He hablado mucho (demasiado) estos días sobre cómo hemos llegado hasta aquí, de responsabilidades, culpas y errores. Creo que a estas alturas ya no tiene demasiada importancia. Llevaba tiempo advirtiendo (yo y otros muchos, era obvio) que la irresponsabilidad de unos y otros iba camino de tener consecuencias graves, y ya las tenemos aquí. Un gobierno autonómico desafiando la ley de forma sistemática, abierta y provocadora, aún cuando carece de un apoyo social claro y mayoritario. Un gobierno central que reacciona ejerciendo unos niveles de violencia insensatos y desproporcionados, intentando arreglar con jueces y policías un problema que los políticos deberían haber solucionado mucho antes. Ahora la cuestión es cómo lo arreglamos. Y no es cosa de quedarse con medias tintas.
El núcleo del problema, a estas alturas, es que tenemos dos gobiernos que proclaman su legitimidad democrática para tomar decisiones. Por un lado, tenemos a un gobierno autonómico salido de unas elecciones del 2015 que controla el parlament pero tiene una mayoría social más que dudosa para proclamar una secesión. Por otro, tenemos un gobierno central en minoría que fue reelegido a duras penas el 2016, más por la supina incompetencia de una oposición dividida precisamente por el tema catalán que por otra cosa. Ni Puigdemont puede decir que representa Cataluña, ni Rajoy puede decir a estas alturas que representa España.
Sólo nos queda votar.
Porque sí, esto se arregla votando, y haciéndolo en unos comicios donde todo el mundo participe, todo el mundo esté de acuerdo con las reglas. Es necesaria una votación sin soluciones binarias de dentro o fuera, sin preguntas simplistas para intentar solucionar problemas complicados. Es hora de que los líderes políticos presenten sus propuestas claras, detalladas, con matices, explicando qué futuro quieren para España y Cataluña, y los ciudadanos decidan qué prefieren, dando plenos poderes a sus representantes para que lleguen a una solución negociada. Es hora de disolver las cortes y convocar nuevas elecciones generales.
Eso, por supuesto, sólo puede suceder si el presidente del gobierno así lo decide y dimite. Algunos lo verían como un gesto de debilidad, o como una admisión de un error, o como algo que debilitaría al estado ante el desafió secesionista. Bobadas. Una convocatoria electoral sería un gesto de fortaleza, una forma de decirle a los independentistas que si queremos votar, votemos, y dejemos claro qué apoyo social tenemos unos y otros en vez de seguir en esta estúpida, ridícula escalada de agravios, insultos, policías y desacatos que no llevan a ninguna parte.
Si Rajoy no quiere convocar elecciones, la oposición tiene una alternativa: moción de censura, con convocatoria electoral como único programa de gobierno. Si quieren hacer felices a Ciudadanos, que el candidato sea de ellos (Arrimadas o algún independiente), con la opción de invocar el 155 si las cosas realmente se fueran de mano.
Nadie, a estas alturas, debería actuar pensando según cálculos electorales, sobre si unas elecciones anticipadas le darán la mayoría al PP o si sólo polarizarán más. Estamos en un punto donde los dos bandos están cada vez más desconectados de la realidad, cada vez más atados a unas bases enfurecidas que creen que no hay nada que negociar. Paremos el ciclo, pongamos urnas, y dejemos que los ciudadanos dejen claro quién tiene mayoría.
Sospecho, por cierto, que los resultados de estas elecciones serían muy parecidas a lo que vimos el 2015 en Cataluña y el 2016 en España. Nadie tiene mayoría en ninguna parte, y hay que llegar a acuerdos para salir del pozo. A los político eso se les ha olvidado.