Economía

Portándose bien en un mundo federal

2 May, 2014 - - @egocrata

Los estados dentro de Estados Unidos tienen una capacidad casi ilimitada para gastar y recaudar dinero. La constitución no impone casi ningún límite sobre qué clase de tributos o tasas está al alcance de un gobierno estatal, más allá de la prohibición de crear aranceles o tasas sobre el libre comercio entre estados. Del mismo modo, si un gobierno estatal quiere gastar su dinero construyendo pirámides puntiagudas, es completamente libre de hacerlo, sin que el Congreso en Washington le vaya a decir gran cosa.

Es un estado federal, y federalismo quiere decir eso: cada unidad de gobierno puede hacer lo que le plazca, siempre que recaude ella solita el dinero para sus caprichos y no moleste a sus vecinos. Si el gobierno central quiere que los estados gasten dinero algo (digamos ofrecer sanidad a los pobres o construir una autopista) sólo puede hacerlo ofreciéndose a pagar parte de la factura.

Para que esta libertad de acción pueda funcionar de forma efectiva, los estados y el gobierno federal operan bajo dos normas adicionales. Primero, Washington nunca va a rescatar a ningún estado. El gobierno central puede hacerse cargo de desastres naturales o crisis bancarias, pero sólo actuará utilizando los programas e instrumentos que salen de su presupuesto. Si Michigan, Connecticut, California o Arkansas se quedan sin dinero para pagar sus caprichos, los Feds no van a mover un dedo para sostener el erario estatal. Segundo, y casi igual de importante, los estados deben tener presupuestos equilibrados. Dado que el gobierno central no va a rescatarles, los estados deben tener sus cuentas completamente saneadas cada año, nunca gastando dinero que no tienen.

Esto, como probablemente habréis adivinado, no es tan sencillo como parece. Cuando hay una recesión económica, los ingresos de las administraciones bajan mientras aumenta el gasto social. Incluso el estado más tacaño con sus familias pobres puede darse cuenta que no tiene dinero para colegios, universidades o mantenimiento de carreteras en un año malo, viéndose forzado a subir impuestos (si uno es un poco de izquierdas) o recortar gastos (derechas) en medio de una recesión. Esto no sólo es impopular, sino que también es a menudo contraproducente para el crecimiento económico, ya que la política fiscal acaba por ser fuertemente procíclica.

Para evitar que esto suceda, un político estatal responsable puede crear un rainy day fund (literalmente, «fondo para días de lluvia») un fondo de emergencia para cubrir el coste de recesiones. En los años de bonanza, cuando la economía crece a buen ritmo y el estado ingresa mucho y gasta poco, el superávit se envía a una cuenta de ahorros. Cuando las cosas van mal, la recaudación cae y el gasto social aumenta, el estado puede retirar este dinero para mantener servicios sin tener que eliminar prestaciones o pedir dinero a los votantes.

Jerry Brown, el gobernador de California, está intentando convencer a sus legisladores estos días que lo mejor que puede hacer el estado es precisamente esto. Tras años de penurias fiscales, una subida de impuestos y una recuperación económica más que decente han dejado al estado con un superávit de 4.500 millones de dólares. Brown llegó (por segunda vez) al cargo en medio de la gran recesión, cuando el hundimiento de la burbuja inmobiliaria había dejado a California con déficits de 21.000 millones. Ahora, camino de las elecciones en noviembre, ha propuesto una enmienda constitucional obligando al estado a utilizar sus superávits para pagar deuda municipal (un problema recurrente en California) y crear un fondo para emergencias. Es decir, está pidiendo a los votantes que obliguen por ley a sus políticos a tener una política fiscal contracíclica equilibrando presupuestos a largo plazo, obligándoles a actuar de forma responsable.

¿Por qué esta decisión de Brown es relevante? Porque España, dentro de la Unión Europea, se mueve bajo unas reglas y restricciones presupuestarias parecidas. España puede gastar lo que quiera donde quiera, y tiene libertad para recaudar en todo lo que no sea aranceles o barreras comerciales. La UE también obliga a que los estados estructuren algunos impuestos evitando subvenciones encubiertas, pero más allá de eso, cada uno puede hacer lo que le plazca. El reverso, obviamente, es que si una recesión mete a la economía española en problemas, nadie en Bruselas va a mover un dedo para tapar el agujero; cualquier rescate será un préstamo bajo una dura condicionalidad. Bajo estas condiciones fiscales, un enmienda constitucional que obligue a equilibrar presupuestos a lo largo del ciclo tiene sentido: España puede retirar deuda cuando las cosas van bien, y endeudarse sólo cuando las cosas van mal. Un rainy day fund adaptado a la capacidad de un (todavía) estado soberano para emitir deuda, protegiendo a los servicios sociales y gasto público de los recortes cuando las cosas van mal. Esta misma lógica, obviamente, puede (y debería) extenderse a las comunidades autónomas, que operan en una situación aún más parecida a la de California.

Esto quiere decir, por cierto, que tanto la enmienda constitucional para equilibrar presupuestos como la ley de estabilidad presupuestaria aprobadas recientemente tienen sentido. Nuestro problema, en todo caso, es que implementación de ambas medidas ha sido singularmente chapucera: lejos de crear mecanismos de control decentes que obliguen a los políticos a gastar lo que tienen y a redactar presupuestos con previsiones de ingresos y gastos modestamente realistas, la ley pemite una enorme discrecionalidad a los políticos tanto para definir las previsiones de recaudación y gasto como para saltarse los límites cuando lo consideren conveniente. En vez de crear una agencia independiente de análisis y reglas claras que obliguen a los políticos a portarse bien (superávit cuando crecemos, déficit en recesiones, cualquier programa de gasto debe incluir ingresos o recortes asociados para pagarlo), el gobierno del PP ha acabado por aprobar otra reforma tan limitada como inútil, haciendo lo mínimo a ver si cuela en Bruselas. Otra oportunidad perdida para hacer las cosas bien.

Nada sorprendente, vamos.

Una nota final: una regla de equilibrio presupuestaria a lo largo del ciclo no es de derechas. La idea original es de este señor; hablé con algo más de detalle sobre él aquí. No gastar más de lo que uno tiene es la única manera de hacer que el estado de bienestar sea sostenible a largo plazo. Un gobierno en bancarrota no puede luchar contra la pobreza; nuestra primera preocupación cuando queremos hacerlo es cómo vamos a pagarlo.

La reforma constitucional de California, por cierto, será votada en referéndum en noviembre. Será un resultado digno de ver.

Para frikis: Jerry Brown es el mismo Jerry Brown que se cita en «California Über Alles» de los Dead Kennedys. Brown fue gobernador de California por primera vez entre 1975 y 1983 (ganándose el apodo de «gobernador Rayo de Luna«), justo después de Ronald Reagan. Tras tomarse un descanso (y perder varias primarias demócratas a la presidencia) fue alcalde de Oakland ocho años, fiscal general cuatro y fue elegido gobernador por tercera vez el 2011. El tipo ha sido tanto el gobernador más joven de Califonia desde la Guerra Civil como el más viejo. Esto es una carrera política y lo demás son tonterías. Y sí, es uno de mis políticos preferidos, a pesar de ser un tipo un tanto peculiar.