El pasado jueves 22 de febrero se celebró el cuarto y último debate del ciclo de conferencias organizado en la London School of Economics and Political Science (LSE) sobre la crisis en Cataluña. Moderados por Julio Crespo MacLennan, los profesores Montserrat Guibernau, Manuel Arias Maldonado y Fernando Vallespín conversaron sobre cuestiones normativas y políticas en torno al derecho de autodeterminación. En esta entrada recogemos los puntos principales que se desarrollaron en el debate.
El derecho de autodeterminación en el contexto internacional
Guibernau comenzó reconociendo que quizás no se pueda aplicar tal derecho en democracias plurales que respetan a las minorías. Sin embargo, no consideró que el caso español fuera necesariamente así. Según Guibernau, los catalanes son una minoría ignorada en España y el comportamiento del gobierno central hacia la minoría catalana —con medidas como la aplicación del artículo 155 y la encarcelación de algunos políticos independentistas— justifican la posibilidad de que el derecho de autodeterminación se pueda aplicar al caso catalán. Por tanto, consideró legítima la aspiración a la independencia y creyó justificada la pretensión de que este derecho contemple la independencia de Cataluña.
Vallespín explicó que el derecho internacional reconoce dos principios que son contradictorios: el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad territorial. El conflicto entre ambos se ha solucionado de dos maneras complementarias. Por un lado, el principio de autodeterminación de los pueblos se ha aplicado en casos de antiguas colonias o injusticias manifiestas contra las minorías. Por otro lado, el principio de unidad territorial se ha aplicado al resto de casos. Según Vallespín, en casos como Kosovo se puede hablar de una minoría oprimida que tendría el derecho de autodeterminarse. Sin embargo, Cataluña no cumpliría las condiciones para que este derecho se reconozca internacionalmente, por lo que habría que recurrir al derecho interno. La Constitución Española es parecida al resto de constituciones europeas cuando proclama que la soberanía reside en la totalidad de la nación política. Vallespín puso el ejemplo de Canadá, donde el Tribunal Supremo declaró que la región de Quebec no podía unilateralmente decidir independizarse del resto del país. Por tanto, no existe en estos momentos un demos catalán y las actuaciones del gobierno catalán rompieron la legalidad española y catalana. Vallespín diferenció entre el derecho de autogobernarse, que Cataluña disfrutaría, y el derecho a la secesión, que no está contemplado en la legislación española.
Arias Maldonado afirmó que la principal razón para restringir el derecho de autodeterminación es la amenaza que supone el nacionalismo para el pluralismo y los derechos individuales. Consideró que este derecho es un anacronismo y expuso los riesgos geopolíticos y sociales que tiene permitir que cualquier nación cultural tenga derecho a constituirse como estado de manera unilateral. Según Arias Maldonado, el derecho a la autodeterminación en democracias está limitado por unos marcos legales que ponen restricciones a lo que puede ser decidido. En este sentido, defendió que existen buenas razones para que el derecho internacional limite mucho el derecho a la autodeterminación. En todo caso, coincidió con el resto de los ponentes en que el problema político no se solucionaría únicamente por la vía judicial.
¿Es un referéndum dicotómico una buena solución para este tipo de problemas?
Para Guibernau, los referéndums son la mejor manera de solucionar conflictos de esta naturaleza. La ponente hizo una defensa de la democracia plebiscitaria, que consideró óptima para encontrar las opiniones y necesidades de los ciudadanos. Desde su punto de vista, los referéndums deberían ser una de las herramientas esenciales de aquellos gobiernos verdaderamente preocupados por sus ciudadanos. Respecto a un hipotético referéndum de independencia, defendió que tendría que ser votado únicamente en Cataluña. Según su punto de vista, los españoles no deberían poder decidir sobre la independencia de Cataluña ni de ninguna otra parte del estado. Basándose en los principios de libertad y democracia, según Guibernau las otras partes de España no tienen derecho a interferir en la gobernanza de cualquier otra comunidad autónoma.
Vallespín alertó sobre los peligros de un referéndum dicotómico. Argumentó que un referéndum de este tipo crea necesariamente sentimientos de derrota y frustración en la mitad de la población. Además, no responde a las complicadas demandas de la mayoría de los ciudadanos de sociedades complejas y plurales como las democracias actuales. Basándose en los datos de las encuestas, arguyó que si la pregunta se abría a más escenarios posibles la mayoría de los catalanes prefiere mayor capacidad de autogobierno antes que la independencia o el statu quo. Según su punto de vista, el principal problema es la lógica de unos movimientos nacionalistas que se atribuyen la representación de la ciudadanía. La polarización creada por el nacionalismo, que reprimiría las identidades culturales mezcladas, impediría que se pudiera buscar una solución más acorde a las demandas ciudadanas.
Arias Maldonado se mostró escéptico con los referéndums de autodeterminación. Por un lado, en el caso de que haya mayorías abrumadoras realizar un referéndum no aporta nada que no se conociera de antemano. Por ejemplo, explicó que en el hipotético caso de que hubiera una inmensa mayoría de catalanes independentistas no sería posible ni deseable evitar una secesión, independientemente de que se celebrara un referéndum. Por otro lado, en casos de comunidades divididas sin mayorías claras como Cataluña, argumentó que los referéndums polarizan y dividen a la población. Arias Maldonado puso el ejemplo del Brexit, que dejó a una gran parte del electorado frustrado. Además, señaló los peligros de que este tipo de referéndums provoquen falsas expectativas inflamando las tensiones identitarias en todo el espectro político.
Posibles soluciones para sociedades plurales con preferencias cruzadas
Guibernau mostró su preocupación de que los catalanes fueran una minoría constante, y que por tanto su voz fuera ignorada. Por eso, propuso nuevas políticas para que aumenten su poder de negociación, como la posibilidad de que las minorías tengan capacidad de veto o puedan decidir por sí mismas sobre el tipo de estado que quieren. Defendió que la diversidad cultural debía ser tomada como un bien en sí mismo, y que había que evitar las políticas que inflaman las pasiones identitarias y maximizan los conflictos. Según Guibernau, la solución ideal es crear una democracia plurinacional tomando como modelos a Escocia y Quebec. Este tipo de democracia reconocería los derechos de los ciudadanos a decidir su futuro político a través de continuas negociaciones con el estado. Si fuera necesario, matizó Guibernau, esta negociación se realizaría con mediadores internacionales. Consideró que en este modelo exitoso se podrían negociar desde la dotación de los servicios públicos hasta fórmulas para acabar con la corrupción. De esta manera, se crearía un sentido de comunidad y un proyecto compartido que respete la diversidad.
Para Fernando Vallespín no hay una solución única. El hecho de que no haya una mayoría clara hace que la complejidad del problema sea todavía mayor. El porcentaje que representaría para Vallespín esta mayoría sería el 65 por ciento. Volviendo al caso de Quebec, comentó cómo el Tribunal Supremo de Canadá estableció también la misma cifra, a las que más o menos se adhirieron los demás ponentes. No obstante, el mismo Tribunal añadió que un problema político no puede ser afrontado con un enfoque estrictamente jurídico y sugirió que se negociase políticamente para evitar el aumento de la polarización. En este sentido, Vallespín defendió una reforma constitucional y nuevos acuerdos políticos tendentes al federalismo. Las reformas representarían un nuevo acuerdo territorial de organización federal que hiciera que comunidades como Cataluña o el País Vasco no se sintieran ajenas a España. Sin embargo, según Vallespín es difícil que haya negociaciones de este calibre a corto plazo por una cuestión de falta de incentivos en los distintos partidos políticos. Por un lado, la derecha conservadora española tiene incentivos electorales para ser rígidos con el nacionalismo catalán. Por otro, los nacionalistas catalanes se han comprometido con un programa independentista hasta un punto en el que resulta muy complicado que se pueda negociar una solución federal.
Arias Maldonado se hizo la pregunta sobre qué pasaría si se implementase una solución descentralizadora que reconociese la autonomía de una región y, a pesar de ello, la demanda de más independencia continuase. Tradicionalmente, la solución para las demandas nacionalistas ha sido el reconocimiento simbólico y el aumento del autogobierno. Sin embargo, según Arias Maldonado este tipo de medidas ya han sido exploradas en la España constitucional: España es un estado cuasi-federal que ya reconoce una gran autonomía a sus regiones, y Cataluña disfruta de una gran autonomía reconocida en su Estatuto de Autonomía. Por tanto, para Arias Maldonado el problema es la lógica de un nacionalismo que nunca llega a ver cumplidas sus demandas. Según su punto de vista, Cataluña ya tiene herramientas suficientes para perseguir su propia identidad cultural, promover su lengua y desarrollar políticas económicas y sociales. Aun así, se mostró partidario de un aumento del federalismo en España si los nacionalistas catalanes muestran cierta lealtad con el proyecto común. Defendió que las democracias tienen un fuerte componente de negociación, inclusión de minorías, devoluciones de poderes y reconocimientos simbólicos. Además, añadió que hay un componente de frustración que se debe admitir en toda negociación de este tipo. De la misma manera que los independentistas no pueden imponer un modelo de estado al resto de españoles mientras no tengan una mayoría en España, aquellos favorables a la recentralización no pueden imponer sus demandas en contra del resto de ciudadanos. Por último, Arias Maldonado argumentó que los nacionalistas no son los únicos frustrados por el diseño institucional del estado, pero sí son los únicos que se han saltado las normas comunes.