Política

Cuando Izquierda Unida conjugó revocar

6 Feb, 2014 - - @kanciller

Parece que, calentando motores para las Europeas, Izquierda Unida ha pasado a la ofensiva.  El partido ha puesto en marcha una “revolución democrática y social”, a saber, una vía de participación ciudadana en la elaboración de su programa que incluye conferencia política, charlas, etc.  De partida encontramos las demandas que esta formación ha defendido insistentemente los últimos tiempos, tanto en economía (auditoría de deuda, renta básica, derogación del artículo 135…) como en política (reforma electoral, ley anti-corrupción o programas electorales vinculantes). Sin embargo, me ha llamado especialmente la atención la propuesta de crear la figura del revocatorio, quizá porque no la había visto antes en su programa. Hasta lo que he podido leer, la idea es la siguiente:

Consideramos necesario que el parlamento y otras instituciones de representación reflejen de la forma más precisa posible la sociedad y sus conflictos de clase, de la misma forma que entendemos que los cargos públicas han de estar vinculados estrechamente a sus representados.

En consecuencia, creemos urgente crear el mecanismo del revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno. Esta figura permite a los representados retirar su confianza en el representante a lo largo de su mandato, sin necesidad de esperar nuevas elecciones, de tal forma que si éste se desvía de la defensa de los intereses por los cuales fue elegido cabe deducir su pérdida de legitimidad

Creo que merece la pena pararse un segundo a reflexionar sobre esta propuesta para ver en qué medida los mandatos revocatorios pueden o no servir como herramienta de mejora del sistema democrático.

El referéndum revocatorio se basa en la idea del mandato imperativo. Los cargos electos, lejos de ser representantes autónomos, se tratan de delegados que tienen una determinada función que cumplir y que responden ante el cuerpo que los designa. No tienen autonomía sino que son portavoces de otros. Del latín “revocare”, estos mecanismos hacen mención al voto de confianza al que se sometían los magistrados en las polis democráticas de la Antigua Grecia. En cualquier momento durante el ejercicio de su cargo, la asamblea de ciudadanos libres (Ekklesia), podía someter a votación la continuidad de la persona titular del mismo. Aunque algunas repúblicas de la Italia medieval contemplaban mecanismos semejantes, lo cierto es que con la llegada de los gobiernos representativos la idea de mandato imperativo – y por extensión, del revocatorio – fue dejada de lado.

Como cuenta Manin en Los principios del gobierno representativo, la idea que se buscó con el establecimiento de las repúblicas representativas era una suerte de elección a medio camino entre la aristocracia inamovible y la democracia cambiante. Ante unos Estados mucho más grandes, complejos y difícil de gestionar, se hacía necesario elegir a unos representantes que estuvieran mandatados por un periodo más largo, que pudieran deliberar de modo autónomo y especializarse en el buen gobierno. Junto con el sorteo –que fue abandonado como regla electoral– ahora tocaba a los representantes interpretar la voluntad de sus electores y de la nación, que era periódicamente refrendada o censurada en las urnas. De hecho, en los Federalist Papers los padres de EEUU alertan contra los excesos de la democracia (y la peligrosa tiranía de las mayorías), una palabra que tuvo bastante mala prensa hasta que la rescataron los movimientos obreros del XIX.

Pese a todo, el revocatorio existe en algunos pocos países de manera restringida. Hasta lo que sé existe a nivel regional en algunos cantones suizos, en varios Estados, condados y ciudades de los EEUU (recuérdese el sonado caso de California), en  Canadá en la provincia de British Columbia, en Venezuela (a nivel de todos los cargos, incluyendo Presidente) o en algunas provincias argentinas. Algunos países no tienen referéndum revocatorio, pero sí referéndum abrogatorio para invalidar parte o la totalidad de una ley (Italia, por ejemplo) pero dejémos este último caso de lado por el momento.

Para realizar un referéndum revocatorio la iniciativa parte de una moción ciudadana y requiere conseguir, normalmente en un plazo fijo,  un número determinado de firmas (un porcentaje variable de los votos que recibió el cargo electo). Si se satisface este requisito, se permite votar el revocatorio. En caso de que salga continuidad, lo normal es que el referéndum no pueda volver a plantearse en lo que queda de su mandato – de hecho, suelen poder realizarse a partir de la segunda mitad de la legislatura. Si el cargo pierde, entonces toca su reemplazo. En algunos casos, se habilita que sea el segundo de abordo (vice-gobernador, por ejemplo) el que tome las riendas. En otros, en el propio referéndum se debe marcar también el reemplazo preferido.

La idea principal que tiene el mandato revocatorio es asegurarse de que los cargos políticos son “representativos” entre elecciones. Es decir, es tratar de hacer que se ajusten al mandato que se les dio en las urnas. Sin embargo, la decisión de emplear esta vía no está exenta de costes. Por ejemplo, las mociones para un revocatorio nunca nacen de ese ente abstracto llamado “pueblo” sino que son fácilmente instrumentalizadas por la oposición o actores interesados en hacer la vida difícil al cargo público. Por poner un ejemplo a sensu contrario de lo que piensan quienes lo promueven, no sería extraño ver a grandes grupos mediáticos y financieros apoyando la revocación de cargos electos muy a la izquierda, usualmente molestos para sus intereses. Y probablemente una campaña bien financiada y organizada podría tener éxito.

Al mismo tiempo, asumir el revocatorio implica que los representantes quedan privados del principal activo que se deposita en ellos: la autonomía. El revocatorio nos obliga a tener unos cargos electos “hiper-representativos”, de manera que tan solo tomarán aquellas decisiones que sean populares a ojos de los votantes, no necesariamente de los “intereses de clase” (sic). Los políticos dejarán de tener incentivos para aplicar políticas de medio plazo y diferir beneficios a futuro ya que pueden enfrentarse a una moción de confianza en cualquier momento. Por ejemplo, algo claramente de izquierdas como es subir la presión fiscal es altamente impopular a ojos de los votantes, así que se volvería una política mucho más costosa de llevar adelante sin un político dispuesto a inmolarse. Si una crítica clásica que se hace a las democracias es que los gobiernos solo miran por los próximos cuatro años, que los partidos son electoralistas (para mí un piropo), el mandato imperativo coloca al cargo casi en campaña permanente.

Un tercer aspecto no menor es la conexión del revocatorio con un sistema electoral proporcional multipartidista. En sistemas como el español votamos listas, no candidatos individuales. Esto último, que sí ocurre en EEUU (por ejemplo), permite aplicar el revocatorio de modo sencillo. Prima la dimensión personal y territorial. Pero… ¿cómo aplicarlo en España? ¿Si se revoca a Mariano Rajoy corre la lista? ¿Se puede ir a por un cargo político concreto dentro de la lista? ¿Y solo a por diputados de mi distrito? Las condiciones señaladas arriba apuntan  que solo se puede hacer para cargos en el gobierno ¿Y si es diputado y ministro? ¿Y si el partido no está en el gobierno pero le da apoyo desde fuera? ¿No es corresponsable de las políticas del gobierno?

Esto es muy importante, porque se supone que los partidos políticos en España representan intereses políticos que trascienden a la persona y a los propios territorios. Si la propia declaración de IU subraya la necesidad de que haya una correcta representación de “los conflictos de clase” y que el cargo “defienda bien los interés por los cuales fue elegido” (sic), tenemos una incompatibilidad. Los intereses de la mayoría del distrito son fáciles de identificar. Los de un grupo social o coalición de electores, incluso aunque sean los desfavorecidos, es más complicados por trascender fronteras provinciales. Supongamos, ¿y si los sevillanos destituyen a José Luis Centella pese a que este diputado es muy popular y buen representante de la clase trabajadora en el resto de España? ¿O al vicepresidente Diego Valderas lo deponen en Huelva pese a ser bien valorado en el resto de Andalucía? Me resulta difícil entender cómo se vehicula el mandato revocatorio con tener unos partidos políticos operando en sistema proporcional.

Trasplantar a las bravas una propuesta de otros países no parece prudente si no se piensa en cuál es la finalidad que se busca con el instrumento. Por ejemplo, si se planteara un revocatorio que supusiera una disolución anticipada de Cortes (digamos, como máximo planteable desde la segunda mitad y con la mitad del censo de requisito) podría tener más sentido. En circunstancias excepcionales podría abocarnos a legislaturas más cortas – que también tiene sus costes – pero que puede tener una razón de ser. Sin embargo, el revocatorio de los cargos individuales me parece muchísimo más complicado de aplicar, además de problemático por sus efectos.

Sinceramente, creo que hay un mecanismo mucho más sencillo para asegurarse de que los partidos se vean obligados a ser dialogantes, transaccionar y llegar a acuerdos con otras formaciones/grupos: que no tengan la mayoría absoluta. Esto es lo que tienen en el resto del mundo donde no hay referéndum revocatorio y… bueno, parece que funciona. Quizá por eso no auguro una larga vida a esta propuesta. Si no tenemos partidos con absoluta en 2015, volveremos a ver cómo los revocatorios pierden su sex appeal. Algo que IU conoce muy bien en Extremadura, Asturias o Andalucía, donde la democracia parece un ejercicio mucho más vivo.

A menos, claro está, que la propuesta del referéndum revocatorio no sea más que un debate interesado para no perder votantes por la izquierda, en cuyo caso, poco más habría que comentar que no se explicase por sí mismo.