Política

Oposiciones con apellidos

11 Jun, 2014 - - @kanciller

El otro día salió a la luz que el Tribunal de Cuentas del Estado – sí, el que se supone que audita las cuentas de los partidos políticos – troceó proyectos de obras y contratos para que no se superase el máximo legal de 30.000 que obligaría a sacarlos a concurso público. Ligado a lo anterior se ha publicado que el Tribunal pretende modificar su sistema de oposición ya que, por lo visto, existen sospechas de enchufismo. Se pueden leer en esta noticia suculentas historias sobre sagas familiares de la institución, las cuales por sí solas no prueban nada – debería demostrarse que obtuvieron sus plazas por amiguismo y no objetivamente – si bien que la institución haya decidido atajarlo parece excusatio non petita... La reforma que se estudia consistiría, básicamente, en cambiar la composición de los tribunales de selección para que tres de sus cinco miembros dejaran de ser cargos internos.

Más allá del propio Tribunal de Cuentas, en España asignamos una gran cantidad de plazas públicas mediante oposiciones; diplomáticos, jueces, fiscales, abogados del Estado, profesores o inspectores de hacienda son solo algunas de ellas. Sobre la figura del funcionario público y la racionalización de la administración Weber tiene mucho más que decir que yo. Ahora bien, se supone que uno de los pilares esenciales de la concurrencia para una plaza funcionarial es evitar las discriminaciones y asegurarnos de su independencia del poder político. Si se abandonó el sistema de censatías en España precisamente pensando en esto, en garantizar una administración profesional.

Otra cuestión es que las oposiciones tal como las tenemos diseñadas en nuestro país sean eficientes para ello. El único estudio que conozco sobre el tema (por supuesto, más recomendaciones son bienvenidas) es el de Bagüés, centrado en los determinantes del éxito en las oposiciones. Su artículo toma como muestra 40.000 opositores a siete de los principales cuerpos del Estado e intenta comprobar en qué medida el sistema es transparente y justo. La evidencia no puede ser más desalentadora:

  • Factores aleatorios como el orden de la convocatoria, aplazamientos o características del tribunal influyen mucho en el resultado. La probabilidad de vencer del candidato aumenta un 55% si obtiene uno de los primeros números en el orden de presentación y no de los últimos. Mientras que aprobar en lunes es entre un 10 y 15% más difícil (el tribunal está de mal humor), convocar a un candidato pero que luego se aplace si examen oral reduce sus opciones en un 5%. Finalmente, la composición del tribunal importa mucho. Cuanto mayor sea la edad de los examinadores y con más juventud hubieran obtenido sus propias plazas, más probable es el éxito del aspirante.
  • El nepotismo es una sospecha fundada. El candidato poseedor de un apellido similar al de algún miembro del Cuerpo del Estado al que aspira incrementa en un 100% sus probabilidades de éxito. Además, este efecto se demuestra robusto manteniendo constante origen geográfico o experiencia. ¿Están mejor preparados o son de mejor calidad los opositores de “familia” funcionarial? No lo parece. Como explicamos aquí con más detenimiento, la anonimización de un test previo para ciertas oposiciones en 2003 hizo desaparecer el efecto del apellido, luego señala que el amiguismo juega un papel relevante.
  • El efecto del género es ambiguo aunque parece que las mujeres tienen menos probabilidades de aprobar cuando los miembros del tribunal son más jóvenes. La evidencia no señala que tener más mujeres en los tribunales cambie significativamente la probabilidades de éxito de las candidatas; de hecho no parece haber diferencias relevantes por género.
  • Los madrileños tienen una tasa de éxito en oposiciones significativamente superior. Sin embargo, este efecto podría deberse a autoselección, ya que mucha gente se muda a Madrid para estudiar, quizá porque hay mejores preparadores de exámenes allí. Ahora bien, cuando se introdujeron componentes anónimos en los test la tasa de éxito de los habitantes de la capital cayó, luego puede haber algún componente más de afinidad.

Por lo tanto, como apuntaba antes, las conclusiones del artículo son poco optimistas. Aleatoriedad y aparente favoritismo en la selección parecen muy ligados al sistema de oposiciones español, al menos con los datos que aquí se presentan.

Sin embargo, quiero insistir en un punto más tangencial al artículo pero que puede potenciar el papel del amiguismo. Me refiero al sesgo de clase que genera el sistema de oposiciones a través del coste de oportunidad. Es evidente que no todo el mundo (las familias) puede permitirse estar años sin trabajar preparando temarios para cantarlos ante el tribunal. Al ya ingente coste de los preparadores hay que sumarle un coste de oportunidad se incrementa a medida pasa el tiempo y que es mayor cuanto más complicada sea la oposición. El resultado es, por lo tanto, que solo determinados sectores sociales con muchos recursos puedan acceder con éxito a las capas funcionariales más altas del Estado. Justo el lugar en el que nos encontramos con las largas sagas de servidores públicos.

Es evidente que no todos estos defectos son igual de sencillos de atajar. Incluir un test anónimo de entrada podría reducir el riesgo de favoritismo y el potencial efecto del orden. Pero además, como el propio Bagüés sugiere, sería conveniente hacer como en otros países de nuestro entorno e introducir anonimato y la doble evaluación de las pruebas por escrito incluyendo a un revisor externo. Hasta la fecha (no sé si ha cambiado ahora) el procedimiento era de corrección mediante lectura pública del candidato, facilitando la identificación del aspirante. Finalmente, una supervisión externa del proceso – que el Cuerpo no fuera el único juez – también sería deseable – y eso que se excluye todo el debate sobre las plazas hechas a medida.

Estas medidas  garantizarían la igualdad de oportunidades en la competición, no la igualdad real de acceso, pero ya serían un avance a reseñar. Es cierto que no tenemos problemas graves de corrupción a nivel administrativo y que la mayoría es política, pero no nos vendría mal afinar los instrumentos de reclutamiento de la función pública. Igual que hablamos de más incompatibilidades entre política y administración, hay que ver bien cómo escogemos a nuestros servidores públicos. Una cuestión no menor cuando se supone que la administración es un control horizontal frente a la corrupción… en fin, que se lo digan al Tribunal de Cuentas.