No me ha sorprendido demasiado que los informes del FMI y la Comisión Europea sobre el incumplimiento de los objetivos de déficit fiscal en los presupuestos del año que viene hayan sido recibidos con cierta indiferencia. La austeridad tiene muy mala prensa estos días (por buenos motivos), y ningún partido de la oposición quiere adelantar por la derecha al gobierno del PP en este aspecto. Es una muestra clara de algo que comentaba hace unos meses: ningún político está a favor de la austeridad. Los líderes en una democracia sólo acometen ajustes fiscales o bien cuando no tienen más remedio o bien cuando alguien les obliga desde fuera.

Aun así, el hecho que un gobierno que ha hecho de la moderación, responsabilidad y sensatez  su principal argumento electoral esté vulnerando los compromisos internacionales del país en materia fiscal descaradamente antes de las elecciones merece más atención de la que está recibiendo. Especialmente porque es difícil tomarse en serio las advertencias sobre el peligroso populismo y gasto descontrolado de la izquierda cuando el PP está recurriendo a la palanca fiscal con todo el descaro del mundo en un año electoral, intentando empujar la economía tanto como sea posible antes de ir a las urnas.Lo hace, además, a golpe de recorte de impuestos, pagas extras a funcionarios y gasto público a quien menos lo necesita. Este es precisamente la clase de comportamientos que Rajoy denuncia sin cesar, y ahí lo tenemos, gastando más de lo que había prometido a Europa.

La ironía, por supuesto, es que es muy probable que este gasto público adicional sea la política fiscal correcta. La economía española, tras años de crisis, finalmente parece estar empezando a tomar velocidad; clavar los frenos ahora podría ahogar la recuperación antes de que empezara.

También vale la pena mencionar que el gobierno no tiene casi nada que ver con los principales factores detrás de la recuperación (petróleo bajo,  depreciación del euro y tipos de interés bajos); el PP ha dejado casi todas las reformas estructurales a medias. La única excepción fue la demolición de las cajas de ahorros, y sólo lo hizo obligado desde Bruselas. Aunque Rajoy saque pecho, al previsión del FMI sigue colocando la tasa del paro en un espantoso 16% en el 2020, una muestra obvia y evidente que los problemas de fondo de la economía siguen sin arreglarse. La próxima crisis pillará al país igual de vulnerable y despistado que en el 2007, y volveremos todos a exclamarnos sobre cómo es posible que cuando hay recesión el paro se nos dispara por encima del 20%. Seguiremos siendo la anomalía de siempre, porque habremos vuelto a salir de una crisis sin cambiar nada de fondo.

De forma más significativa, la respuesta europea las persistentes desviaciones presupuestarias de España se ha quedado siempre en una reprimenda, pero sin programas de ajuste forzosos. En esto, nuestra ventaja es el tamaño; la troika puede meter en la picadora a Portugal, Irlanda o Grecia porque no tienen apenas poder de negociación. España o Italia, sin embargo, realmente harían mucho daño si en una crisis su solvencia se viera en cuestión (que es lo que nos pasó el 2012, cuando Bankia voló por los aires); la mera mención de un impago haría un daño atroz al sistema financiero europeo. Eso ha permitido a Rajoy pedir y conseguir un rescate con condiciones relativamente favorables, y además tener la jeta de incumplir lo prometido sin que nadie pueda decirle gran cosa.

Dicho en otras palabras, Rajoy representa la pesadilla de los alemanes de una forma mucho más real que cualquier político griego. Cuando Grecia debe ser rescatada, los países del norte de Europa lo ven como un problema manejable. Grecia no puede romper sus promesas sin destruir su economía, pero su caída no es vista ya como un riesgo sistémico para la eurozona. España, sin embargo, es una bestia completamente distinta, al ser suficiente grande como para poder detonar el euro. Hacer algo así sería obviamente un suicidio para el político español que metiera al país en ese desastre, pero el hecho que sus amenazas sean creíbles reduce considerablemente su apetito por la disciplina fiscal estricta.

La insistencia alemana en reglas fiscales y presupuestos equilibrados a lo largo del ciclo no es por capricho. Todos los políticos tienen poderosos incentivos para gastar más de lo que deberían como mínimo una vez cada cuatro años. En un mundo de estados soberanos y monedas separadas, las consecuencias de esta irresponsabilidad ocasional acostumbra a recaer en el líder irresponsable (en forma de devaluaciones, inflación o ajustes presupuestarios) si gana las elecciones o en su pobre oponente si las pierde («herencia recibida»), pero sus efectos no van más allá de la frontera. En la eurozona, sin embargo, cuando un país gasta lo que no tiene hasta el punto de meterse en una crisis fiscal seria (o en nuestro caso, cargarnos el sistema financiero) la factura del ajuste recae no sólo en quien se ha pasado de frenada, sino también en sus vecinos que tienen que rescatarle. En el caso griego, irlandés o portugués, este rescate es obvio y notorio; en el caso español o italiano, el «rescate» consiste en tener que financiar déficit, les guste o no.

No es un equilibrio cómodo – la eurozona va a tener que acostumbrarse a vivir con él durante años, mientras crea reglas para evitar que siempre paguen los mismos. Lo curioso, visto desde esta perspectiva, es que son los políticos del sur los que no tienen incentivos para llegar a acuerdos, no los del norte. Si os preguntáis por qué Italia, Francia y España dejaron a la estacada a los griegos hace unos meses, este es uno de los motivos.