Hispania.

20-D: soluciones autonómicas desde la inestabilidad

17 Dic, 2015 - - @egocrata

Este artículo es el quinto de una serie conjunta con nuestros amigos de Piedras de Papel sobre el 20D. La idea es aportar distintos enfoques y debatir en las redes (#20DPolitikonPdP) sobre cuestiones que nos parecen claves para entender estas elecciones. Hoy hablamos de la cuestión territorial: Sandra León analizando los problemas del PSOE con su electorado y yo hablando de por qué la ausencia de mayorías favorecerá reformas autonómicas.

Todos los sondeos parecen indicar que el 20-D va a producir unas elecciones sin ganadores claros. Ninguno de los cuatro partidos en liza estará remotamente cerca de la mayoría absoluta, y parece difícil que incluso puedan alcanzarla con sólo dos formaciones. El próximo gobierno va a ser, inevitablemente, un gobierno salido de acuerdos parlamentarios.

Aunque algunos observadores temen la potencial inestabilidad en las coaliciones, su aparición es una buena noticia. La constitución española, al fin y al cabo, fue diseñada bajo el supuesto que las mayorías absolutas serían muy poco habituales; su sistema de contrapesos y separación de poderes parte de la idea que el gobierno necesitará construir mayorías parlamentarias fuera de su partido. El nuevo presidente perderá la omnipotencia que caracteriza a nuestras mayorías absolutas, y verá como su poder es afortunadamente bastante más limitado.

Aparte de la bienvenida reaparición del parlamentarismo, la existencia de un gobierno de coalición representará un cambio de incentivos considerable en lo que respecta a tensiones territoriales.

Supongamos que en febrero/marzo, tras meses de negociaciones, tenemos en España un nuevo presidente de gobierno, investido con los votos de dos o tres partidos. Quizás tenemos un gobierno de coalición, con varios partidos ocupando carteras ministeriales, o quizás un gobierno en minoría con acuerdos parlamentarios estables. Lo importante, en todo caso, es que el presidente del gobierno no depende sólo del apoyo de su propio partido para mantener el cargo, sino que necesita de otros compañeros de viaje.

Un presidente del gobierno al afrontar un problema en esta situación empieza la partida negociando. Cualquier reforma o propuesta que quiera sacar adelante debe ser primero aceptable políticamente para su propio partido, y debe ser lo suficiente cercana a las ideas de su socio de gobierno o apoyo parlamentario como para que este no se enoje demasiado. Lejos de poder lanzar un dardo en el mapa y decir que ese es el destino, cualquier reforma empezará ahora como un problema de geometría, con varios actores marcando puntos en el mapa y áreas a las que no están dispuestos a llegar. En vez de tener una propuesta específica salida de un partido, ahora tendremos un espacio de propuestas viables. El punto de partida no puede ser el inmovilismo.

Aparte de la mayor “amplitud” de las propuestas el hecho que los socios de gobierno compiten entre ellos en las urnas abre nuevas posibilidades. Para empezar, el partido más inflexible respecto a reformas del sistema autonómico, el PP, no va a gobernar en solitario. No importa con quien pacte, el resto de partidos llevan en su programa una reforma constitucional, así que cualquier acuerdo los llevará hacia el centro. Dado que el próximo gobierno afrontará inevitablemente un conflicto con los partidos nacionalistas catalanes, esta moderación será bienvenida.

El socio minoritario de una coalición con el PP, si ese es el resultado final, tiene un incentivo considerable de distinguirse del actual partido del gobierno como los artífices de la reforma territorial. Aunque, como señalaba Sandra ayer, la opinión pública española se ha polarizado en los últimos años, la realidad es que en estos temas los votantes siguen a menudo las señales de los políticos. Durante las dos últimas legislaturas la combinación entre la incomparecencia del PSOE y la inflexibilidad militante del PP probablemente han contribuido a debilitar el apoyo al estado de las autonomías.  Un gobierno de coalición puede abrir el debate a puntos de vista más constructivos, especialmente si el PP no está entre los partidos de gobierno o si hablamos de un acuerdo a tres.

La fragmentación parlamentaria, además, al reducir la capacidad de maniobra del gobierno central hace más creíble cualquier oferta de acuerdo. Los sistemas de financiación autonómica, reformas estatutarias y pactos sobre descentralización siempre tenían el problema implícito que el gobierno central podía deshacerlos sin que nadie pudiera oponerse. Un gobierno con mayoría absoluta, en nuestro sistema, puede recentralizar, reducir recursos autonómicos o llenar el constitucional de jueces afines sin contrapeso alguno, haciendo cualquier promesa menos creíble. Rajoy o Zapatero, casi omnipotentes, no podían prometer crear un candado competencial que él o sus sucesores no pudieran romper.

Los gobiernos de coalición cambian este cálculo. Dado que aprobar reformas requiere formar mayorías, y que cualquier reforma en un sistema fragmentado requiere de la participación de más de un actor, es mucho más fácil defender leyes existentes que aprobar nuevas. Un acuerdo de reformas autonómicas de calado será difícil, pero también tendrá más posibilidades de sobrevivir otra legislatura.

Por encima de todo, la fragmentación parlamentaria traerá forzosamente un cambio de mentalidad de las élites políticas en la próxima legislatura. Aquellos que apuesten por la confrontación se quedarán solos, y los que busquen acuerdos serán los que tendrán capacidad de gobernar. Este factor, ya de por sí, debería servir para abrir nuevas vías para arreglar los problemas del modelo autonómico y buscar un acuerdo en Cataluña.

Todo el mundo sabe cuál es la solución al problema. Ahora que los incentivos que perpetuaban el bloqueo han perdido fuerza, es hora de dar ese paso.