El sábado pasado el CJE me invitó a participar en una jornada de trabajo sobre el Programa de Garantía Juvenil. Además, el lunes participé en un debate sobre (des)empleo juvenil en España, en el Centro de Innovación BBVA con miembros de CC/Europa, Passim, Principios, AIESEC, la Red Floridablancao el propio Consejo de la Juventud. Aprovecho ambos eventos para reunir una serie de notas e ideas que tenía por ahí desperdigadas, con objeto de empezar a trabajar en una serie de propuestas encaminadas a luchar de verdad contra la precariedad laboral entre los jóvenes. En esta primera parte me centraré en comentar cuál es para mí el problema central y cómo intentamos abordarlo.

El problema y sus dos caras

Que España no tiene un problema específico de paro juvenil es algo que se oye y lee a menudo dentro de círculos más o menos académicos, pero no tanto fuera de ellos. Pero España sí tiene un problema específico de paro estructural, con tasas muy elevadas incluso en nuestros mejores años, y por descontado que lo tiene de precariedad. La situación laboral de los jóvenes en nuestro país es particularmente mala incluso cuando descontamos el efecto agregado del elevadísimo paro estructural: más de 840.000 menores de 25 no estudian ni trabajan, cifra que se eleva a 1.2 millones si tenemos en cuenta a la población hasta 29 años. Un tercio de los españoles de entre 25 y 34 años tienen educación secundaria o menor. Más de medio millón de jóvenes de 16 y 25 no solo no estudian ni trabajan, sino que además no disponen de formación media ni superior. Y la solución no está ni se le espera: como subraya aquí Florentino Felgueroso, sólo el 8%-10% de los ni-nis de nivel educativo bajo suelen pasar trimestre a trimestre hacia el empleo o hacia una formación reglada.

Resulta llamativo el contraste entre el vértigo que producen estas cifras y aquello que domina (con honrosas excepciones) el debate público a la hora de hablar de la «generación perdida»: hablamos casi siempre de «exiliados», de «fuga de cerebros», de emigración cualificada en definitiva. O también de esos jóvenes ultra-preparados que no encuentran trabajos de acuerdo con sus expectativas. Pero esta es solo una cara del problema. La otra son ese millón y pico de españoles que ni siquiera se ha podido plantear irse de España a buscarse la vida en Londres o en Hamburgo.

El plan actual

Fue con un énfasis especial en este segundo grupo que se creó el conocido como Programa de Garantía Juvenil. No entraré en las dinámicas que llevaron al modelo final, en la diferencia entre lo que sus impulsores pretendían y lo que al final se obtuvo, pues se trata de una situación típica en una entidad como la UE que a veces se pretende supranacional sin serlo. El objetivo explícito del plan final era y es que todo menor de 25 años (ampliado a 30 después) disponga de un contrato a los cuatro meses de haber terminado su formación o haber salido de su último contrato. O, al menos, esté «activado» de alguna manera: esencialmente, estudiando. Para ello, hay designados 1.887 millones de euros para España, país prioritario dentro de la estrategia europea. Sin embargo, los resultados por el momento son un tanto desalentadores.

Hasta finales de abril de este año, no más de 55.000 personas de, digamos, 845.500 potenciales suscriptores se había registrado para recibir las ayudas previstas por el Plan de Garantía Juvenil. Dichas ayudas requieren de la participación de una empresa contratante, y se resumen en los siguientes puntos:

1. Bonificación de 300 euros durante seis meses para contratos indefinidos que duren al menos ese tiempo.

2. Contratos en prácticas y de formación bonificados en un 75% (empresas de hasta 250 trabajadores) – 100% (más de 250) en sus cuotas a la seguridad social. Especialmente, se bonifica la contratación a tiempo parcial compatible con formación en idiomas, TICs, oficial o acreditable por los servicios públicos de empleo.

En principio, la Garantía Juvenil incluye también (al menos nominalmente) a programas de políticas activas de entidades locales y autonómicas, pero de una manera tan caótica y asimétrica, poco coordinada, que es imposible no solo seguirles la pista, sino entender siquiera si van a financiarse completamente con el fondo inicial o no. Así que dentro de la estructura puramente estatal solo nos encontramos con estas bonificaciones y nuevos contratos, que se enmarca en un catálogo algo menos específico con ideas para fomentar el «emprendimiento» y promesas de mayor utilización de la formación básica y profesional.

Las bonificaciones son instrumentos con efectos poco claros según la literatura. Aunque nadie las descarta de plano como sí sucede con la creación directa de empleo con dinero público, sabemos que funcionan relativamente mejor cuando se asocian con formación y contratos indefinidos, dos aspectos tenidos en cuenta en las medidas aprobadas. Sin embargo, esta formación debe ser relevante para la empresa, que va a invertir tiempo y dinero en un nuevo trabajador. La empresa va a ser más proclive a invertir grandes cantidades de ambos recursos cuando el empleado adquiere una serie de habilidades específicas, no generales. Es decir: formación de especial utilidad para el sector o incluso la compañía en concreto, que no puede encontrar en el mercado. No parece que las referidas en el Programa cumplan este requisito, precisamente. Por otro lado, la asociación del primer tipo de subvención con el contrato indefinido tiene un fin temprano y abrupto, de manera que la probabilidad de permanencia disminuye.

Respecto al fomento del emprendimiento la ya citada Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye de todo, desde «potenciar los espacios de co-working» hasta estudiar la viabilidad de permisos de residencia para extranjeros que vengan a emprender. Pero, en tanto que se trata de una Estrategia, pocas bajan al terreno de lo concreto, tal vez con la salvedad de las medidas aplicadas en 2013: «tarifa plana» de 50 euros los primeros seis meses de cotización como autónomo, capitalización del 100% del desempleo a percibir y compatibilidad entre prestación por desempleo e inicio de una actividad propia, además de asegurar la reanudación de su cobro en caso de interrupción por cinco años en lugar de dos.

Comparto la valoración positiva que Conde-Ruiz, Jansen y compañía hacen en el artículo enlazado del fomento del emprender. Pero también me da miedo que se espere que esto va a solucionar nuestros problemas de paro y de precariedad. Es sencillamente imposible poner a todos los jóvenes parados y precarios asumir los riesgos asociados con montar una empresa. No solo eso. En tanto que dichos riesgos son ineludibles, hemos de comprender, como bien apuntó María Ramos en la mesa del lunes pasado, que no todos los jóvenes están en disposición de enfrentarlos de igual manera. Si fiamos tanto al emprendimiento muchos, y sobre todo los más desfavorecidos, se nos van a quedar atrás.

Las políticas activas ¿empiezan a cambiar?

En un marco más general, vale la pena comentar que la reforma de las políticas activas ha introducido ciertos aspectos de control sobre la formación y los servicios públicos de empleo que eran y son muy necesarios. Como dije el lunes en la mesa, preguntémonos por qué cuando la mayoría de jóvenes de este país (sobre todo los más formados) se plantean buscar un trabajo ni se les ocurre que lo vayan a conseguir en una oficina de empleo. La reforma en cuestión incluye en su Anexo 5 una larguísima lista de 26 indicadores destinada a hacer un seguimiento de las políticas activas. Ciertamente, es un avance. Pero las fórmulas incluidas, además de ser muchas y particularmente específicas, no parecen tener en cuenta aspectos como el contexto de la zona en que se encuentra cada centro. Tomemos como muestra el segundo indicador, que se refiere tal cual al objetivo central de la Garantía Juvenil:

Jóvenes menores de 25 años a quienes se les hubiera proporcionado una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados, respecto del total de jóvenes menores de 25 años demandantes de empleo.

En principio, parece lógico. Sin embargo, no es lo mismo conseguir colocar a un joven con estas condiciones en Madrid o en Cádiz. Todos los indicadores deberían tener en cuenta el contexto, como sí lo hace este otro (pero es de los menos):

Demandantes de empleo menores de 30 años que recibieron alguna atención y se colocaron respecto del total de demandantes jóvenes que recibieron atención, menos los demandantes jóvenes que no recibieron atención y se colocaron, respecto del total de los demandantes jóvenes que no recibieron atención. Todo ello dentro del periodo considerado.

Otro problema considerable, por último, es la falta de inclusión explícita de ratios de rentabilidad, tales como colocaciones por euro gastado o por técnico empleado.

Pero lo que es más importante es que el balance del gasto dentro de las políticas de empleo no cambia. Sabemos que lo más efectivo, de lejos, es el apoyo y el monitoreo constante de los desempleados, la ayuda individualizada en la búsqueda de trabajo. Es más útil que la formación general, y muchísimo más que las subvenciones y bonificaciones que tanto nos gustan en España. Sin embargo, el peso de las políticas sigue en las últimas. Aquí está el auténtico cambio no realizado que sería particularmente agradecido por esos jóvenes que desconfían, con razón, de unos servicios de empleo que no cumplen con su cometido. Necesitamos más control y evaluación, sí. Pero también más inversión.

En resumen, no es el de este Gobierno un esfuerzo desdeñable. Pero es escaso y, en algunos puntos como la insistencia en nuevos contratos y bonificaciones, errado. A pesar de ciertas innovaciones (como la evaluación) la Garantía Juvenil en particular y la Estrategia en general se mantiene en la línea de lo hecho hasta ahora, parcialmente atrapado en una dinámica que no afronta nuestros problemas centrales.

Bajo mi punto de vista, la auténtica garantía juvenil debería centrarse en (1) evitar la descomunal injusticia social y el enorme desperdicio de capital humano que implica el fracaso escolar y el pseudo-fracaso de personas menores de 35 con educación secundaria básica; (2) romper con la dualidad del mercado laboral, sobre todo para evitar la precariedad precisamente de los menos formados. Para todo ello, bonificaciones y emprendimiento son de poca ayuda, y las políticas activas deberían estar más enfocadas al apoyo en la búsqueda y a la formación en materias específicas, explícitamente demandadas (y co-financiadas) por las (grandes) empresas. Pero lo más importante sería una reforma de arriba a abajo de la regulación laboral justo en la dirección opuesta de añadir más y más contratos de tipo no indefinido, y en una re-estructuración del sistema educativo que priorice la mejora del capital humano y la lucha contra el fracaso escolar. De ello hablaremos en las próximas semanas.