Política

La república sin mayúscula

3 Jun, 2014 - - @jorgegalindo

La abdicación de Juan Carlos I ha abierto un debate sobre nuestro modelo de Estado que es, de hecho, doble, aunque no lo parezca. Por un lado está la cuestión de qué y cuánto poder quedemos dar al Jefe del Estado. España tiene un régimen parlamentario sobre el que, creo, existe un considerable acuerdo. Por otro lado está cómo designamos a quien ocupe este puesto: elección (directa o indirecta), herencia. La primera dimensión no está explícitamente sobre la mesa, pero es importante subrayar que es la fundamental. Incluso para remarcar el acuerdo. El debate se está centrando, en cambio, en el segundo aspecto: una vez asumimos que nuestro Jefe de Estado no es particularmente fuerte (como sí lo es en regímenes presidencialistas), ¿cómo lo escogemos?

Roger Senserrich ha publicado unas interesantes notas sueltas en las que comienza por enunciar que le parece que este debate no es «urgente». A mí, la verdad, este no me parece un argumento de peso. Es cierto que la elección entre monarquía o república no va a tener efecto apreciable sobre cuestiones como el desempleo, nuestro anémico crecimiento económico o el modelo de bienestar al que nos encaminamos. Pero, aceptada esta premisa, el debate es tan legítimo como cualquier otro que una parte sustancial de la población quiera poner sobre la mesa. Objetivamente, además, la decisión de quién y cómo queda en la cúspide del monopolio de la violencia y de los impuestos no parece tampoco un tema baladí. Cierto es que si hemos decidido que esta persona va a disponer de poco poder (y sigo asumiendo que nadie quiere un sistema presidencialista en España), su importancia objetiva disminuye. Pero la relevancia normativa no es menor.

Otros dejan caer que «ahora no es el momento» para este debate. Me pregunto entonces cuándo lo es, o qué define tal momento. Hay quien considera todo esto desde un prisma casi estrictamente narrativo, simbólico. El Rey y la monarquía son muchas veces retratados como «lo que nos une». Pero en realidad si algo nos une son las reglas de juego que establecimos hace 36 años para resolver nuestras diferencias. La monarquía es una parte del acuerdo al que llegamos (y, no lo olvidemos, votamos) en la Transición. Como bien apunta Roger, formó parte de un intercambio con un sector determinado de la población y de las élites de la dictadura. Pero si ahora hay una parte del mismo que está puesto en cuestión, necesitamos abordar el debate. Lo importante nunca fue la monarquía, sino el hecho de que fuimos capaces de acordar unas normas comunes, una manera para mantener un modelo y reformarlo si en un momento dado así lo considerábamos. Y puede que, en un aspecto del modelo, haya llegado ese momento.

Es este un un debate normativo, sí, pero eso no significa que no enfrentemos un dilema, antes al contrario. En una frase: legitimidad es república, pero república es partidismo. Establecer un monarca elimina el partidismo pero también resta legitimidad a la Jefatura en tanto que no elegida periódicamente por sufragio universal. Sin embargo esto solo es cierto, o es más cierto, asumiendo que el poder moderador puede ser neutral. Si por el contrario consideramos que no puede serlo bajo ninguna circunstancia, el argumento para someterlo al criterio de las urnas se vuelve más fuerte. En principio, la elección indirecta asegurará un equilibrio entre estabilidad y legitimidad más alto si lo que queremos es una forma de elección de Jefe de Estado que asegure el mayor consenso posible para el vórtice que representa a España. Una elección por vía parlamentaria incluye una deliberación más articulada y sitúa barreras de entrada a la existencia de una Jefatura fuerte, con poder de veto, que abriría espacio al bloqueo institucional y al uso partidista. He aquí una solución de compromiso para quienes están preocupados por tal dilema.

Esto es particularmente importante en España, donde para muchos la preferencia por un modelo republicano parece estar fuertemente correlacionada con su orientación ideológica. Esto es por supuesto y por desgracia, una consecuencia de nuestra triste historia en el siglo pasado. Pero el hecho es que es así. Los principales partidos a favor de la república o de una reconsideración de la monarquía son IU, Compromís-Equo y Podemos (los primeros con un uso ideológico más acusado de la Segunda República, los segundos centrados en demandar un «referéndum» para reformar el modelo de elección del Jefe de Estado). El PSOE se encuentra desorientado entre el conservadurismo institucional y la presencia de un nutrido grupo de republicanos en sus bases. UPyD no parece tener una preferencia fuerte, aunque están dispuestos a considerar opciones. Y el PP se ubica en el lado monárquico de la disputa.

A esta correlación entre izquierda y republicanismo se suma lo que podríamos llamar «el problema de abrir el melón». Quienes defienden por activa o por pasiva (y estos últimos son muchísimos) el sistema actual lo justifican a menudo con no iniciar un proceso de reforma más profunda del modelo de Estado, precisamente y también porque muchos de quienes piden una república con más insistencia lo hacen dentro del marco de una enmienda a la totalidad del sistema. En la actualidad esta división pro-anti orden establecido es particularmente honda, y tenemos pistas de que puede ir a más. De hecho, aquí reside probablemente la razón estratégica que ha llevado a Juan Carlos a abdicar ahora: parece mal momento y lo es, pero no había ninguno mejor. El año que viene hay elecciones generales, y se prevé un Congreso sin mayorías absolutas, atomizado. Renunciar entonces sin ley de sucesión establecida era una bomba que dejaba el frente de la reforma profunda y polarizadora mucho más abierto. El Rey calculaba que no le da para llegar a otro ciclo electoral más, en cinco años, en plena forma. Entonces tenía que dejarlo antes. Y a más pronto, mejor, porque el efecto sobre las elecciones será menor (aunque será enorme igualmente). Pero no podía ser antes de las Elecciones Europeas, que fueron hace una semana.

Y aquí yace, para mí, el argumento último de quienes defienden un Felipe VI: mantener la monarquía como un punto de encuentro relativamente inamovible para todos los españoles. Esto es: asumir que en el dilema entre legitimidad y partidismo España no puede hacerlo mejor abriendo un proceso de reforma en el que las opciones de modelo de Estado y profundidad del cambio están correlacionadas fuertemente con posturas ideológicas. En términos prácticos, eso significa lo que Roger desgranaba en su artículo: que no hay ni va a haber consenso para la reforma.

A mi modo de ver hay dos problemas con semejante razonamiento. El primero y principal es afirmar que podemos realmente identificar lo que una mayoría de los españoles quiere. Tenemos dos proxies para ello, ambos muy imperfectos: por un lado están quienes esgrimen que el voto a partidos contra-revisión (PP y PSOE) es mayoritario. Por el otro lado, la respuesta afirmativa en encuestas a la pregunta si reformaría la Constitución no ha hecho sino crecer y la valoración de la monarquía ha caído en los últimos tiempos. El asunto es que no podemos derivar fácilmente de estas encuestas que los ciudadanos tengan una preferencia activa por un modelo u otro. Al escoger partido al que votamos se ponderan muchas razones. Precisamente aquellas que no queremos mantener correlacionadas con el modelo de elección de la Jefatura de Estado. Además, si aceptamos que los partidos en España son bastante reacios a actuar como correas de transmisión de ciertos cambios en las preferencias de los ciudadanos (y es algo en lo que desde Politikon hemos insistido bastante), no parece buena idea utilizarlos como aproximación para identificar las mismas. Pero las encuestas no nos sacan de este brete, por descontado: las respuestas son variables y vagas, en ningún caso se identifica una mayoría clara, transversal y articulada a favor de un cambio hacia la república que no conlleve un debate probablemente agrio sobre otras cuestiones. Sin embargo, y he aquí el segundo problema, esto no significa que esa mayoría no sea posible. Las coaliciones cambian, y por eso las reformas ocurren. Que esta sea improbable no quiere decir que sea imposible, ni que quien desea el cambio no deba intentarlo. Existe el cómo; siempre existe.

La Constitución, en tanto que acuerdo sobre cómo gobernarnos y sobre cómo cambiar la manera en que nos gobernamos, prevé la reforma, por supuesto. Establece para ello un proceso duro pero factible. Un argumento con el que simpatizo en principio es que si hay posibilidad de cambio siguiendo la vía marcada en la misma, deberíamos explorar este camino cuanto antes. Es decir: si asumimos que todas las barreras y ataduras de manos al futuro que nos pusimos a nosotros mismos eran suficientes y apropiadas, la cuestión está en pasar esa prueba. Sabemos que, de manera muy difusa, una mayoría de la ciudadanía está dispuesta a considerar una reforma. Sabemos también que los partidos reformistas (llamémoslos así) no hacen sino crecer en votos. Es posible argumentar que el debate va a tener lugar lo quieran los conservadores institucionales o no, y es tan necesario para ellos mantenerlo dentro de los límites del consenso como lo es para los reformistas conseguir una mayoría amplia y transversal claramente articulada a favor de un cambio centrado en la forma de elección del Jefe de Estado. Si en algún sitio esa vaga idea de «segunda Transición» tiene sentido es aquí: ser capaces de mantener debates normativos sobre qué es y qué va a ser España que no respondan automáticamente a una división polarizada de nuestra sociedad. La república sin mayúscula. Hacer del ser republicano un programa, y no una identidad.

Nota: aunque este artículo lo firmo yo, pocas o ninguna de las ideas aquí presentadas son propias. Vienen en su práctica totalidad de un fabuloso debate sin fin con editores y colaboradores de Politikon. A ellos se lo debo.