Economía

¿Resolvería un contrato único toda la precariedad?

26 Oct, 2015 - - @jorgegalindo

En las últimas semanas la propuesta de aplicar un contrato único indefinido para todas las nuevas relaciones laborales ha vuelto a la agenda. Ciudadanos lleva una versión en su programa, y desde Podemos varias voces se han alzado para criticar la idea. Mientras los primeros defienden que su modelo acabaría con la precariedad, los segundos argumentan lo contrario: que la aumentaría exponencialmente. La mejor noticia es que este debate significa una mejora cualitativa con respecto a los anteriores, en tanto que al menos ahora hablamos de precariedad con soluciones de por medio. La peor es que creo que ninguna de las dos posturas, ni el optimismo de Ciudadanos ni el escepticismo de Podemos, es completamente correcta.

La propuesta de C’s consiste en un único modelo de contratación con indemnización por despido creciente. Según la lógica enunciada por Ramón Espinar, senador de Podemos, las empresas tendrían entonces incentivos para despedir al cabo de poco tiempo y volver a contratar, de manera que todos los contratos pasarían a ser de facto casi equivalentes a los temporales de hoy en día. C’s no ha concretado los límites de las indemnizaciones, pero para este artículo podemos tomar los límites especificados por el propio Espinar, según los cuales ésta iría de los 12 a los 35 días por año trabajado. Un empleado tardaría unos catorce años en alcanzar el punto de 35, pero en cualquier caso el principio de 12 estaría por encima de la situación de un contratado por obra y servicio hoy en día.

Al asumir que todas las empresas despedirían a sus trabajadores al poco tiempo, Espinar está presuponiendo que cualquier empresario desea que todos sus trabajadores sean temporales de facto. Sin embargo, desde mediados de los ochenta la contratación temporal ha tenido pocos o ningún límite en España. Poco importa que definamos la situación como de “fraude de ley” o no (en mi opinión, el Estatuto de los Trabajadores así como los convenios sectoriales son muchas veces intencionadamente ambiguos para permitir la contratación temporal masiva). El caso es que las empresas han podido hacer más o menos lo que han querido en este ámbito, y el resultado ha sido en torno a un tercio de asalariados con contratos temporales, no más. Menos durante la crisis, cuando los despidos se ensañaron particularmente con este tipo de trabajadores. Pero, como se ve en el gráfico siguiente, la temporalidad se está recuperando desde hace dos años.

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En principio, parece poco probable que se vaya más allá de ese techo tan resistente, del 33-34%. Y es que para una mayoría de puestos de trabajo en una economía avanzada sigue siendo una buena idea establecer una relación permanente: así se da a los trabajadores incentivos para invertir tiempo y adquisición de habilidades en cuestiones que de poco le servirán fuera de la empresa y se les proporciona seguridad para poder desarrollar su labor.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los trabajadores en función del tiempo que llevan en su puesto, distinguiendo entre temporales e indefinidos.

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Hay varias cosas llamativas. La primera es la relativamente alta proporción de empleados con contrato temporal que llevan más de dos años en su puesto: más del 27%. En teoría, la legislación española prevé que no sea posible encadenar contratos temporales por más de dos años dentro de un periodo de 30 meses. Pero la práctica parece distinta. En definitiva, según la EPA en torno a un cuarto de las personas bajo este régimen está de hecho ocupando puestos que justifican la relación de larga duración antes descrita. Presumiendo que algún tipo de encadenamiento de contratos ‘por la puerta de atrás’ sucede en estos casos (por ejemplo, cambiar el nombre del puesto de trabajo del empleado sin modificar su sustancia, para poder renovar su contrato por obra y servicio dentro de la legalidad, o hacer un nuevo contrato con cada modificación de las tareas asignadas), los trabajadores están dejando de generar derechos de cara a una eventual terminación de la relación. Bajo un régimen de contrato único, el despido y re-contratación dentro de la misma compañía estaría lógicamente prohibido*, por lo que cualquier persona que se vea en bajo la regulación actual sometida a un régimen de encadenamiento abusivo vería mejorar su situación.

La proporción de trabajadores con contrato indefinido por encima de los dos años es mucho mayor, claro está: 89.6%. Ahora mismo, la legislación prevé un máximo de 24 meses de indemnización para los indefinidos, que a 33 días por año trabajado corresponderían a algo menos de 24 años en el puesto. ¿Por qué no despiden los empresarios a sus trabajadores mucho antes de llegar a ese límite, para así poder pagar menos por el despido, contratando a otros en su lugar? ¿Por qué la (supuesta) lógica de Espinar no funciona en este escenario pero sí lo haría en el de un contrato único? Al fin y al cabo, en cualquier caso el resultado para el empresario es el mismo: una indemnización más cara, aumente ésta por la función creciente en un contrato único indefinido o por la mera acumulación de derechos. La respuesta está hace dos párrafos: en muchos casos las empresas también desean relaciones laborales estables, y las tareas no son convertibles en commodities.

Pero no cabe llevarse a engaño con la importancia de los costes. Al fin y al cabo, un contrato único sí incrementaría la rotación laboral media del sistema. No es probable que lo hiciese tanto en los dos o tres primeros años, donde ya hay prácticamente libertad de despido vía contratación temporal, falsas prácticas y demás. Pero sí se lo pondría más sencillo a las empresas para despedir a aquellos trabajadores que no le resultan productivos y que llevan más años en la empresa. En realidad, no todos los casos de personas con mucho tiempo en su puesto se deben a la necesidad de confianza mutua antes descrita. En otras muchas situaciones, la compañía no despide efectivamente porque le resulta más barato mantener a un empleado aunque no sea la alternativa menos productiva porque despedirle es demasiado caro. En un mundo con contrato único esta barrera se vuelve mucho menor. El resultado sería algo así: algunos de los trabajadores que hoy son indefinidos serían despedidos más rápidamente (pongamos, a los seis, ocho, diez años), mientras otros que ahora encadenan contratos temporales llegarían más allá. Como cualquier medida, un contrato único también tiene costes redistributivos, en este caso en contra de quien posee unas habilidades que en un momento pueden estar muy valoradas por la empresa pero que son más susceptibles de volverse obsoletas en un futuro no demasiado lejano. Lo cual comprende a una porción muy significativa de los trabajadores. A partir de aquí, la propuesta de C’s en conjunto se vuelve más dudosa como solución final la precariedad.

Por cuestiones de naturaleza tecnológica, sectorial o de mayor competencia internacional, las empresas de hoy demandan más flexibilidad que las de ayer. La primera decisión política que cualquier gobierno debe tomar es si dársela o no. La segunda opción, que a ratos es lo que parece sugerirse desde Podemos así como desde ciertos sectores del PSOE, tiene ciertos costes tal vez difíciles de asumir: implica una vuelta al proteccionismo, en tanto que las compañías no podrían seguir el ritmo de competición o de cambio organizativo del resto del mundo, y lo que muchas veces se llama “reindustrialización”, sin añadir normalmente que sería “para los de casa”, porque exportar sin ser competitivo y flexible es bastante difícil (nótese que ni siquiera estoy hablando de salarios). En tanto que volver a 1958 no parece una gran alternativa, puede que incrementar drásticamente la rigidez de contratación y despido al conjunto de los trabajadores no generase más desempleo (es difícil tener más), pero asumiendo que la demanda de flexibilidad por parte de las empresas se mantiene, es probable que observásemos un mayor uso de figuras como el falso autónomo o incluso de la contratación en ‘negro’ o en ‘gris’.

Si se opta por la ruta de ofrecer flexibilidad a las empresas, que es la que la práctica totalidad de los países occidentales ha escogido en las últimas décadas, se abren tres nuevos caminos. La ‘barra libre’ o liberalización, siguiendo el modelo estadounidense; el buffet español, para escoger entre temporales e indefinidos; o la flexiseguridad, en la cual la rotación laboral es accesible pero el trabajador está protegido a lo largo de su ciclo vital. Si hemos decidido que nuestra alternativa, la segunda, ya no funciona, es hora de saltar a la primera o a la tercera.

España es un país con un altísimo paro estructural, con más de tres millones de personas que llevan al menos un año buscando un empleo. Nuestro nivel de fracaso escolar es considerable, además de tener estructuras relativamente deficientes tanto en la educación secundaria como en la superior. Cuando el sociólogo Javier Polavieja se preguntó por qué había tanta temporalidad en España, una parte de su respuesta fue que la alta disponibilidad de trabajadores en situación de paro estructural se combinaba con la regulación dual permitiendo a las empresas reemplazar (o amenazar de manera creíble con ello) a los empleados temporales con facilidad; si bien esto es más cierto a menos avanzado y específico sea el capital humano en manos del trabajador, debe tenerse en cuenta para no hacernos excesivas ilusiones con respecto al efecto mágico de un contrato único que no impide que muchos trabajadores sean casi una commodity: su eventual situación mejoraría con respecto a la actual, sí, pero no se tornaría en un camino de rosas por arte de magia.

Un modelo de contrato único indefinido ayudaría a los futuros ganadores del sistema actual: personas jóvenes con formación elevada y provenientes casi siempre de hogares de clase media en adelante. Muchos de ellos pueden estar en el paro ahora mismo, pero sus expectativas de renta en el largo plazo no son malas. Con un cambio en el modelo laboral su capacidad para competir en un mercado flexible brillaría más. También podría mejorar marginalmente la posición de los jóvenes sin formación, que al fin y al cabo están abocados ahora a encadenar contratos temporales y periodos de paro por el resto de sus vidas. Pero necesitan mucho más que eso para escapar a una situación que pueda definirse precaria. Como también lo necesitan aquellas personas que esperan que en algún momento de su vida su formación se vuelva obsoleta. Para todos ellos la precariedad solo acaba si España es más rica, tiene empresas que pueden crecer más, las oportunidades educativas llegan a todo el mundo por igual y en cualquier momento del ciclo vital, y la red de bienestar garantiza la ausencia de pobreza. Por el momento, España es un lugar con una renta per capita aún alejada de los países nórdicos, modelos de flexiseguridad por excelencia. El nivel de desigualdad no es menospreciable, sobre todo por culpa de lo bajas que son las rentas en cientos de miles, si no millones, de hogares. España, por último, posee una estructura productiva basada en las microempresas y con gran peso de actividades con escaso valor añadido, más por el modelo empresarial que por la rama en sí, incluyendo muchos sectores copados por compañías especializadas en aprovecharse de la regulación antes que en competir.

¿Se tiene en cuenta todo esto desde C’s? A mi entender, no lo suficiente. Desde luego, sus propuestas destacan en el frente liberalizador de mercados de productos y servicios (acabar con lo que se tilda a veces como “capitalismo de amiguetes”), así como en la intención de hacer que el tejido empresarial patrio deje de depender tanto de las PYMEs. Pero en el lado social las cosas están menos claras. Ciudadanos, por ejemplo, habla bien poco de los sindicatos. Es cierto que resulta difícil referirse a una entidad tan desprestigiada en España, pero no por ello es menos necesario. La última línea de defensa de los empleados frente a un desigual reparto de las rentas entre capital y trabajo es la organización para la negociación. Un complemento salarial como el que propone C’s puede ser un buen parche, pero desde luego no sustituye a unos sindicatos fuertes e inclusivos que puedan, al mismo tiempo, comprometerse a una moderación salarial uniforme y justamente repartida entre trabajadores de rentas altas y bajas cuando la economía lo necesita, y reclamar su parte del pastel cuando las cosas van bien. No es casualidad que países como Dinamarca gocen de tasas de sindicalización más elevadas que la mayoría de la OCDE. Es cierto que la pérdida de poder de los sindicatos no es patrimonio español, sino que se trata de una tendencia global, y que nosotros simplemente empezábamos con desventaja tras el franquismo. Sin embargo, la premisa de la necesidad de mantenerse organizados no ha cambiado. Algo en lo que he estado pensando más últimamente, sobre todo gracias a la aguda y pionera insistencia sobre el tema de Javier Viñarás en repetidas conversaciones, es en la ausencia casi total de ideas al respecto en el debate patrio. Por desgracia, C’s no es una excepción.

En el ámbito de las políticas activas de empleo las propuestas de C’s apuntan hacia los problemas correctos: primar la atención personalizada al desempleado, mejorar la formación, evaluar todas y cada una de las medidas propuestas para sacar las que no funcionen y potenciar las que sí. Pero tal vez lo hacen sin prever la munición suficiente. Un país con un elevado nivel de paro de larga duración relacionado con falta de formación de los jóvenes requiere de planes muy ambiciosos, demanda reorientar muchos recursos hacia las partidas de gasto correspondientes. Pese a que en los textos de C’s hay referencias a “incrementar la inversión en políticas de formación”, estamos hablando de un aumento sustancial y prioritario: si ahora estamos en un 0.8% o 0.9% del PIB, sería deseable (al menos hasta que resolvamos el problema acuciante del paro estructural) estar por encima de la media de la OCDE. En general, cabe decir que su propuesta educativa tiene tanto aspectos interesantes como agujeros, expuestos aquí por Lucas Gortázar y Octavio Medina.

Otro aspecto preocupante es el hecho de que mejorar las transferencias directas a desempleados no sea una prioridad absoluta. La tasa de cobertura de nuestro sistema de prestaciones está solo un poco por encima del 50%. Sin embargo, aquí el puzzle es más complejo: nuestro sistema dista de ser perfecto, pero sobre el papel no es radicalmente distinto del de otros países avanzados. El problema es que tenemos a muchas más personas en paro. En torno a un 2.3% de nuestro PIB corresponde a los gastos en esta partida. Finlandia, con una cobertura del 100% de los desempleados y tasas similares en duración del seguro y porción del salario cubierta, gasta un 2% de su PIB. Para cubrir a todos los parados como lo hacen los finlandeses tendríamos que destinar una cantidad de nuestra renta difícilmente asumible. En cualquier caso, no es sencillo ver cómo la propuesta de reforma fiscal de C’s, que según ellos mismos “supone una disminución de la recaudación por IRPF de 4.350 millones de euros respecto a la situación prevista para 2016”, podría financiar un giro hacia la universalización de nuestra red de bienestar. Menos aún en el contexto actual, con un déficit a reducir y la necesidad de escoger entre más presión fiscal o menos gasto para ello.

En definitiva, la fuerte restricción presupuestaria que sufre España pone en aprietos cualquier intento de resolver esa otra pata de la precariedad, la que no se arreglaría solo con un contrato único. Resulta inútil echar las culpas a ese hombre de paja que es la austeridad: la realidad es que debemos dinero, tenemos el PIB que tenemos y una perspectiva de crecimiento no muy esperanzadora en el medio plazo. Lo que tal vez no resulta tan inútil es retomar una conversación que empezamos a tener cuando estalló la crisis de la deuda europea a principios de 2010 y que dejamos a medias hará un par de años: la integración fiscal y política europea. Un intercambio tal que así: transferencias de países ricos a menos ricos a cambio de que estos últimos realicen las reformas estructurales necesarias en el lado de la oferta, eliminando barreras regulatorias a la competencia y dando agilidad a las empresas. Por desgracia, las raíces políticas de la crisis europea han cambiado poco desde que comenzó, pero la atención de los partidos al problema de fondo de la gobernanza de la Unión es considerablemente menor. A pesar de ello, entonces como ahora medidas como empezar a construir un seguro europeo de desempleo sí harían posible que Ciudadanos, Podemos o cualquier otro partido que lo desease se dirigiera a los trabajadores de este país para decirles, con confianza: os traemos flexibilidad, sí, pero a cambio vamos a acabar con la precariedad de una vez por todas.

*Hasta donde sé la propuesta de C’s no especifica este extremo, pero es lo suficientemente de cajón como para darlo por asumido.

Aclaración: en una versión anterior de este artículo se daba a entender que la descripción de la propuesta de Ciudadanos hecha por Ramón Espinar era fiel a la realidad, especialmente en la inclusión de unas subvenciones a la contratación indefinida que aunque sí están en la web del partido no parecen corresponder con el programa actual. La versión actual ya no da por sentado tal hecho y no hay referencia, por tanto, a las subvenciones, en tanto que no forman parte de la propuesta de C’s.