El problema de la corrupción trasciende, en su dimensión y soluciones, el diseño de nuestras instituciones. Por supuesto que mejorar la democracia interna de los partidos o el funcionamiento del poder judicial redundaría en una mayor calidad de las condiciones en que se desarrolla nuestra vida colectiva. Pero la tesis que defiendo en este artículo es que ese terreno común de las reformas institucionales, sobre las que el consenso académico es bastante generalizado (aunque haya incluso posibilidades de empeorar o de ir en la dirección equivocada) no es suficiente para superar el actual estado de cosas. Y por supuesto que no sirve cualquier reforma institucional. Desde mi punto de vista, nuestro “estilo de corrupción” muestra unas peculiaridades que, de ser ignoradas, harán vanos muchos intentos de reforma institucional.
Son dos al menos los hechos diferenciales que complican la solución institucional a nuestros problemas de corrupción. El primero puede explicarse a través de una reinterpretación de un trabajo de Jean Tirole, premio Nobel de Economía 2014, y sobre el que ya elaboré aquí. El punto de partida nos puede resultar familiar: los votantes sabemos que existen políticos corruptos y en un número lo suficientemente elevado como para contaminar a todos sus compañeros de viaje. Como es bastante difícil distinguir (a priori) al corrupto del honesto, los metemos a todos en el mismo saco y como ciudadanos no les ofrecemos mucho: sueldos bajos (comparen el del Presidente del Gobierno con cualquier directivo medio en una empresa) y escasa valoración social.
En ese contexto, los políticos no tienen incentivos a mantener un historial de honestidad impoluto pues saben que los ciudadanos, en un ambiente generalizado de descrédito de la política e incertidumbre, no van a ser capaces de valorarlo. Distinguirse como honrado no es la mejor estrategia para un político racional al que le resulta más fácil sacar partido de la mala fama de los demás (del “y tú más”), del agotamiento de ideas originales (con el consiguiente desplazamiento al populismo) o del voto de castigo. Y esto no solo afecta a los de la casta sino también a los recién llegados, que de una forma u otra se ven contagiados por esa escasa disposición a mostrar historiales de honestidad.
La sociedad se precipita entonces hacia un equilibrio de elevada corrupción, en el que las reformas institucionales no tienen la suficiente fuerza para revertir un historial de desengaños y convirtiendo al ciudadano en un escéptico que se consuela con votar al que ya conoce en sus debilidades, al que le facilita un historial no muy limpio pero conocido. Podríamos explicar así incluso una parte del voto que reelige a gobiernos implicados en corruptelas generalizadas: es una manera especial de gestionar la incertidumbre. De forma complementaria, el escepticismo ciudadano también puede fluir a través de una menor participación electoral, como se acreditó aquí. O alimentando un buen caldo de cultivo para la manipulación mediática del desengaño de muchos ciudadanos.
El segundo límite a las reformas institucionales en nuestro país tiene un sustrato social más intenso si cabe. Por exponerlo de forma gráfica: ¿cuántos de nuestros conocidos se escandalizan por la corrupción política cuando, al mismo tiempo, son bastante condescendientes con el fraude fiscal (propio o ajeno)? Con otras palabras: corrupción y fraude fiscal son dos caras de la misma moneda. Los individuos no tomamos decisiones aisladas del entorno social y en este caso los comportamientos de políticos y ciudadanos son complementarios. Miren datos sobre economía sumergida y percepción de la corrupción y verán cómo van de la mano. Aunque la relación no suele ser directa sino instrumentada a través de servicios públicos de baja calidad, es decir, el ciudadano siente que es legítimo evadir impuestos con políticos corruptos que no le facilitan, por ejemplo, una educación de calidad. En este sentido, la disponibilidad de información sobre costes y calidades de los servicios públicos ayudaría a depurar la sucia connivencia de fraude y corrupción.
Este fracaso clamoroso de las normas sociales no puede corregirse sin más con reformas institucionales. Las tradicionales políticas de lucha contra el fraude (elevar la probabilidad de ser investigado, multas más altas) pierden eficacia en este contexto. Por el contrario, hay ejemplos exitosos de cómo valores sociales y culturales ampliamente aceptados cristalizan en instituciones alineadas con el bienestar social. En Noruega, por ejemplo, las declaraciones de impuestos de personas físicas y jurídicas se pueden consultar libremente en Internet; el Estado de California publica una lista con los 500 mayores evasores fiscales cazados. Todo eso procede de, y al mismo tiempo antecede a, una lucha institucional contra el fraude fuertemente enraizada en la sociedad. En rigor, no se sabe con certeza qué fue antes, si el huevo (los valores sociales) o la gallina (las instituciones). Incluso para casos en apariencia bastante nítidos la evidencia no es contundente, aunque la literatura experimental parece conceder un papel primario a los valores sociales. Hay un evidente problema de endogeneidad con el que resulta inevitable convivir.
A modo de conclusión, creo que las operaciones de ingeniería institucional ilustrada que no sean conscientes de esos otros factores (digamos, ambientales) nacen muy limitadas. Es una perogrullada pero las reformas institucionales son condición necesaria aunque no suficiente para el éxito en la lucha contra la corrupción. Nada más lejos de mi intención que caer en un pesimista determinismo histórico o cultural pero sí poner encima de la mesa que estos factores importan, y no poco.
Me gusta este análisis. Tal vez por eso no tengo nada que objetar.
La primera parte del artículo me parece muy buena: es muy difícil «vender» honradez al votante medio, que carece de herramientas para saber si la mujer del César es honrada o solo lo parece… pero la segunda no, la segunda es otra repetición del típico «el problema de España es que está llena de españoles», que se compagina mal con datos como el de que la economía sumergida, un indicador evidente de fraude fiscal, es de un tamaño sorprendentemente similar en España (22%) y en Suecia o Noruega (19% en ambos casos), mientras que es mucho más bajo en Estados Unidos o en Suiza (8%), y resulta que en la estricta Alemania es un poquito más elevado que en la relajada Francia (15%)…
Fuente: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3928/WPS5356.pdf?sequence=1
Gracias Alatriste. El tema de la economía sumergida no debe mirarse como una comparación de niveles sin más sino que puede estar mediatizada por muchos factores. En su impacto sobre la corrupción importa mucho cómo/cuánto gasta el gobierno.
Estoy de acuerdo con Alatriste. El primero de los puntos es interesante, al enfocar el asunto desde un prisma de incentivos (aunque no deje de basarse en mera opinión). El segundo punto que se destaca en el artículo es una vuelta a argumentos de calle del estilo «España es África», «los españoles somos así», etc. Recurrir a supuesta ‘picaresca idiosincrática’ de los españoles nos conduce al camino de la aceptación de la situación, el acomodo y a la inactividad.
Realmente creo que algunos de los comentaristas anteriores se equivocan. El post no creo que trate de culturalismo y de «Los españoles somos así» sino de aceptar que existe algún tipo de equilibrio entre normas (cultura) e instituciones (reglas). Este equilibrio se crea a través de un proceso histórico y desde luego es mutable aunque tiene un grado de permanencia considerable. Esto quiere decir frente al fatalismo y el voluntarismo que el cambio siendo posible es difícil de conseguir y seguramente sólo será posible de forma lenta y progresiva.
En primer lugar porque muchos agentes no van a tener incentivos para realizar cambios institucionales (nuevas reglas) y en segundo porque los propios hábitos arraigados e internalizados conllevan mucha inercia. Recientemente Fernández Villaverde escribió un post con temática similar (http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/y-si-la-culpa-es-de-los-espanoles-y-no-de-nuestros-politicos) donde incide en lo mismo. Hay una doble causalidad (como entre la oferta y la demanda) y un punto de equilibrio.
Por lo demás hay evidencia disponible de que existen diferencias culturales entre países (http://scholar.harvard.edu/alesina/publications/culture-And-Institutions: el distinto grado de confianza generalizada, el grado de individualismo, la importancia de los lazos familiares…) que pueden afectar al bienestar de una sociedad como cualquiera que tenga ojos y haya viajado puede apreciar.
Un saludo
Extraño artículo, que no se sabe qué defiende. ¿Que en España hay economía sumergida? ¿Que está tan extendida que no despierta reproche? Vale, gracias, pero esto ¿no es inevitable? Si todos los comerciantes defraudan a hacienda, quien pague todo lo que le corresponde irá a la quiebra, luego defraudar es obligado y por tanto, no condenable moralmente.
Mas que tautologías, necesitamos propuestas. España no es la primera entidad en la historia que precisa un cambio cultural, y los expertos en procesos de mejora empresarial lo tienen bastante claro: la escalera se empieza a barrer por arriba. De otra forma no existe el imprescindible liderazgo.
Para quebrar en lo posible esa percepción de corrupción generalizada en los políticos que desincentiva la exigencia de honradez por parte de los votantes sí que hay una herramienta difícil de implementar pero importante: la información transparente, la dación constante y automática de cuentas en los asuntos (si no todos, sí la mayoría) que involucran contratos y dinero. La resistencia numantina que tienen los ocupantes de cargos a todo lo que sea facilitar estos datos y la y la legislación de pura farsa que existe al respecto, son (creo) un buen argumento para defender esto.
Hay seguramente otro motivo para esa resistencia y es la secular actitud española de comportarnos, de uno y otro lado, como súbditos y autoridad en lugar de como ciudadanos y administradores, respectivamente. Pero también esa actitud de sumisión y no exigencia tiene que ver con el nivel de corrupción tolerado
Gracias Aloe. Es muy oportuno lo que dices sobre la importancia de la información (asimétrica). Realizando una extensión arriesgada de este tema de la informadión sobre las amnistías fiscales: éstas rompen todo un historial al hacer borrón y cuenta nueva. En equilibrios con baja corrupción sus consecuencias son demoledoras, aunque estos países no suelen utilizarlas tanto como los mediterráneos. Pero en equilibrios de elevada corrupción apenas importan porque, de entrada, ese historial de buen (o mal) comportamiento político y ciudadano no existe a efectos de ayudarnos con decisiones colectivas.
Información… ¿como la que Grecia suministró para entrar en el euro?.
Yo abogo por control y medidas coercitivas, en la línea fascista, como lo calificarían muchos salvapatrias de izquierdas (como Mao o Stalin, que eran de izquierdas).
El control únicamente no sirve – a la vista está -, sino que hay que pisar cabezas.
En mi opinión el tema es tan extenso como la propia sociedad, pues a fin de cuentas a ésta la constituyen instituciones formadas por individuos y en última instancia quienes toman decisiones son estos. Un buen entramado institucional es una garantía, pero esa garantía se verá reforzada si quien ha de actuar de juez, tribunal, o tomar la decisión del tipo que sea es una persona íntegra.
Por supuesto que es relevante que funcione la división de poderes, como es relevante que otros contrapesos institucionales funcionen con autonomía, pero difícilmente eso se conseguirá si no hay valores compartidos (asumidos muy mayoritariamente) o si esos valores no están muy claros.
Y en nuestro país eso no hemos sabido hacerlo o hacerlo lo suficientemente bien. La Constitución no ha estado presente como materia de estudio en la escuela en las últimas décadas. Pero más allá de ella el propio sistema escolar ha dejado de promover un criterio como el mérito.
Sería por ejemplo muy ilustrativo realizar un estudio a fondo entre los estudiantes de medias y universitarios para conocer sus posiciones en relación con el copiado en los exámenes o cualquier otra maniobra para alterar la nota: enchufe, etc. Mi percepción personal es que la ética estudiantil no está en alza.
Hablar de corrupción implica hablar de una ética de lo común y esa se consigue cuando el entramado institucional desalienta el incumplimiento, pero sin olvidar que todo el sistema está compuesto de personas y que de éstas dependerá en última instancia su buen o mal funcionamiento.
¡Uy cuánto tiempo sin pasarme por este blog!
https://www.youtube.com/watch?v=noblQAR9UVo