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¿Y si la crisis en España acabara en nada?

12 Feb, 2014 - - @egocrata

Se ha hablado mucho de los efectos sociales de esta crisis. La situación de muchísimos españoles ha empeorado radicalmente durante los últimos seis años; la pobreza y las desigualdades han aumentado; hemos destruido cantidades ingentes de riqueza. Toda una generación de jóvenes tienen su carrera profesional destrozada incluso antes de poder empezarla; muchos de los más ambiciosos han preferido irse del país directamente. La gran recesión ha sido devastadora; una depresión en toda regla.

Desde el punto de vista político e institucional la crisis también parece haber provocado cambios. El PSOE sufrió una derrota electoral devastadora el 2011 debido a la crisis. El PP parece ir camino de desmoronarse en las encuestas. El viejo bipartidismo imperfecto salido de la transición parecer ir camino de convertirse en un multipartidismo incómodo. En la periferia, el secesionismo parece ir camino de ser dominante en Cataluña. En la calle, los movimientos de protesta ganan terreno, con nuevos actores sociales abriéndose paso entre la indignación.

Si miramos las cosas más de cerca, sin embargo, creo que es fácil sobreestimar los efectos institucionales de esta crisis a medio/largo plazo. Es más, creo que es incluso posible defender la idea que la crisis, lejos de cambiar las cosas, ha dejado muchos de los viejos equilibrios intactos, e incluso ha reforzado algunos de ellos. Los políticos pueden haber cambiado, pero muchos de los problemas permanecen.

Cuando hablamos de un sistema político estamos hablando de algo que es, de forma implícita, un equilibrio. Un estado tiene unas determinadas estructuras económicas, institucionales y políticas con una determinadas reglas de juego, en la que (casi) todos los actores políticos participan. En un sistema democrático, estas reglas de juego son cosas como la ley electoral, el sistema parlamentario, el sistema de reclutamiento de funcionarios, las estructuras de los partidos políticos, el poder judicial, las agencias reguladoras de los mercados y las normas que regulan la interacción entre políticos y actores privados. Los actores políticos utilizan estas reglas para regular la economía, delimitar el papel del estado, cómo funcionan los mercados, etcétera, y los actores económicos se adaptan y actúan dentro del sistema. Los votantes y diferentes grupos sociales participan, votan, protestan y se ven más o menos representados por el sistema de partidos; los dirigentes forman coaliciones de gobierno, y la democracia más o menos va tirando con toda su inevitable fealdad.

La misma noción de equilibrio, de seguir de estas reglas, implica también una cierta estabilidad. Los participantes del sistema político aceptan las normas porque no se sienten perjudicadas por ellas; no quieren cambiarlas porque el sistema representa sus intereses.  Esto no quiere decir que dentro del equilibrio del sistema político no haya perdedores; siempre los hay. Lo que no tenemos es una coalición suficiente de actores políticos que quieran cambiar el sistema, la estructura de incentivos (la ley electoral, el CGPJ, la financiación de los partidos, la selección de funcionarios, la administración pública, etcétera) como para que esos cambios se lleven a cabo. Podemos tener desafectos, pero el equilibrio actual tiene suficientes apoyos como para que no veamos reformas relevantes.

El sistema político español, como el resto de sus parientes europeos, es en cierto modo una expresión del aspecto de la sociedad en el que vive. Es un reflejo de un equilibrio social; un conjunto de reglas de juego aceptadas por todos. Si algo hemos visto de este equilibrio en los seis años de crisis, sin embargo, es que no parece haber una coalición reformista suficiente en ninguno de los dos grandes partidos como para forzar cambios, y de forma más preocupante, no parece haber tampoco una coalición electoral.

Basta echar un vistazo a las reformas políticas y económicas de los últimos años para ver que en el fondo no ha habido demasiados cambios relevantes. Dejando de lado el nivel de gasto público y los impuestos (algo relevante, pero que realmente no afecta demasiado la estructura institucional del país) ni el PP ni el PSOE se han planteado seriamente cambiar el funcionamiento de la administración, la ley electoral, el sistema judicial, la estructura interna del partido o el sistema autonómico. El PP, de hecho, ha cambiado el aparato regulatorio del estado y las autoridades de competencia,  politizándolas aún más, y ha desmontado las reformas de sus antecesores en TVE. El armazón que colocó a unos y otros en Moncloa sigue prácticamente intacto.

De forma quizás más preocupante, ni el PP ni el PSOE han podido o querido aprobar reformas económicas con visos de cambiar la estructura económica del país. Cualquier reforma (desde el mercado laboral a la eliminación de los notarios y la liberalización del sector del taxi) tiene siempre, de forma inevitable, ganadores y perdedores; alguien sale favorecido, alguien sale perdiendo. Las buenas reformas, las famosas reformas estructurales que pide Bruselas, tienen la virtud de generar muchos más ganadores que perdedores a medio-largo plazo. Liberalizar el mercado de las telecomunicaciones perjudicó  a Telefónica y sus accionistas en primera instancia, pero las ventajas para los consumidores en precios bajos y mejor servicio fueron mucho mayores. Una reforma laboral que ayude a los outsiders puede generar un mercado laboral mucho más simétrico a largo plazo, dando a todo el mundo mucha mayor capacidad de negociación, pero se enfrentará a las reticencias del resto. En esta crisis los dos grandes partidos han decidido concentrarse en defender los intereses de las coaliciones sociales que les llevaron al gobierno, proteger los sectores económicos que eran fuertes antes de la crisis, y realmente dejar bastante intactas las bases del modelo económico y social de antes de la crisis.

Lo más desesperante de este escenario, me temo, es que a pesar del enorme agujero social dejado por la gran recesión, de todas las protestas, gritos, padeceres y sufrimiento, de todo el ruido y furia, la crisis va camino de acabar esencialmente en nada. El momento reformista de las élites españolas, si alguna vez lo hubo, se extinguió entre los socialistas cuando Zapatero renunció  a una reforma laboral ambiciosa el 2010, y murió el 2012 a poco de llegar Rajoy a Moncloa cuando el Presidente decidió ignorar a Luís de Guindos y apostó por el conservadurismo de Montoro. En ambos casos, los políticos miraron a la sociedad, hicieron números, y o bien se dieron cuenta que no había una mayoría electoral suficiente para sacar nada adelante sin estrellarse, o bien decidieron no tomar el riesgo.  Todo quedará igual.

Hace una temporada escribía sobre el riesgo de tener una recuperación económica sin haber aprobado ninguna de las reformas que la economía necesita. En el sistema político, sin nadie lo remedia, vamos camino de algo parecido; incluso si UPyD e IU sacan un resultado excepcional, es difícil imaginar una mayoría social reformista estable sin la participación de uno de los grandes partidos. Lo aterrador de esta crisis no es su profundidad; lo que realmente da miedo es el riesgo de salir de ella sin haber cambiado apenas nada.

Una nota final: si repasamos la historia de las democracias europeas de postguerra veremos que esta clase de crisis sin cambios estructurales posteriores son la norma, no la excepción. Hay  pocos países en crisis donde un gobierno entrante haya llegado al poder y cambiado el país de dirección de forma substancial: Thatcher en Inglaterra (para bien o para mal), De Gaulle en Francia (golpe de estado mediante), González en España y Schroeder en Alemania (siendo generosos), pero no demasiados más. Una democracia parlamentaria en un país rico es un sistema extraordinariamente estable, para bien y para mal. Cambiar un país de verdad, de arriba a abajo, es algo muy, muy complicado.