinero acumulado en caso de terminación de la relación laboral, incapacidad absoluta o jubilación (si fallece, son transferidos a los herederos). Esta aportación sería de unos 8 días por año trabajado. Se descontaría lo aportado de la indemnización en el caso de despido, con lo que ésta se mantendría en 20 o 33 días en cualquier caso a todos los efectos salvo una vez se llegue al límite de los 12-24 meses, porque en ese caso la «mochila» sí seguiría sumando. Lo mismo sirve para la jubilación sin despido, donde el dinero se percibiría igualmente.
Para evaluar cuál sería la diferencia en protección por despido para los trabajadores y quién saldría perdiendo o ganando, emplearé la misma metodología que utilizamos en el capítulo de El muro invisible dedicado a la regulación laboral, que es la que diseñé para este artículo. Primero, una tabla que compara la situación actual con la propuesta de Cs en términos de indemnización recibida según el momento del despido del trabajador.
En la parte inferior se compara lo que supondría dicha indemnización para un trabajador en la situación actual y bajo la propuesta de Cs. No hay apenas diferencias entre trabajadores indefinidos hoy y aquellos con un contrato único en un hipotético futuro. Las pocas que hay son de hecho positivas, fruto de la ‘mochila’ que seguiría actuando aún cuando se hubiera llegado a los respectivos límites de las indemnizaciones directas, particularmente en el caso de los despidos procedentes.
Donde sí hay diferencia es para aquellos que están en un régimen de temporalidad. Y son ganancias de derechos netas, que aumentan a medida que consideramos estancias más largas (y también más improbables, aunque no imposibles dado el círculo vicioso de temporalidad en el que se encuentran algunos trabajadores hoy día).
Para observar estos efectos con más claridad, es útil considerar qué pasaría con una serie de perfiles concretos. Para eso sirve la siguiente tabla.
Salvo en el caso del trabajador indefinido de largo recorrido, que se quedaría igual, todos los demás saldrían ganando bajo la propuesta de Ciudadanos. La ganancia es acusada no sólo para la persona con un círculo extremo de precariedad (último caso), sino también para quien se jubila sin despido: la existencia de una ‘mochila’ hace que perciba una cierta cantidad a la que ahora mismo no tendría derecho.
Con estos números sobre la mesa, resulta difícil argumentar que el contrato único propuesto por Cs suponga una reducción de protección para nadie. Al contrario: aumenta la protección de los temporales sin perjudicar a los indefinidos. Y, al no perder diferenciación entre causas procedentes e improcedentes, resulta una reforma garantista. Del menú que consideramos en su momento, estaría en la franja media-alta de protección. Podría decirse incluso que sería en sus efectos últimos una suerte de transposición al ordenamiento español de la sentencia del TJUE.
Es cierto que hay fuentes de precariedad que quedarían fuera de la reforma de Cs, a la espera de sus propias propuestas ad hoc. La más obvia es el uso de los falsos autónomos y otras figuras similares, ya sea en formatos de empresa clásicos o innovadores (Uber, Deliveroo, etcétera). También lo es que no basta cambiar la regulación laboral para acabar con la precariedad en un país con altos niveles de desempleo estructural: más y mejor inversión en formación, una red de protección por desempleo más potente e inclusiva (contemplando rentas mínimas o básicas, por ejemplo) son dos puntos imprescindibles. La propuesta que lanza hoy Jonás Fernández de un seguro de desempleo para la Eurozona es también interesante para favorecer la movilidad sin penalizar la protección. Sin embargo, en el ámbito al que se refiere esta propuesta, el avance hacia la protección del precariado me parece bastante nítido. Ahora bien, queda por ver su viabilidad política, que se irá descubriendo en las próximas semanas.