Hispania.

Izquierda, desigualdad y acuerdos cercanos

8 Abr, 2016 - - @egocrata

Con las negociaciones para formar gobierno camino de convertirse en ópera bufa, los partidos empiezan a lanzarse planes y propuestas unos a otros para convencer a los votantes (y autoconvencerse) que el fracaso en alcanzar acuerdos no es culpa suya. Aunque sigo sospechando que en el último momento el PSOE, Ciudadanos y Podemos acabarán por firmar un pacto (más que nada porque el PP parece ser el partido que va mejor en las encuestas estos días), al menos el cruce de documentos nos puede servir para hablar sobre políticas públicas, aunque sea un ratito.

Las “20 propuestas para desbloquear la situación política” de Podemos es un texto interesante. No me meteré en el tacticismo de sus concesiones, sino que me centraré más en el falso progresivismo de alguna de las medidas. Como he comentado alguna vez, la izquierda en España tiene a veces la mala costumbre de defender ideas que suenan bien pero que no reducen las desiguladades, sino que las aumentan. Podemos (como el PSOE e IU, todo sea dicho) son muy propensos a caer en esta clase de vicio. Veamos algunos ejemplos.

Salario mínimo

El salario mínimo es a menudo una política redistributiva. En el mercado laboral trabajadores y empresarios no negocian en igualdad de condiciones; dado que el empleado tiene casi siempre mucha más prisa que el empleador para cerrar un contrato, su poder de negociación es menor. Ante esta situación, cada empresa es un pequeño monopsomio (un mercado con un sólo comprador, lo contrario que un monopolio), y puede forzar precios más bajos. Lo que hace el salario mínimo es crear un “suelo” que refuerza el poder de negociación del trabajador.

Esto no quiere decir que cualquier salario mínimo tenga sentido: un empresario sólo contrará a alguien si pueden generar unos ingresos mayores de lo que puede pagarles. Si un trabajador puede fabricar tornillos por valor de €300 y el salario mínimo son €500, simplemente no va a contratarle. Aunque la mayoría de estudios sobre aumentos del salario mínimo detectan efectos muy limitados sobre el desempleo a corto plazo (otra cosa es a largo plazo – quizás reducen la creación de empleo), los estudios se ocupan de subidas relativamente limitadas, así que no realmente sabemos qué efectos tendría una aumento realmente decidido.

Este es el caso de la propuesta de Podemos, incluso con sus concesiones. Un salario mínimo de €900 al mes  representaría una subida de casi el 40% respecto al SMI actual, en un país con una tasa de paro por encima del 20%. En el 2014 el SMI era un 41% del salario mediano en España, bastante por debajo de la media de la OCDE en este aspecto (50%). La propuesta de Podemos haría que el SMI fuera un  56% del salario mediano, bastante por encima de esa media. Los únicos países por encima nuestro serían Portugal (que no es precisamente un modelo de eficiencia en el mercado laboral), Francia (idem) Eslovenia y Nueva Zelanda (Chile y Turquia son considerablemente más pobres y no son comparables).

A ese nivel el SMI seguramente sería lo suficiente alto como excluir a trabajadores poco cualificados del mercado laboral y reducir el empleo directamente, sin que la subida salarial lo compense. Es una medida que suena bien sobre el papel, pero que probablemente acabará con más gente sin trabajo.

Mercado de trabajo

Hemos hablado largo y tendido en Politikon sobre los efectos de la dualidad en el mercado laboral en el aumento de las desigualdades, efectividad del estado del bienestar, ciclo vital de los jóvenes y productividad. Cualquier reforma progresista del mercado de trabajo en España debe tener como primera prioridad eliminar la dualidad.

La propuesta de Podemos hace entre poco y nada para eliminarla, al no reducir la diferencia de coste entre un contrato indefinido y uno temporal. Regular cuándo es legal utilizar el segundo es un infierno regulatorio incontrolable que no reducirá los incentivos de los empresarios para evitar contratar trabajadores fijos siempre que sea posible hacerlo.

Pensiones

Siempre se ha hablado de la necesidad que tienen los países de escoger entre cañones o mantequilla cuando establecen sus prioridades de gasto. Al hablar de estado de bienestar, el dilema al que se enfrentan los políticos es escoger entre chupetes y bastones, o entre destinar recursos a la infancia o a los jubilados. Dado que no hay dinero para todo, debemos decidir dónde concentrar recursos. En España, cualquier discusión debería tener este gráfico como punto de partida:

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Hasta ahora el estado de bienestar en España ha sido muy efectivo protegiendo a los mayores de 65 años de caer en la pobreza. Es uno de los grandes logros de nuestro sistema de cobertura social, y es el motivo principal por el que las pensiones deben ser protegidas.

La total, completa y absoluta incapacidad del estado de bienestar español para hacer mella sobre la pobreza infantil, sin embargo, es un verdadera emergencia, así que no me parece aventurado decir que cualquier gasto adicional que hagamos en servicios sociales debe hacia la parte inferior de la pirámide de población, no la superior.


 

Hay otros capítulos de las propuestas que es difícil saber qué efectos tendrían, ya que carecen de suficiente detalle. El apartado de vivienda, por ejemplo, tiene ideas que pueden ser espantosas o muy buenas, dependiendo de cómo quiera leerlas. Tiene algunas ideas horribles (todos los programas políticos las tienen), pero no es un documento extravagante.

Lo más curioso de la propuesta de Podemos, de hecho, es que realmente no está demasiado lejos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, incluso antes de las concesiones de esta semana.

Dejando de lado las cifras de gasto (que son completamente extravagantes y nunca nos las aceptarán en Bruselas),  las agendas son parecidas. La renta garantizada es una versión más cara del complemento salarial del otro acuerdo (con matices). Las diferencias en educación infantil, dependencia, permisos de paternidad e impuestos son más de grado y velocidad de implementación que en objetivos de fondo. En  la reforma de la función pública, sistema electoral, financiación de los partidos, puertas giratorias y corrupción las propuestas difieren, pero no son incompatibles. Tras la renuncia a dar batalla con el derecho a decidir, sólo hay diferencias substantivas en mercado de trabajo, vivienda y política energética, y no creo que sean insalvables.

Si los tres partidos quieren un acuerdo, hay suficientes puntos en común para conseguirlo. Los tres partidos tienen prioridades diferentes, pero no contradictorias; España tiene tantos problemas ahora mismo que es fácil coincidir en cosas que necesitan soluciones urgentes. Si se repiten elecciones es porque alguien ha tomado la decisión estratégica de acudir a las urnas, no porque ha habido diferencias ideológicas irreconciliables.