Puerto Rico tiene un problema. La isla, formalmente estado asociado a Estados Unidos, vive metida en una crisis fiscal gigantesca y una montaña de deudas impagables. La economía lleva años en recesión, ahogada por años de contracción fiscal, perdida de población y gobiernos incompetentes. Debida a su peculiar situación institucional (es básicamente una colonia), sin embargo, sus dirigentes no tienen una política monetaria, viven bajo regulaciones federales que limitan sus opciones y no pueden declararse en bancarrota.

Aunque todo esto sonará como una repetición de la catástrofe griega en la eurozona, lo cierto es que no hablamos de dos casos estrictamente comparables. Para empezar, la deuda pública de Puerto Rico parece más manejable: el territorio debe $72.000 millones de dólares, algo menos de un 70% del PIB. Grecia anda por el 175%. A diferencia de lo que sucede dentro de la UE, Puerto Rico recibe una cantidad considerable de transferencias y garantías desde el gobierno federal americano. Los depósitos bancarios están asegurados por la FDIC, por ejemplo; la seguridad social viene de la caja única en Washington (y puede que la utilicen demasiado), y programas de salud como medicaid o medicare reciben fondos federales. Por añadido, la isla participa de una área económica gigantesca que lleva años creciendo a buen ritmo.

Estos tres puntos deberían hacer que el problema de Puerto Rico tuviera una solución más sencilla que la crisis griega, pero tristemente, este no es el caso. La isla, en el sentido estricto, no es un lugar pobre; su PIB por cápita ronda los $32.000, es decir, más o menos el mismo que España. El problema, sin embargo, es que su economía y muchas de sus leyes están ligadas a un país con una PIB por cápita de $54.000, dificultando enormemente el trabajo de sus gobernantes.

El ejemplo más citado es el salario mínimo; Puerto Rico comparte el nivel federal de $7,25 la hora. En Estados Unidos, esta cifra te deja por debajo del umbral de la pobreza. En Puerto Rico, esos $1.200 al mes es un número suficiente alto como para destruir empleo (igual que sucedería en España). Aparte de este problema, Una porción considerable de la política fiscal es decidida en Washington, incluyendo quién paga la factura en muchos programas sociales, o sus condiciones de acceso. El Congreso tiene una afición desmedida de crear incentivos fiscales que después retira sin avisar, produciendo éxodos de empresas. Empeorando las cosas, los bonos de deuda boricua no pagan impuestos sobre sus intereses, así que son muy atractivos como inversión, creando incentivos para emitir aún más deuda. De todas las chapuzas legislativas, mi favorita es la Jones Act, una ley de 1920 que prohíbe a navíos que no lleven la bandera estadounidense llevar carga entre dos puertos del país. Esto tiene un efecto mínimo en el resto de Estados Unidos, que al fin y al cabo utiliza el transporte marítimo para importar y exportar, pero es un incordio importante para Puerto Rico, que sólo puede utilizar un número limitado de (caros) mercantes para exportar al resto del país, haciendo que su industria sea mucho menos competitiva (Hawaii, por cierto, se queja a menudo de esta ley).

Todos estos problemas, sin embargo, palidecen comparados con la emigración. La isla tenía 3.725.000 habitantes en el 2010; en el 2014 población había caído a 3.540.000. Puerto Rico está perdiendo unos 50.000 habitantes al año, y estos emigrantes son casi sin excepción jóvenes, educados y en edad de trabajar – es decir, gente que paga impuestos. La tasa de población activa es un abismal 39% (como referencia, Estados Unidos está en el 63%, España 59%); el efecto fiscal de la pérdida de población es abrumador.

El resultado de todo esto es que Puerto Rico, a pesar de vivir en un «mundo» mucho más federal y protegido que Grecia, tiene una crisis fiscal casi igual de intratable, y legalmente no puede declarar una bancarrota, al no ser un estado soberano. Y dado que un impago de su deuda tendría consecuencias minúsculas para Estados Unidos, el sector bancario ya está federalizado y el Congreso pasa de todo, a la isla no hay quien la rescate.

La consecuencia tangible de todo esto es este plan, presentado ayer, salido de una comisión fiscal nombrada por el gobernador para sacar a Puerto Rico del atolladero. Es un documento francamente tremendo, que viene a ser lo que le sucede a un país cuando combina una crisis fiscal horrible y emigración.

Empecemos por lo básico: Puerto Rico va a dejar de pagar su deuda. No puede declarar una bancarrota, pero da igual; los acreedores pueden ir al juzgado a litigar todo lo que quieran que no verán un duro ni a corto ni a medio plazo. Puerto Rico casi seguro perderá en los tribunales, pero ese es un problema para dentro de diez años, si los bancos tienen suerte. El gobernador está apostando que dado que la deuda de la isla en el mercado secundario anda por los suelos, la mayoría andará ya en manos de fondos buitre que la habrán comprado por cuatro perras, y se conformarán con cobrar seis tarde o temprano. Es una decisión arriesgada, y más para un territorio que no es un estado soberano (Puerto Rico no puede hacer como Argentina y enviar sus acreedores a la mierda repetidamente), pero responde a la simple realidad de no poder pagar lo que deben ahora – la isla se quedaba sin liquidez a finales de este año.

Asociada a la bancarrota, sin embargo, viene inevitablemente la austeridad. La Commonwealth (el título oficial legal de la isla) lleva años torturándose con subidas de impuestos y recortes de gasto, con los resultados previsibles. Con el impago de deuda Puerto Rico perderá completamente el acceso a los mercados, así que deberá equilibrar su presupuesto a la tremenda, gastando sólo lo que ingresa. Esto se traduce en una nueva batería de impuestos, empezando por la implantación del IVA (primero en Estados Unidos, si no estoy equivocado) y la creación de un nuevo impuesto sobre empresas que substituya el actual, tan torticero como ineficiente y que dependía de la buena voluntad del Congreso.

Acompañando estas medidas, tenemos un montón de recortes de gasto. Algunos sonarán familiares a los observadores de las reformas griegas (esas que nunca llegan), como «aumentos en la eficiencia» y «reducción de costes operativos», otros consisten en «hacer un Rajoy» pasando los recortes a otras administraciones (en el caso de Puerto Rico, reduciendo transferencias a los municipios), o recortando las pensiones a funcionarios (profesores, en este caso). Los dos capítulos más importantes, sin embargo, son sanidad y educación, o dicho en otras palabras, viejos y jóvenes.

Os sonará familiar: el gasto en educación es inversión, favorece el crecimiento futuro y lo recibe gente que no vota. El gasto en sanidad va a jubilados que votan mucho. La mayoría de los recortes han caído obviamente en el primer grupo.

Más allá de las medidas estrictamente fiscales, el plan incluye una batería de reformas estructurales (con una reforma laboral que eliminará cosas como las indemnizaciones por despido y paga extra de Navidad. Sí, Puerto Rico tiene un mercado laboral a la española), un crédito fiscal al trabajo (parecido a la propuesta de Ciudadanos) y reducción de papeleo para crear empresas y conseguir permisos de obra. La mayoría son buenas ideas, pero no son especialmente ambiciosas; el grueso de las reformas de calado desgraciadamente están en manos del gobierno federal. El plan incluye una deprimentemente larga lista de peticiones para que dar algo más de flexibilidad a los dirigentes de la Commonwealth, incluyendo poder declararse en bancarrota, más dinero para medicare y medicaid, exenciones fiscales y librarse del salario mínimo.

En agregado todas estas medidas son probablemente regresivas, aunque es difícil decir exactamente hasta qué punto. El IVA no es un impuesto particularmente progresivo, pero es mucho mejor que el impuesto sobre ventas que substituye, ya que incluye transacciones entre empresas. El mercado laboral es tan épicamente disfuncional que cualquier cosa que sea crear más empleo ayudará. Los recortes en educación van a recaer sobre todo en universidad (un gasto regresivo), y son menos dramáticos de lo que parece, dada la brutal caída del número de niños en el sistema (un 41% desde 1980).  Los cambios en los impuestos de sociedades son siempre complicados de analizar.

La pregunta, en todo caso, es si todas estas medidas bastarán por solucionar los problemas de la isla. La respuesta, me temo, es negativa. La única forma de salir del agujero fiscal es tener más contribuyentes, y la única forma de dejar de perderlos es que la economía vuelva a crecer. La contracción fiscal (forzosa) no va a generar crecimiento, y las reformas estructurales son insuficientes para generarlo a corto plazo, especialmente sin la colaboración del gobierno federal. En el mejor de los casos, el plan quizás alargue la supervivencia fiscal de Puerto Rico unos cuantos años, pero no romperá el ciclo vicioso en que está metida la isla.

Se me ocurren tres posibles soluciones a medio/largo plazo, pero ninguna creo que es viable políticamente ahora mismo. La primera, obviamente, es un rescate financiero del gobierno federal. El Congreso republicano nunca lo aprobará, así que no lo veremos. La segunda sería abandonar el dólar y devaluar la moneda, volviendo a la peseta. Dejando de lado el hecho que ver un estado salir del dólar antes que un país salir del euro sería bien divertido, esto se mezclaría con el debate sobre la independencia (que sería tóxico) y es logísticamente muy complicado. La tercera opción sería pasar a ser un estado dentro de Estados Unidos a tiempo completo, y poder recibir todo el paquete de transferencias fiscales federales, en vez del goteo aleatorio actual. Puerto Rico pasaría a ser un estado parecido a West Virginia o Mississippi,  pobre y eternamente subvencionado, pero sostenible gracias al dinero de Washington. El problema es que la incorporación de Puerto Rico implicaría la entrada de dos senadores demócratas, casi seguro, en el Congreso, y ahora mismo dificultaría mucho la adhesión. Por no decir que dar este paso es casi igual o más tóxico que una secesión completa en el debate político en la isla, así que imaginad.

En fin, es una situación difícil; complicada de veras. A medio/largo plazo el colapso económico acabará por abaratar los precios en Puerto Rico (ahora mismo es un sitio carísimo donde vivir), haciendo que sea atractiva de nuevo. Eso, sin embargo, va a requerir años de deflación (¿os suena?) y sufrimiento económico, ya que las soluciones sencillas no son viables políticamente. En esto, me temo, si que Puerto Rico se parece a Grecia.

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Por supuesto, siempre queda la última opción, la más resolutiva: Puerto Rico puede integrarse en un país con un PIB por cápita similar, instituciones similares, un mercado laboral igual de demente y lengua y cultura parecidas. Es decir, convertirse en una comunidad autónoma española, recuperando su estatus de 1897.

Sí, esta última es broma.

Creo.