Política

El (no)delito de corrupción

25 Ago, 2016 - - @elena_costas

El diputado popular por Castellón, Óscar Clavell, está siendo investigado – lo que tradicionalmente conocíamos como imputado – por malversación de fondos, prevaricación y fraude a causa de una adjudicación que otorgó cuando era concejal de urbanismo a una empresa de limpieza. La empresa no cumplió con parte del contrato o lo hizo de forma defectuosa, y como los informes técnicos avisaban de ello las facturas no fueron validadas. Sin embargo Clavell acabó aprobando y ordenando el pago en 2011 como alcalde en funciones, sin la aprobación final de la junta de gobierno local.

Los detalles del caso y las motivaciones detrás de su comportamiento quedan para el juicio si es que éste llega a producirse, en el Tribunal Supremo al tener Clavell condición de aforado. Sin embargo, se trata de un ejemplo paradigmático de cara a entender las limitaciones de un potencial pacto o acuerdo “anticorrupción”. Dejando de lado por un momento las implicaciones de la condición de aforado de Clavell – ¡desde diciembre de 2015! – este caso ha supuesto la primera prueba a las condiciones impuestas por C’s para negociar con el PP, firmando así lo que denominan “Pacto Anticorrupción”. “Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por corrupción hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, afirma el primer punto del pacto.  

Imputado formalmente por corrupción. Teniendo en cuenta que el Código Penal no tiene tipificado el delito de corrupción la aplicación de esta condición se vuelve bastante compleja. El año pasado se modificó el Código Penal, en parte para combatir la corrupción, y se incluyeron nuevos delitos como por ejemplo la financiación ilegal de partidos políticos. Sin embargo la interpretación de qué delitos son o no corrupción queda al juicio de cada uno. En las Propuestas contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes presentadas por C’s hace poco más de un año se hablaba de que “las personas que hayan sido imputadas judicialmente por delitos relacionados con la corrupción no podrán presentarse en listas electorales ni ocupar cargos públicos mientras dure esta situación”. El PP hablaba también en su programa electoral del 20D de que “la dimisión – y suspensión de la militancia- se fija en el momento en que se abra el juicio oral en un proceso judicial derivado de una causa de corrupción”.  Podríamos discutir las diferencias entre “delitos relacionados con la corrupción”, “proceso judicial derivado de una causa de corrupción” e “imputado formalmente por corrupción”, pero nos seguiríamos encontrando en la misma situación que C’s está hoy. ¿Tiene o no tiene que exigir al PP el acta de Clavell?

“La mala praxis no es corrupción política. Una cosa es meter la mano en la caja y otra cosa es meter la pata”, afirma José Manuel Villegas, vicesecretario general de C’s. Y ahí entramos en el segundo problema. Si por un lado no tenemos un delito concreto de corrupción política, tampoco existe una definición oficial de la misma. En general hacemos referencia a la usada por el Banco Mundial desde mediados de los 90’s, el como “abuso de poder público para el beneficio privado”. Beneficio que no implica, necesariamente, un ingreso económico. O, más popularmente dicho, “meter la mano en la caja”.

No existe una respuesta clara a si Óscar Clavell debe dimitir o no siguiendo el Pacto Anticorrupción firmado por PP y C’s, básicamente porque no se trata de una estrategia definida de lucha contra la corrupción. Las condiciones impuestas por C’s al PP son simplemente eso, un punto de partida para recobrar la confianza e iniciar un proceso de negociación. No se puede derivar de las mismas – como mínimo no de forma automática – un pacto real anticorrupción, que necesitará de la participación de más partidos, la implicación de cargos públicos a distintos niveles de gobierno y la concreción de cuando se aplica cada una de las medidas. Requerirá también de una reflexión sobre las causas de la corrupción, y no sólo de propuestas relacionadas con la transparencia, los aforamientos o cuándo es apartado un político de su cargo. La lucha contra la corrupción va de la mano de un replanteamiento de la gestión de la Administración, de los procesos de compras y adquisiciones y de la selección y promoción de los trabajadores públicos. En este sentido, las condiciones impuestas por C’s han conseguido poner sobre la mesa un tema de vital importancia, pero para encontrar soluciones a la corrupción queda gran parte del camino por recorrer.