Economía

¿Su gobierno está endeudado? Mire su balance

13 Abr, 2016 - - @FerMongeC

Tradicionalmente, la política fiscal se ha centrado en tres instrumentos principales: el gasto, el ingreso y la deuda. Durante la grave situación financiera y fiscal de los últimos años se miraba con resignación el aumento de la deuda, apelando a la inevitabilidad de los recortes de gasto y el aumento de los impuestos. Sin embargo, hay un aspecto de la riqueza pública que raramente entra en la ecuación de las discusiones: los activos públicos no-financieros.

El Estado es propietario de una gran cantidad de activos públicos no-financieros: edificios, terrenos, infraestructuras, etc. Tradicionalmente, los gobiernos no han analizado ni gestionado de manera sistemática esta parte del “haber” del balance público. La razón principal para ello es precisamente que, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, la contabilidad pública y la metodología presupuestaria no utilizan con regularidad herramientas para contabilizar los activos y pasivos del Estado. En definitiva, el Estado no utiliza un “balance”.

En España, en la última década se ha venido realizando un esfuerzo de consolidación en la cuenta general del Estado por parte del IGAE, culminando en octubre de 2015, con la publicación de la primera cuenta única consolidada del Estado (que incluye las cuentas generales del sector público administrativo, empresarial y fundacional). Como se señala en ese mismo documento: “La Cuenta Única Consolidada ofrece una mejor información sobre el endeudamiento del sector público estatal en su conjunto, y sobre el tamaño, crecimiento, e impacto socio-económico de la actividad del mismo”.

Precisamente esa importancia de la perspectiva contable es la que ha llevado a algunas organizaciones internacionales a poner el acento en el balance del sector público, y en concreto en algunos de sus elementos menos conocidos, como es el caso los activos públicos no-financieros. Por ejemplo, el FMI publicó hace unos años un documento de trabajo en el que se hace un esfuerzo por contabilizar el valor de los activos públicos no-financieros. Los datos, como reconocen los autores, son muy preliminares debido a la falta de información y las diferentes metodologías de valoración de los activos. Con todo, el resultado no deja de ser impactante. En los países desarrollados para los cuales hay datos, los activos públicos no-financieros representan, de media, un 82,3 % del PIB.

activos

Fuente: Elva Bova et al., “Another Look at Governments’ Balance Sheets: The role of non-financial assets”, FMI WP 13/95, 2013

Estas magnitudes dan una idea del potencial que podría tener un uso eficiente de estos activos. Como muestra el gráfico, el mayor porcentaje lo constituyen edificios e infraestructuras. Ahora bien, sin una información más detallada sobre la naturaleza de los activos es difícil sacar conclusiones certeras sobre los ingresos que podrían obtenerse de estos activos. Su simple venta no parece ser siempre ni factible (el porcentaje de activos directamente comercializables tiende a ser bajo) ni lo más efectivo, pero según algunos análisis, los potenciales ingresos de una mejor gestión son muy significativos. Por ejemplo, en su reciente libro The Public Wealth of Nations, Dag Detter y Stefan Folster señalan que un incremento del 1% en la productividad de los activos federales en EEUU podría permitir una reducción de los impuestos de un 4%.

Entre otras razones, es este potencial el que ha llevado a organizaciones como McKinsey o a autores como el Premio Nobel Michael Spence a abogar por una mayor atención al balance de los gobiernos. Este enfoque ha de centrarse tanto en los activos (financieros y no financieros), como en los pasivos futuros no contabilizados como deuda (pasivos pensionales o contingentes, por ejemplo). En un momento de incertidumbre y volatilidad como el actual, este enfoque puede ser una herramienta clave para evaluar los riesgos y gestionar las finanzas públicas de una manera mucho más proactiva y sistemática.

A pesar de este potencial, pocos son los gobiernos que gestionan sus activos públicos, y en particular los no-financieros, de manera sistemática. En uno de los libros más relevantes sobre el tema (Kaganova y McKellar, 2006) se mencionan algunas de las razones: ausencia de una política de gestión de activos públicos, fragmentación en la responsabilidad de la gestión y una gran falta de información y transparencia.

La recolección de información sistemática y completa sobre los activos públicos es precisamente una de las recomendaciones principales del informe elaborado por McKinsey en el 2014 sobre el tema. España no se incluyó en el estudio del FMI citado arriba por falta de datos, pero durante el año 2015 el Tribunal de Cuentas realizó una fiscalización de los activos inmobiliarios del Estado. Muchos de estos activos tenían un valor contable de 1 euro, pero simplemente utilizando su valor catastral (para aquellos para los cuales estaba disponible), la valoración de estos activos pasó de 4.724,25 euros a 4.147.165.813,04 euros. Esta multiplicación por un millón de la valoración de los activos da una idea de las magnitudes de las que estamos hablando. En esta línea de mejorar la gestión de este patrimonio, el Ministerio de Hacienda ha impulsado también un Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado.

En conclusión, y dadas las últimas noticias respecto al déficit público, una mayor atención al balance y a la gestión de los activos del Estado, en particular los inmobiliarios, puede resultar clave a la hora de buscar algunas soluciones alternativas a nuestros – cada vez más urgentes – retos fiscales.