La justificación para la intervención del Estado en la economía ha sido de siempre muy variada. Algunos han utilizado conjuntamente conceptos como justicia y sociedad con los que argumentar que dicha intervención responde a una obligación para con aquellos más necesitados. Otros han sido más teóricos, y basándose en los llamados fallos del mercado han defendido la intervención pública debido a la existencia de mercados incompletos, de información asimétrica, de economías de escala, barreras de entrada, etc.
Entre estos fallos destaca a su vez la existencia de externalidades, es decir, situaciones en las cuáles o los beneficios o los costes de la actuación privada no es asignada en su totalidad a quien los genera. En el caso de la educación, la intervención pública puede justificarse desde varias perspectivas, no todas ellas desde luego económicas, pero sí una en particular, que es la existencia de dichas externalidades en la educación de los individuos. Si los beneficios de la educación no se circunscribe solo al ámbito privado del sujeto que se educa, es fácil argumentar que es necesaria la intervención pública.
Supongamos por un momento que todo el beneficio de la educación recibida por una persona recae en su ámbito privado. Por ejemplo, porque un aumento del nivel educativo conllevará con bastante probabilidad a una mejora esperada de su salario futuro. Nadie más se beneficia de dicho aumento en la educación. Si este fuera el caso, el mercado sería capaz de proveer el producto y el cliente de capturar su beneficio. No existiría pues sentido económico para la existencia de una educación pública. No tendría sentido que los demás aportáramos ingresos propios para subvencionar la educación de un tercero cuyo beneficio no va a “derramarse” sobre el resto de la sociedad.
Sin embargo supongamos que existen externalidades. Esto quiere decir, en este caso y en este ejemplo, que el que inviersor, es decir, quien recibe la educación e invierte en ella, no captura toda la rentabilidad de la misma. Pongamos un ejemplo de estas externalidades. Supongamos que trabajo en una empresa que va a contratar a un nuevo ingeniero. Este nuevo empleado, dadas sus habilidades, permite que la productividad de mi empresa aumente mucho más rápidamente gracias a sus servicios. Si un grupo de nuevos trabajadores educados se incorpora a la empresa, ésta al ser más productiva podrá pagar mayores salarios no solo a los nuevos empleados con elevada educación sino incluso a aquellos trabajadores de la empresa como yo que no tienen una educación similar a la de los nuevos compañeros. En este caso, los beneficiarios de la mayor educación media de la empresa no son solo los nuevos trabajadores educados, sino además el conjunto de los trabajadores de la empresa, sin importar su nivel de educación ni su esfuerzo e inversión por obtener una mayor cualificación. En este sentido, el trabajador educado no puede capturar todo el beneficio que corresponde como rentabilidad a su inversión. Parte de esta rentabilidad se “socializa”, traspasa el ámbito privado. Es por ello que si la rentabilidad es además de privada, social, existe justificación para que el Estado invierta en educación.
Otros ejemplos son igualmente reveladores. Por ejemplo, Lucas (1988) observa que las sociedades con mayor nivel educativo son sociedades que mejor adoptan las nuevas tecnologías, lo que intensifica su crecimiento redundando en el conjunto de la sociedad. Romer (1990) relaciona el nivel educativo con la creación de ideas y el desarrollo de innovaciones. Otras posibles conexiones entre educación y bienestar social han sido establecidas entre esta primera y su efecto sobre la delincuencia, la salud e incluso sobre la calidad democrática.
Una interesante línea de investigación de la macroeconometría ha buscado estimar estas externalidades. Es decir, cuánto crece el salario del conjunto de trabajadores, educados o no, en una región, provincia, ciudad o empresa cuando en dicho ámbito laboral aumenta la educación media de sus trabajadores. No son pocos los trabajos que han tratado, con mayor o menor éxito, estimar dicha externalidad, especialmente para los Estados Unidos (aquí para comprobar lo extenso de la literatura). Para España también hay trabajos aunque en menor medida (aquí, y aquí como ejemplos). A pesar del amplio número de estimaciones que aportan resultados significativos para multitud de países, regiones o ciudades, aún se está lejos de tener una cifra concreta que pueda considerarse de consenso.
Para ampliar la evidencia para España e incorporando ciertas mejoras metodológicas, en un trabajo conjunto con Walter García-Fontes, de la Universidad Pompeu Fabra, y que está a punto de aparecer en la Revista de Economía Aplicada, estimamos las externalidades, o rentabilidad social, de un año más de educación de los trabajadores a nivel de las provincias españolas. La posibilidad de estimar esta rentabilidad social entraña una serie de retos metodológicos complejos. La captura de la causalidad entre un incremento de la educación privada y un aumento generalizado de los salarios motivados por este hecho implica la necesidad de aislar una vía (causalidad) de las varias posibles existentes que pueden relacionar nivel educativo con salario medio provincial.
Por ejemplo uno podría argumentar que un mayor salario provincial eleva la educación dado que funciona a modo de efecto llamada a los trabajadores más cualificados. En este caso, la educación no sería la causa de un mayor salario, sino al contrario. Sería la consecuencia. Y esto es así porque las migraciones hacia las provincias españolas de salarios mayores por parte de los trabajadores más educados pueden ser relevantes. En este sentido, establecer una relación causal entre educación media de una provincia y el salario medio en la misma así como sus cambios en el tiempo puede ser complejo dada la existencia de una doble causalidad.
Es por ello que en este trabajo tratamos de aislar dicha relación causal. Para ello necesitamos aislar la parte del aumento del nivel educativo medio provincial con variables que sean independientes del salario. En este sentido relacionamos el aumento de la educación media provincial con el porcentaje de jóvenes entre 10 y 15 años una década antes de observar dicho aumento. La intuición es fácil de aprehender. Cuanto mayor sea la proporción de jóvenes en un momento dado en cada una de las provincias, mayor será el incremento de los trabajadores educados una década después, asumiendo que, dada la universalización de la educación, no existen especiales restricciones en el acceso a estudios medios y superiores por provincias. Este incremento del porcentaje de trabajadores educados hoy vendrá explicado principalmente por la estructura demográfica de justo una década antes, y que es independiente del nivel de salarios que existirá en dicha provincia diez años después. Una vez aislado el aumento de la proporción de trabajadores con educación media y superior debido al cambio demográfico, es posible estimar la relación causal en el sentido deseado, es decir, cómo un aumento del nivel medio de estudios de una provincia puede elevar el salario medio de todos los trabajadores, sean universitarios o no, con independencia del posible efecto llamada.
Los resultados son bastante significativos, indicando que existen externalidades a la educación. Concretamente, y utilizando los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales para los años 1995 a 2010, nuestras estimaciones indican que aproximadamente la rentabilidad social de un año más de estudio es de aproximadamente un 3-4 %. Como otros muchos estudios indican que la rentabilidad privada de la educación, es decir, el aumento del salario de un trabajador cuando ha adquirido marginalmente un año más de estudio, oscila entre del 5 y el 9 %, podemos inferir que un año más de estudio medio para el conjunto de la población eleva la renta media entre un 8 y un 13 %. Estas cifras justifican por lo tanto, y con creces, cualquier esfuerzo que se realice para mejorar la educación de los jóvenes en cualquier país desde el ámbito público.
Resumiendo, justificar el esfuerzo público en educar a sus jóvenes puede ser deseable toda vez que una parte considerable del presupuesto de las administraciones públicas se dedican a esta tarea. Entre dichas justificaciones encontramos la existencia de una rentabilidad social. Mi trabajo con el profesor García-Fontes estima que esta rentabilidad social es de un 3-4 %, muy similar a otros trabajos tanto para España como otros países. Esta cifra, por sí sola, es válida para que el las administraciones sigan considerando la educación de su población como un importante reto y una inmejorable inversión de cara al futuro.
Referencias:
Lucas, R. E. (1988). “On the mechanics of economic development”. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98 (5), Part 2, S71-S102
Muy interesante. La existencia de externalidades es un asunto central a la hora de decidir cómo debe intervenir lo público en mercados que, como el de la educación, podrían ser cubiertos por la iniciativa privada.
Sin entrar en profundidades, que solo conocen quienes como el autor lo han estudiado en detalle, la intuición que uno tiene desde fuera es que hay pocas cosas que generan tantos beneficios sociales difusos como una buena formación de los ciudadanos. Y hay que fomentar eso.
Sin embargo, el asunto se complica cuando hay que decidir no cuántos recursos dedicar sino cómo. Podemos llegar a un acuerdo para destinar a formación un determinado porcentaje del PIB, sí, pero, ¿de qué forma?
¿Es rentable socialmente montar todo un sistema público que provea educación gratuita desde la cuna hasta… hasta que una persona acceda al mercado laboral, o incluso más allá, durante toda su vida?
¿Qué costes tendrá, a posteriori, sostener todo ese entramado? ¿Qué vicios típicos de lo público se colarán en ese sistema, viciándolo, burocratizándolo. esclerotizándolo, y haciendo, en definitiva, que pierda gran parte de sus ventajas?
¿No sería mejor que se optara por el principio de la mínima intervención? ¿No podríamos considerar una alternativa, consistente, por ejemplo, en facilitar a cada nacido un generoso cheque educativo (que podría ser inversamente proporcional a la renta familiar, para compensar desventajas sociales), cheque que se extienda a lo largo de los años que se consideren oportunos, para que sean primero su familia y luego el mismo afectado quien, según sus circunstancias, vaya invirtiendo el dinero en su formación? ¿No sería mejor proveer así el servicio, con más competencia, más eficiencia y menor coste, siendo prestado por empresas especializadas que estén en dura competencia, que peleen por ofrecer más y mejores servicios, en lugar de hacerlo a través de instancias públicas cuyos intereses resultan ser finalmente muy distintos a la satisfacción de las necesidades de los clientes?
Hola José Salvador, ese tipo de instituciones que financian la educación filantrópicamente existieron pero han evolucionado. te recomiendo veas la pelicula Ivory Tower. https://www.youtube.com/watch?v=eLdU7uts4ws donde explican como el endeudamiento de los estudiantes en Estados Unidos es mayor que el de las tarjetas de credito (3 billones $)
La única manera de responder a esas preguntas es experimentar o comparar casos reales. ¿Son peores los vicios típicos de lo público, o los vicios típicos de lo privado? La experiencia de los sistemas de cheque escolar existentes no parece mostrar grandes ventajas, y a veces lo contrario (caso de Suecia).
Un mercado competitivo solo puede existir cuando no hay barreras de entrada ni carteles, y los compradores tienen toda la información necesaria para comparar y decidir racionalmente. En la educación raramente se darán estas condiciones. En particular, la evaluación objetiva de los centros es un problema nunca resuelto ni pública ni privadamente.
Interesante, relevante y muy bien escrito. Es de esos post que «crean afición» y dan caché a un blog. Enhorabuena a todos.
Para capturar completamente la rentabilidad social de la educación habría que considerar también el incremento en los beneficios empresariales y posiblemente otros factores, como la delincuencia o el medio ambiente. Así que podría ser incluso superior a lo calculado.
El uso de desodorante también está sujeto a externalidades. Parte del beneficio lo recibe la sociedad en forma de mejor ambiente en lugares cerrados. ¿Justifica esto tan obvio que el Estado deba subvencionar los desodorantes a aquel que lo necesite o, como en el caso de la educación universitaria, a toda la población que lo desee?
El caso es que no tengo hijos ni intención de tenerlos, pero cada día gasto horas de mi vida subvencionando a padres con hijos en edad escolar, a adultos universitarios y a profesores que en la «vida real» no encontrarían un trabajo tan bien pagado y con tantas facilidades.
Las externalidades existen en millones de bienes. Solo sirven para justificar impuestos. Es hora ya de dejar de usar el «bien común» para justificar el uso del dinero de los demás para beneficio propio.
Bueno, creo que el razonamiento es perverso.
La educación de los hijos de tus semejantes te beneficia en términos económicos. Y mucho más de lo que crees. Esto debes entenderlo. Esa razón hace que sea interesante invertir en educación y que el estado ayude en este sentido.
Sin embargo, lo que personalmente veo perverso es que yo trabaje una media de 56 horas semanales, de las que 31 son para pagar impuestos.
No voy a discutir -de momento- si el resultado de la educación íntegramente privada sería mejor socialmente que la de la educación íntegramente pública tanto en prestación como financiación, o de algún modelo mixto. Lo que discuto es utilizar el argumento de las externalidades.
He utilizado a propósito un ejemplo ridículo, pero totalmente cierto. El propósito es demostrar que sobre la base de las externalidades no se puede deducir que un bien deba ser subvencionado por el Estado, es decir, que se financie con más horas de mi trabajo -prefiero pensar en horas de mi vida, que en dinero.
Si la justificación de la intervención pública en la financiación depende de si hay externalidades, ¿dónde se pone la raya? El ejemplo del desodorante resiste la prueba de que existe externalidad, pero digamos -he trabajado en Córdoba y Sevilla en verano- que no es considerado importante. Pero insisto, entre algo obvio por la importancia y algo obvio por la no importancia, ¿dónde está el límite?
Por ejemplo, ¿hay externalidades positivas en la música, en el deporte, en la lectura, en la buena alimentación, en un bonito monumento, en un parque, en viajar? Parece obvio que sí; el mundo es mejor con mejor música, más salud deportiva, más literatura, mejor alimentación, ciudades más bellas y ciudadanos con más mundo. De ahí se deduce que todo eso hay que financiarlo públicamente porque hay externalidades positivas. De lo que al final se deduce que tenemos que soportar una carga impositiva que hace mucho tiempo que pasó el límite.
Las externalidades son el argumento de las buenas intenciones ni importa a costa de quién se cumplan -o no, como ocurre ahora mismo.
Por mi parte, me niego -figuradamente, porque me meterían en la cárcel si no pago mis impuestos- a financiar la educación de los demás. Estoy en mi derecho a hacerlo y no le quito el derecho a nadie de que forme instituciones que financien esa educación con sus propios recursos, no con los míos. ¿Egoísmo? El egoísta quizá es el que quiere que los demás les paguen la educación de sus hijos.
PD: No se me entienda, por favor, que estoy detrás del teclado encendidísimo; es parte de un debate que, por otra parte, me parece sanísimo que se tenga. Disculpa el tono si parece agresivo; no hay intención alguna.
Me parece una lógica perversa solo comprensible en quienes defienden un estado total al servicio del sector oligopolístico global. Ahora nos vamos a tragar no solamente de las externalidades negativas (El Paro Subvencionado es una externalidad negativa presente en muchas decisiones del Estado por ejemplo cuando firma tratados de libre comercio como CETA o TTIP) sino también las positivas. Vaya, hombre. Genial.
¿De qué te quieres morir? Como dicen los brasileños……nao temos escolha.
Me temo que hemos perdido la capacidad de discernir.
A ver, son positivas. Positivas. Repito, positivas
Lo que discuto, y me da la sensación de que R. Mendieta va en esa línea es que las externalidades no justifican un Estado invasivo. Es un non sequitur de manual.
No estoy negando -ni aceptando- que existan externalidades positivas en educación, simplemente que no es un argumento que justifique más gasto, es decir, más impuestos. En el momento en el que justificas impuestos vía externalidades, el monstruo – el Estado- se multiplica.
La comunidad educativa sufre del síndrome de Thomas Kuhn, está preocupada por su futuro y, en vez de enseñar que es lo que debería hacer, se dedica a buscar formas de que continúe el estado alimentando su crecimiento de clase burocrática instalada en la tecno estructura.
Ahora le toca el turno a las «externalidades» positivas –curiosamente no a las negativas que son las que, con justicia, perjudicarían a los oligopolios globales– sino las que se puede cargar a la espalda del contribuyente.
Se podría cuestionar hasta la mayor. Ese «motherhood statement» de que más educación (¿más tiempo de escolaridad?) es algo bueno a pesar de que hoy están escolarizados desde el año a los 23 para terminar con cualificaciones muy inferiores de las de un licenciado de los años 70 con la mitad de años de aprendizaje académico.
No lo hago por no crear polémica pero la mayor es rotundamente falsa y de ello avisaron ya en 1975 desde la Trilateral los Sres. Huntington, Crozier y Watanuki en su informe «The Crisis of Democracy».
La recomendación nº 5 de aquel informe dirigido a los gobiernos de
todo el bloque Occidental decía literalmente:
«Durante los años 60 creció enormemente la población universitaria con una probable sobreproducción de titulados en relación a las oportunidades profesionales que tendrán disponibles. Es necesario reexaminar el Coste y el Papel de la Educación Superior».
Por entonces en España había unas 10 universidades, hoy hay unas 80.
¿Y?
¿Y?
Pues esto viene hoy en El País.
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/23/actualidad/1477251453_527153.html