mercado laboral

Quién divide a los trabajadores

24 Abr, 2014 - - @jorgegalindo

Cada vez que alguien habla de dualidad, de segmentación del mercado laboral, de la existencia de trabajadores protegidos (insiders) y desprotegidos o desempleados (outsiders), cada vez, digo, se alza, invariable, la voz de algún miembro de la izquierda anunciando que tales ideas no pretenden sino dividir a los trabajadores. Que en realidad la enunciación del problema y las soluciones habitualmente propuestas (comenzando por un contrato único indefinido) vienen de la derecha, del capital, y su objetivo es destruir el esfuerzo de unión de los trabajadores. Este es un caso inequívoco de mirar al dedo que señala y no a la luna: la unión del trabajo ya está destrozada en España. Y lo está gracias a un pacto tácito entre el capital y la izquierda que se firmó a principios de los ochenta, y que aún no se ha roto.

Viajemos en el tiempo al momento en el cual el desempleo comenzó a ser un problema en España. A finales de los años setenta el país se encontró con la necesidad de construir al mismo tiempo una democracia occidental con alternancia en el gobierno y una economía sólida integrada en el mercado global. Al mismo tiempo la tasa de paro se disparó a niveles astronómicos. El núcleo moderado del esfuerzo de la Transición, formado por UCD y PSOE, se veían obligados al mismo tiempo a luchar contra el desempleo y facilitar el movimiento de trabajo y capital hacia sectores más productivos, todo ello sin dañar al núcleo de votos y movilización potencial que constituían los trabajadores fijos, padres de familia de mediana edad. Mientras, mujeres y jóvenes demandaban empleo en cantidades crecientes. El Partido Comunista y su sindicato, CCOO, se encontraban en la disyuntiva de cumplir su papel como defensores a ultranza de la protección de los trabajadores o disputarle a los socialistas el liderazgo de la izquierda española. Al final, PC-CCOO tuvieron que encontrar acomodo en el estrecho margen que quedaba entre la insurrección y el espacio tomado por el PSOE, lo cual implicó discutir y decepcionarse con el Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1980, pero sin poder (ni querer) articular una oposición frontal, radical.

Dicho Estatuto consolidó la protección al trabajador indefinido basada en altas indemnizaciones por despido, dejando a España como el segundo país más proteccionista de entre las democracias occidentales (Portugal era el primero). Sin embargo, también entreabrió una puerta para que los contratos temporales fuesen utilizados independientemente de la naturaleza del trabajo específico. Los sindicatos llamaron a esto descausalización. La puerta se fue ensanchando con decretos temporales, primero de UCD y desde 1982 del PSOE, que permitían de manera «temporal» y «excepcional» el uso descausalizado de contratos temporales. Finalmente, en 1984, el PSOE decidió dar un cariz permanente a la descausalización reformando el Estatuto de los Trabajadores. Esta modificación marcó todo un hito en el desarrollo de nuestro mercado laboral: en pocos años el porcentaje de contratos temporales sobre el total pasó de menos de un tercio al 90%. Como resultado, en menos de una década pasaríamos de estar por debajo de la media europea en el uso de este tipo de contratación a liderar la clasificación occidental, rozando el 35%.

La actitud de las distintas formaciones políticas ante esta segmentación brutal ha sido ambigua. PSOE y UCD la pusieron en marcha con el objetivo de crear empleo sin poner en peligro los puestos de los trabajadores fijos. UGT aceptó a regañadientes, y los comunistas se opusieron. El argumento del PC y de CCOO, abrazado por UGT (primero por ciertos sectores y más adelante, desde 1985-1987, por el conjunto de la organización) es que la «estabilidad laboral» se veía amenazada. Los sindicatos temen la caída de la estabilidad en el empleo porque saben o intuyen que eso afecta negativamente a sus perspectivas futuras: los trabajadores temporales o desempleados se sindicalizan menos, son más difíciles de movilizar y caen más fácilmente en las amenazas, implícitas o explícitas, de despido del empleador. Éste, por su parte, verá como una lógica mejora que dichas amenazas tengan más poder. La flexibilización de una parte de la fuerza de trabajo le ofrece no solo capacidad de maniobra sino también de negociación. No tanta como en un contexto de liberalización total, cierto es, pero sí más que en uno de protección completa. Los sindicatos y los partidos de izquierda son conscientes de este hecho, pero no pueden permitirse no proteger a sus miembros centrales, ni tampoco renunciar a las ganancias agregadas de ser una nación occidental. Esto será más perentorio para aquellos grupos que detenten responsabilidad de gobierno. Este es el pacto entre la izquierda y el capital que dividió a la clase obrera. Y que no se detuvo en los ochenta.

En 1994 se legalizó en España la presencia de empresas de trabajo temporal. Esto desató una considerable oposición por parte de sindicatos e Izquierda Unida, y llevó la precariedad a un primer plano del debate. El (supuesto) dilema entre crear mucho pero mal empleo o poco pero bueno emergía poco a poco. Tanto fue así que una de las primeras medidas del Partido Popular en el gobierno fue sentar en la misma mesa a patronal y sindicatos para firmar una serie de acuerdos respecto a la negociación colectiva y a la legislación laboral. El PP llevó adelante una reforma dirigida a reducir la segmentación: creó un nuevo tipo de contrato fijo con indemnización reducida, hizo algo más difícil la contratación temporal, y rebajó el poder de negociación de los insiders en ciertos sectores.

Mientras tanto los sindicatos seguían perdiendo legitimidad, poder y capacidad de acción fuera de sus sectores-bastión. Las izquierdas se hallaron perdidas, intentando evitar la sangría por la precariedad pero sin atacar demasiado El capital, por su parte, utilizó la inundación de crédito barato que llegó a España desde finales de los noventa para hinchar una burbuja. Como consecuencia la tasa de paro bajó de verdad por primera vez en dos décadas y media. Nuestra tasa de temporalidad se rebajó un poco, hasta alrededor del 30%-31%, pero seguimos manteniendo el contrato temporal como puerta de entrada al mercado, con el mismo 90% (palmo arriba, palmo abajo). Fue probablemente la tasa de conversión de temporal a indefinido lo que se incrementó. Al haber más puestos de trabajo disponibles, la amenaza de despido ya no era tan grave, y la promesa de trabajo fijo era igualmente jugosa pero menos inalcanzable. Sin embargo, una tasa de paro del 7%-8% y solo un 70% de puestos fijos, ocupados mayoritariamente por personas mayores de cierta edad, seguían surtiendo efecto como instrumentos de amenaza para el capital.

Durante la presente crisis hemos bajado al 24% de trabajo temporal, pero ha sido solo porque la inmensa mayoría de los despedidos, sobre todo al principio, han sido trabajadores temporales. Hasta llegar a un nivel de paro por encima del 26%. La clase media-baja formada por trabajadores precarios ha recibido el golpe. Como respuesta política, el (tímido) desarrollo de una red de seguridad universal se ha parado en seco, y las reformas laborales han venido a restar poder a los indefinidos, pero manteniendo la descausalización de los contratos temporales, algo que ningún gobierno se ha atrevido a tocar en treinta años. Nuestra tasa de contratación temporal mes a mes se mantiene en 9 de cada 10 nuevos empleos. Los sindicatos y la socialdemocracia ya apenas pueden movilizar a los suyos. No nos dejemos engañar por la foto fija: el argumento de la película no ha cambiado. Ante este panorama, el PSOE actúa como un firme defensor de la clase media frente a todos los demás, el PP avanza en una liberalización dual (puesto que cierto nivel de protección para trabajadores indefinidos es mantenido), e Izquierda Unida se dedica a perderse en el mismo dilema que el Partido Comunista a principios de los ochenta: entre la calle y el espacio aparentemente dejado por los socialistas, hablando de precariedad pero no de dualidad, denunciando los síntomas pero sin tan siquiera querer mirar hacia la raíz del problema, no fuese a ser que el núcleo duro se sienta atacado. Los sindicatos, por su parte, mantienen la preocupación por la estabilidad laboral, si bien en un segundo plano frente a quienes, tras su proceso de deterioro, representan la mayor parte de sus miembros.

El objetivo último del capital es conseguir la flexibilidad total del factor trabajo para poder determinar salarios y condiciones a placer. El objetivo del trabajador individual es maximizar su renta a lo largo del ciclo vital. Con un alto nivel de solidaridad laboral no necesitará hacerlo mediante una constante apuesta de salarios a la baja. El mantenimiento de mil modalidades de contratación, muchas de ellas temporales descausalizadas con un coste por despido más bajo, una red de seguridad parcial y más sólida para los trabajadores fijos de más edad solo alimenta el deterioro de los sindicatos, el abuso de la flexibilidad por parte del capital, la desorientación general de los partidos de izquierda y, en última instancia, distancia a las clases medias establecidas de las precarias. Las propuestas de extrema izquierda implican de una manera u otra salirse del juego económico internacional, algo con unos costes económicos y políticos agregados incalculables. Tanto que ni siquiera se atreven a decirlo en voz demasiado alta. Un contrato único indefinido con indemnización creciente por despido hasta un nivel medio, con una fuerte red de seguridad asociada al trabajador despedido (incluyendo requerimientos de activación), provisiones contracíclicas de excepción, y reformas para reducir el nivel de desempleo estructural no es un pack que vaya a ofrecer más poder al capital pero tampoco nos saca del contexto de lo practicable dentro de una economía de mercado abierta*.

Los trabajadores están divididos por las mismas líneas que hace treinta años. Si la nueva izquierda quiere hacer algo para romperlo, acusar a quienes señalan el problema no es una buena idea. Proponer reformas radicales pero alcanzables, que favorezcan la igualdad de oportunidades y de renta y ataquen de frente la segmentación laboral sí lo es. Un hipotético compromiso entre las izquierdas españolas dejaría a algunos, radicales y moderados, descontentos, es cierto. Pero su potencial, en el largo plazo, es incalculable: reunificar a los asalariados bajo un mismo proyecto. Las partes aludidas deberían, al menos, contemplarlo en sus estrategias.

*El problema a corto plazo de este tipo de propuestas es que estamos atrapados en un modelo europeo que obliga a los países acreedores y al Banco Central Europeo a demandarnos austeridad y reformas estructurales sin ofrecer a cambio inflación y transferencias fiscales. La solución pasa por una mayor integración europea, algo que debería estar centrando el debate antes de las elecciones de mayo. Pero no lo está haciendo.