Educación

El hechizo de la libertad de elección de centro

5 Abr, 2016 - - @jesusrogero

He llamado a las cosas

 por su nombre, aunque el nombre

rompa el hechizo.

José Hierro

Cuando los sociólogos explicamos la estratificación social – el proceso por el cual la sociedad queda dividida en grupos de acuerdo con su riqueza, poder y privilegios – solemos acudir, por su claridad, al sistema de castas. Las castas son estratos sociales hereditarios e inmóviles, de los que no se puede escapar por mucho esfuerzo y motivación que se tenga; en este sistema, las personas están predestinadas a ocupar el espacio social que correspondió a sus padres.

Mis estudiantes suelen indignarse cuando analizan este tipo de sociedades, que limita fuertemente las opciones vitales de grandes capas de población. En la España actual, afortunadamente, no existen las castas, pero sí las clases sociales, que son los estratos característicos del capitalismo. La sociedad española, consciente de que pertenecer a clases bajas condiciona las oportunidades vitales, se dota, entre otros mecanismos, de un sistema educativo al que la ley vigente (Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa) atribuye la función de “garantizar la igualdad de oportunidades” y actuar “como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales”. Pero una cosa es el discurso que se encuentra en el preámbulo de las leyes y otra el conjunto de medidas concretas y sus efectos reales. ¿Está siendo el sistema educativo eficaz en la compensación de las desigualdades?

Parece que no demasiado. España se sitúa algo por debajo de la media de la OCDE en el índice de inclusión social (grado con el que los diferentes colegios acogen estudiantes de diferentes perfiles socioeconómicos), pero contiene grandes diferencias regionales. Por un lado, comunidades como La Rioja o Cantabria están por encima de los 85 puntos, solo por detrás de algunos países nórdicos, mientras que la Comunidad de Madrid es la segunda región de toda Europa con el índice de inclusión social más bajo: 68,8. La alta segregación social del alumnado tiene dos efectos negativos: Por un lado, reduce los vínculos entre personas de diferentes culturas y clases sociales, lo que limita la convivencia intercultural e interclasista, y el respeto a las diferencias. Por otro lado, perjudica a los alumnos más desfavorecidos, al encuadrarles en centros en los que la composición del alumnado dificulta el aprendizaje. Al respecto, una de las consecuencias de la segregación es el aumento de centros gueto, en los que los elevados porcentajes de alumnado con dificultades suelen combinarse con una alta rotación laboral. La segregación escolar, por tanto, deteriora la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades, y no mejora la calidad educativa (más bien al contrario).

¿Cómo acaban los alumnos con un origen social similar en los mismos colegios? Todo apunta a que, especialmente en algunas regiones, la propia configuración del sistema educativo potencia la segregación, de diferentes maneras. Una es estableciendo barreras para acceder a los centros. En el plano económico, la matriculación en centros públicos y concertados implica costes muy diferentes, a pesar de que la ley establece que ambos deben ser gratuitos. Con datos de 2012, la familia de un estudiante de centro público gasta en su educación 822€ anuales, mientras que uno de la concertada gasta 1.549€. El que muchos colegios concertados muestren el coste de acceso sin ningún reparo refleja la inacción de los poderes públicos al respecto. Buena parte de la oferta educativa pública esconde, de este modo, un mercado de centros que selecciona los alumnos según sus recursos económicos.

También existen barreras culturales y lingüísticas. El 75% de los alumnos de la concertada acude a centros católicos, en los que suele haber actividades confesionales obligatorias (rezos durante las clases, ausencia de alternativa a la asignatura de Religión Católica, etc.). Es lógico que las familias que no son católicas – el 26% del total – busquen otras opciones dentro de la oferta de centros sostenidos con fondos públicos. El resultado de estas y otras barreras es que la composición social del alumnado de centros públicos y concertados es muy diferente.

Estos obstáculos se permiten porque, por encima de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, se ha superpuesto el derecho de los padres a elegir centro educativo y, en particular, a elegir un centro concertado. Un derecho, como hemos visto, reservado solo a familias que pueden permitírselo. Lejos de reivindicar una mayor diversidad de proyectos educativos o sensibilidades religiosas, quienes defienden la libertad de elección de centro suelen demandar, en la práctica, más centros concertados, generalmente católicos. Conviene recordar en este punto que la educación concertada escolariza ya al 29% del alumnado desde los 3 años hasta la ESO (el 67% la pública y el 4% la privada).

Un aspecto crucial es, por tanto, dilucidar qué características deben tener los centros y cuál debe ser el margen de elección de las familias. Imaginemos que, a pesar de las dudas, decidimos que los padres deben poder elegir si desean un centro público o concertado. Veamos en qué medida difieren estos dos tipos de centro. La mayoría de investigaciones no encuentra diferencias significativas en los resultados académicos, una vez considerado el origen social de los estudiantes. Los centros públicos y concertados tampoco difieren en el nivel de exigencia, si se atiende al tiempo que dedican a deberes unos y otros estudiantes. Otros indicadores, como el nivel de acoso escolar o el uso de Tecnologías de la Información no muestran variaciones apreciables.

A pesar de estas semejanzas, cuando a los padres se les pregunta qué tipo de centro escogerían para sus hijos si pudieran elegir, el 95% se decanta por alguno concreto: el 54% por un centro público, el 23% por uno privado y el 18% por uno concertado. Esto significa que los padres les atribuyen características diferentes (gráfico 1). En particular, la educación pública está más asociada con el reconocimiento del mérito, mientras que se suele entender que la privada alcanza mayores niveles de exigencia y empleabilidad. El contraste de estas ideas con las investigaciones mencionadas indica que, en muchos casos, los padres construyen estereotipos que no se corresponden con la realidad. La elección de centro, por tanto, parece ejercerse en un contexto de escasa información y cierto desconocimiento de la realidad educativa.

 

Gráfico 1. Con qué tipo de enseñanza relaciona las siguientes frases

graf1

Nota: Se seleccionaron solo padres y madres con hijos que cursan estudios hasta la universidad.

Fuente: Estudio CIS 2935 (2012). N=837.

 

Un buen sistema de elección debe ofrecer la posibilidad a las familias de acudir al centro deseado (no conviene confundir el centro deseado con el centro que se elige en primera opción, puesto que, como se explica aquí, en muchos casos no coincide). Por ello, es interesante indagar si los padres están satisfechos con el tipo de centro al que asisten. Los datos indican que el 36% de los padres elegiría, si pudiera, un tipo de centro diferente al que ya asiste su hijo. Nótese que no hablamos de elegir otro centro en particular (religioso o laico, en función del proyecto pedagógico, etc.), sino según sea público, privado o concertado. El porcentaje que elegiría otro tipo de centro asciende al 43% entre quienes tienen una situación económica mala o muy mala, casi el doble de entre quienes tienen una situación económica buena o muy buena (22%).

Alguien podría pensar que hay tantos padres “insatisfechos” porque no hay suficiente oferta concertada para cubrir la demanda. No parece el caso: el 37% de quienes llevan a sus hijos a centros concertados elegiría otro tipo de centro, porcentaje que se reduce al 30% entre quienes los llevan a centros públicos (gráfico 2). Además, una parte nada desdeñable de quienes acuden a centros concertados preferiría uno público. Por tanto, la demanda (teórica, eso sí) de educación concertada es menor que la demanda de educación pública. La cuestión, sobre la que solo podemos formular hipótesis, es por qué estos padres elegirían otro tipo de centro.

 

Gráfico 2. Tipo de centro que elegiría, según tipo de centro al que asisten sus hijos

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Nota: La pregunta concreta fue: “Suponiendo que Ud. pudiera elegir, ¿a qué tipo de centro educativo llevaría a sus hijos/as parar recibir Educación Primaria (en colegios) / Secundaria (en colegios o institutos)? Público, concertado, privado, cualquiera, no sabe, no contesta”. Se seleccionaron únicamente padres y madres con hijos en primaria o secundaria.

Fuente: Estudio CIS 2935. N públicos = 311; concertados = 82.

 

Las barreras de acceso a los centros (también presentes en la red pública, asunto que merece otro post) están actuando como un mecanismo de cierre social para que las clases con más recursos preserven las oportunidades de sus descendientes por encima de las del resto, bajo el auspicio de las administraciones públicas. Si el objetivo es mejorar la elegibilidad de todos los centros, el camino no es incrementar la educación concertada, sino garantizar a todas las familias las mismas condiciones de acceso a cualquier centro. La libertad de elegir, o es para todos, o no es. Podemos discutir si conviene o no mantener un sistema educativo segregador y reproductor de las desigualdades, pero que el hechizo de la libertad de elección de centro no impida que llamemos a las cosas por su nombre.