Corrupción

La corrupción española, otra vez

27 Oct, 2014 - - @jorgegalindo

La impactante Operación Púnica ha descubierto nombres y tramas, pero no ha traído nada nuevo a la imagen que tenemos de la corrupción más habitual en España. Individuos bien conectados con políticos de las Administraciones locales, provinciales y autonómicas que se las hacían de «emprendedores» en el mundo de la construcción, pero cuyo principal rol era poner en común oferta y demanda de suelo público, y facilitar las transacciones (con los cambios y recalificaciones necesarias) mediante comisiones bajo cuerda. Políticos que aceptaban la situación no solo como forma de enriquecimiento personal, sino prácticamente como estado natural de las cosas, e incluso como vía de «desarrollo» para el territorio sobre el cual disponían de jurisdicción.

Como digo, nada nuevo bajo el sol. Habitualmente hay tres maneras de entender esta corrupción española. La primera es que bueno, que está en nuestra cultura, o en nuestro ADN, que no tiene solución, que somos así. Este argumento es poco sostenible en tanto que auto-recurrente (somos así porque somos así). Además, no soporta una comparación entre niveles de Administraciones Públicas: la corrupción en el entorno estatal es, en España, considerablemente menor a la existente en las entidades locales o regionales.

La segunda posibilidad parece más lógica: nuestra clase política está poblada por personas con, digamos, objetivos poco nobles y pobres estándares. De ello se deduce que bastará con regenerar, cambiar a sus miembros para poder huir de la corrupción. Esta visión es tan innegable como ingenua. Ante 51 detenidos de una tacada resulta innegable que nuestros representantes políticos están lejos de lo que cabría desear. Pero también parece ingenuo pensar que sus sustitutos van a ser necesariamente mejores simplemente porque ellos (los nuevos) juran y perjuran que van a ser distintos. Lo que debemos preguntarnos es por qué nuestro sistema político atrajo a semejantes individuos en un primer momento.

Aquí yace la tercera posibilidad: unas Administraciones extremadamente politizadas donde hasta los puestos técnicos tenían todos los incentivos del mundo para moverse al son del político de turno, unos partidos que favorecen carreras paralelas entre la Administración y la agrupación si uno se mantiene leal al líder bien relacionado de turno, una financiación local y autonómica muy deficiente (por no hablar del oscuro rol de las Diputaciones) y una regulación sobre la gestión del suelo que permite que individuos conectados se muevan a sus anchas entre el pelotazo y la comisión. Además de todo ello, parece obvio que los mecanismos de control no han funcionado correctamente. Si bien el aparato judicial solo ha llegado tarde a la fiesta (pero ha llegado al fin), no hubo alarma alguna que saltase dentro de los poderes ejecutivos, lo cual debería preocuparnos. Además, los medios de comunicación no han hecho tanto como sería deseable en un frente que se supone les corresponde: no solo informar (desde la trinchera) cuando algo ya ha sucedido, también investigar. Pero es que tampoco los votantes hemos estado a la altura, ni hemos dispuesto de formas de control y acción política ajenas a los partidos y las Administraciones para denunciar y sancionar públicamente la corrupción.

La paradoja es que para salir de esta trampa es necesario un impulso que nazca precisamente de votantes y políticos distintos. Pero por «distintos» no se entiende simplemente un grupo de caras desconocidas y de preocupación renovada por la corrupción: eso ya lo vamos teniendo en nuestro país. Hace falta que aceptemos que si no cambiamos el sistema volveremos a caer. Esto implica reformar las Administraciones, sus formas de financiación, reforzar los controles anticorrupción dentro de las mismas (sin obsesionarnos con sobre-legislar), abrir los partidos a la competencia interna y favorecer medios de comunicación más independientes de los poderes públicos. Tenemos que hablar de reformas, no de caras.