Hispania.

Democracia, minorías y estado de derecho

9 Abr, 2014 - - @egocrata

No me voy a meter en el debate en el Congreso de ayer acerca del «derecho a decidir»; al menos no por ahora. Mi postura no ha cambiado demasiado sobre la salida más deseable (una reforma constitucional con una ley de claridad asociada, y un referéndum con condiciones estrictas pactado). Como esa salida es ahora mismo inviable dada la intransigencia de unos y la cortedad de miras de otros, no hay mucho de que hablar. Rajoy va a dejar el problema sin resolver, y vamos a tener este debate absurdo durante meses y meses, siguiendo el patrón habitual Marianil de intentar arreglar conflictos a base de no hacer absolutamente nada con ellos.

En el debate de ayer, sin embargo, me pareció curioso el argumento de los nacionalistas catalanes pidiendo a un voto democrático mientras se quejaban sobre cómo el gobierno central no respetaba la identidad y el hecho diferencial catalán. Lo paradójico, en este caso, es que una petición que el estado limite sus intervenciones y cree protecciones legales para sus minorías nacionales es, en efecto, una demanda contramayoritaria, y la petición del referéndum es contradictoria con esta petición.

Sin meterme en teoría política demasiado, una de los grandes temores de los redactores de la constitución americana era el riesgo que un sistema democrático acabara por convertirse en una tiranía de la mayoría. En un país con múltiples denominaciones religiosas (variantes todas del protestantismo esos días, con algunos fundadores  deístas o ateos) el temor era que los miembros de una facción ganaran las elecciones y utilizaran el gobierno federal para imponer sus creencias y/o excluir aquellos que no las compartieran. La democracia podía ser utilizada como una herramienta para castigar a los perdedores, dejándoles indefensos.

El diseño constitucional americano es, en gran medida, un elaborado sistema de contrapesos y límites al poder estatal para evitar precisamente que eso suceda. El Bill of Rights es, en última instancia, una salvaguarda de los derechos de los perdedores a nivel constitucional; el gobierno federal tiene estrictamente prohibido ir más allá de una serie de derechos innegociables para evitar que las minorías sean sistemáticamente excluidas. El estado de derecho, como tal, es una consecuencia lógica de esta idea: los gobernantes están antes sujetos a la ley que a la voluntad democrática de sus votantes, ya que es más importante mantener la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos que correr el riesgo que los muchos castiguen a unos pocos.

La constitución española, aun con todas sus espléndidas chapuzas identitarias, dedica una cantidad de tiempo y esfuerzo considerables a proteger los derechos de sus minorías. Las comunidades autónomas están fuertemente protegidas en el mismo texto constitucional, y el estado sólo puede suspenderlas bajo condiciones extraordinarias. Muchas de las competencias directamente relacionadas con cultura, lengua e identidad están estrictamente bajo autoridad autonómica, y los estatutos no pueden ser alterados de forma unilateral por el centro. El Congreso no puede revocar leyes autonómicas directamente, y el tribunal constitucional sólo puede tocarlas en relación a lo que dice la constitución misma. Aunque ciertamente las garantías son insuficientes en algunos casos, lo cierto es que España tiene una cantidad de protecciones de minorías considerable en sus leyes. «Madrid» no puede legalmente votar en referéndum prohibir el catalán o eliminar la Generalitat, y es bueno que así sea. 

Pedir un referéndum de autodeterminación es, en cierto sentido, una contradicción a este principio de protección de minorías. Los nacionalistas catalanes piden que la mayoría de catalanes decidan sobre su pertenencia o no al estado, colocando, en este caso, el principio democrático por encima del principio de protección de minorías dentro de Cataluña. Que estos principios son contradictorios y entren en conflicto en ocasiones es inevitable, ciertamente; en el caso de Estados Unidos, el derecho a mantener la esclavitud acabó por chocar con la voluntad mayoritaria de abolirla. En este caso, es obvio que el derecho a la propiedad no podía estar por encima de la decisión democrática; uno puede defender, como hacen los nacionalistas, que la decisión de la mayoría sobre la pertenencia a un estado u otro se antepone a los derechos de la minoría a no convertirse en eternos perdedores en el nuevo estado.

Lo curioso, en todo caso, es como algunos nacionalistas piden menos democracia como condición para permanecer en España (blindaje competencial, autonomía fiscal completa, etcétera), pero exigen más democracia si no les hacen caso. En estos debates ambos lados piden que hablen las urnas de forma completamente distinta, y exigen que dejen de hacerlo bajo contextos del todo distintos. Incluso antes de entrar a discutir quién debe votar, el debate sobre qué se debe poder votar es a menudo igual de importante.

No que en España estemos teniendo este debate, claro está, con Mariano tocando el arpa por las alturas. Pero bueno.