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Por qué un estado de bienestar para pobres es mala idea

1 Jul, 2014 - - @egocrata

Estas primarias del PSOE no están siendo gran cosa en cuanto a presentación de ideas concretas o programas políticos coherentes. Ambos candidatos han evitado pronunciarse sobre casi nada, y el debate, por llamarlo de algún modo, se ha limitado a acusar al oponente de ser más del aparato que nadie*, pero sin ir más allá.

Es por eso que ver la casi-propuesta de Sánchez Castejón sobre el estado de bienestar en su página me parece que merece un comentario. No por el hecho de ser una propuesta especialmente elaborada o para dar una medalla al esfuerzo por intentar decir algo coherente, sino porque es una de esas ideas que suenan modernas y renovadoras, pero que a la práctica son bastante atroces.  Cito:

Debemos introducir racionalidad en la prestación de los servicios de salud y educación introduciendo nuevos criterios de ciudadanía a quienes no puedan sufragarlos. Mi compromiso consiste en ajustar la prestación de los servicios sociales básicos en función de la renta de cada ciudadano, siguiendo el modelo de algunos países avanzados.

Si estoy leyendo esto correctamente, la idea de Sánchez es crear un sistema de pago de servicios según renta para las prestaciones dentro del estado de bienestar. Los ciudadanos con renta baja continuarían disfrutando de un acceso libre y gratuito a los servicios sociales, mientras que las rentas altas deberían pagar por parte del servicio. La propuesta menciona dos ámbitos de actuación estatal muy distintos, la educación superior y la sanidad, indicando que ambos deberían ser tratados siguiendo estos principios.

Esta propuesta es una idea espantosa, básicamente por tres motivos. Primero, hay un viejo dicho en política americana que reza “services for the poor are poor services” – los servicios para los pobres son servicios pobres. La idea detrás es muy sencilla: cuando restringes una prestación social o programa público sólo a aquellos que no tienen demasiado dinero, estos acostumbran a funcionar mal. Esto se debe, por un lado, a que los pobres son casi por definición un porcentaje pequeño de la población, así que no tienen demasiada capacidad de presionar a los políticos en las urnas, y por otro, al simple hecho que los pobres en general votan relativamente poco.

A esto se le añade la simple realidad que un porcentaje no precisamente irrelevante de votantes de clase media no acostumbra a apreciar esto de pagar impuestos para ayudar a “esa gente” (y por “esa gente”, imaginad cualquier minoría racial, cultural o regional que os plazca), creando algo que cualquier partido de izquierdas debería intentar evitar: un estado de bienestar que abra la puerta a esta clase de populismos, dividiendo además la clase obrera en el proceso. En España ya nos hemos apañado para crear un mercado laboral horriblemente segmentado (y hay días que los insiders suenan horrendamente populistas); sólo nos faltaría hacer eso con los servicios sociales.

El segundo problema es que añadir un sistema para limitar las clases altas puede acabar por restringir el acceso a este a quienes lo necesitan. El ejemplo clásico es Medicaid, el programa de sanidad pública gratuita para rentas bajas en Estados Unidos. Los estados tienen una capacidad considerable de establecer límites de ingresos y restricciones varias para poder acceder a Medicaid, y deben además seguir una serie de requerimientos mínimos para poder recibir dinero federal. Aunque la normativa varía enormemente de un estado a otro (un ejemplo – esto es federalismo y lo demás son historias), cualquier potencial paciente tiene que rellenar una solicitud con sus datos personales y documentación para poder recibir estos servicios. No hace falta decir que por muy simples que sean las reglas, esto implica papeleo, en ocasiones profuso… y esto acostumbra a disuadir a mucha gente de ni siquiera intentar acceder a esos servicios.

Estimar el efecto es difícil; los estudios no se ponen del todo de acuerdo sobre la tasa de participación en Medicaid, ya que medir quién puede acceder al programa es a menudo complicado. La participación varía además enormemente de un estado a otro, dependiendo de lo desalmados que sean los formularios y solicitudes. Incluso dentro de un estado, la participación por “variedad” de Medicaid puede ser muy distinta; Connecticut durante mucho tiempo tuvo una aplicación 22 páginas para adultos y otra de 6 para familias con niños, con resultados esperables (el estado ha simplificado el sistema este año: un formulario único de 25 páginas. Disfrutadla). Es cierto que en emergencias la gente ya se preocupa de apuntarse, pero tener un segmento no precisamente irrelevante de la población sin medicina preventiva o pediatra no me parece una gran idea.

El tercer problema, y no menos relevante, es que a menudo estos sistemas restrictivos no ahorran demasiado dinero.  El coste de limitar el acceso y crear sistemas para cobrar según renta a menudo acaban por ser considerables, y administrar el papeleo añade un peso muerto considerable a un presupuesto (un ejemplo, de nuevo con Medicaid, aquí y aquí) que estaría mejor dedicarlo a contratar médicos. Si hablamos de sanidad, además, la estructura de costes por paciente acostumbra a ser bien poco uniforme: la mayoría apenas la utiliza, y sólo un porcentaje pequeño de la población (enfermos crónicos, personas muy mayores y aquellos que han sufrido un accidente o una enfermedad grave) concentran casi todo el gasto. Dado que exigir copagos a personas gravemente enfermas es algo que querremos evitar, acabaremos gastando dinero en cobrar servicios a pacientes que cuestan relativamente poco.

Dejando de lado estos tres problemas, lo más absurdo de la propuesta es tratar sanidad y educación como servicios equivalentes. La sanidad es un seguro contra la adversidad, uno de los pilares del estado de bienestar. Nadie tiene la culpa de ponerse enfermo o que le caiga un piano encima, y el estado, justificadamente, está ahí para cubrir ese riesgo (“compañía de seguros con tanques”, recordad). La educación superior, sin embargo, es una inversión en capital humano. El estado debe tener un papel en este campo, pero siempre recordando que poner dinero para subvencionar la educación superior puede ser (y a menudo es) un gasto social regresivo. La universidad puede ser cara; es más, para algunos debería serlo. Incluso sabiendo que el gasto en universidad pública a menudo va a gente que puede permitírselo, hay argumentos para subvencionar a la inmensa mayoría de estudiantes, pero el razonamiento para hacerlo es completamente distinto al acceso a servicios sanitarios.

En fin, es probable que esté siendo demasiado duro con Pedro Sánchez Castejón. La propuesta, al fin de cuentas, forma parte del anémico decálogo en su web; en algún lugar de Madrid alguien de su equipo de campaña estará exclamando que esto les pasa por dar demasiados detalles y que nunca más van a decir nada concreto. Aún así, me parece relevante discutir y comentar este punto en particular: la izquierda “renovadora” a veces confunde controlar el gasto irreflexivamente con reformar el estado de bienestar,  y cosas como segmentar el acceso a servicios es una mala idea que se repite demasiado a menudo.

Actualización: en los comentarios me indican que el texto que citaba ya no está en la página de Pedro Sánchez; parece que lo han corregido. El original, en PDF, está aquí.

*Nota para el PSOE andaluz: nadie “gana” unas elecciones con un 75% de avales. Ir por el mundo diciendo que no hubo presiones es pura fantasía.