Una queja recurrente del nacionalismo catalán es que desde Madrid nadie les está ofreciendo una alternativa. La tercera vía, dicen, es una idea nebulosa sin contenido relevante, el PP está completamente cerrado a negociar, y el federalismo del PSOE es palabrería para disfrazar más de lo mismo. Tienen parte de razón. El PSC está demasiado ocupado autodestruyéndose como redactar nada remotamente coherente, Rajoy sigue con su filosofía de mirar al horizonte y fingir tener una estrategia, y los socialistas están tan aterrorizados con ofender a alguien que ni siquiera se molestaron de hablar sobre Cataluña en su conferencia política.

El PSOE no iba del todo desencaminado hace unos meses. La declaración de Granada, el acuerdo dentro del partido para defender el federalismo, es un documento relativamente decente. Es también una muestra más de por qué los socialistas nunca llegarán a ningún sitio como no se espabilen: en un documento de ocho páginas se tiran las seis primeras hablando sobre lo estupenda que es la unidad de España y pidiendo disculpas por querer reformar la sagrada constitución para hacer felices a los catalanes. En vez de explicar bien la muy razonable lista de propuestas de las dos últimas páginas, el PSOE empieza el debate escondiéndose.

Es una lástima, porque alguien en algún lugar de España haría bien de plantear una alternativa decente al sistema actual, aunque fuera para simular interés. Los nacionalistas acabarán por ganar el debate por incomparecencia de los unionistas. Y no, repetir “dentro de la constitución” como un mantra no es un argumento político racional.

La idea entonces sería ofrecer un paquete de reformas para arreglar el estado autonómico, profundizando en la idea federal. Digo profundizando porque España, mal que nos pese, es un estado federal a todos los efectos. Las comunidades autónomas tienen unas cuotas de poder político, volumen de gasto público y responsabilidades comparables o superiores a muchos estados federados (los únicos  con más poder son los Estados Unidos, algunas provincias canadienses y los cantones suizos); el problema, en todo caso, es que nuestro modelo federal ha sido construido a base de pegotes, transferencias al azar, acuerdos aleatorios y reformas chapuceras hechas sin planos ni ideas coherentes. Nuestro estado autonómico es una federación construida por Victor Frankestein sobre las bases de una constitución ambigua. Los partidos durante la transición decidieron dejar la estructura territorial del estado para otro día, dejando un modelo abierto, y durante tres décadas hemos construido este edificio con nuchas ganas pero sin arquitectos supervisando la obra.  Gran parte de las reclamaciones de los nacionalistas catalanes (y de las obvias deficiencias del sistema – no están protestando chorradas) viene de esta falta de coherencia dentro del sistema.

Los federalistas, entonces, deberían ofrecer un rediseño del sistema actual, arreglando los problemas obvios. ¿Por dónde deberíamos empezar?

1. El modelo de financiación

Dinero, dinero, dinero. En el fondo el gran problema del modelo autonómico es que no sabemos cómo pagarlo. Dejando de lado el País Vasco y Navarra, ninguna comunidad autónoma tiene la más remota idea sobre cómo van a pagar las facturas. En España tenemos un gobierno central que decide sobre casi todos los impuestos, los recauda, y después asigna parte de ese dinero a las autonomías según una formula tan opaca como incomprensible. Las comunidades, mientras tanto, tienen capacidad de decisión sobre un porcentaje descomunal del gasto, son responsables de gestionar la inmensa mayoría del gasto público corriente, y nunca pueden estar seguras sobre cómo lo van a pagar. Como los votantes ven el gasto presente pero no las deudas futuras (y en caso de duda, todo es culpa de Madrid, que nos odia), los políticos autonómicos tendían a gastar con ahínco, dejando bonitos agujeros presupuestarios.

Arreglar esto es muy sencillo: que cada administración se pague lo suyo. El gobierno central tiene sus impuestos, y recauda lo que cree necesario para cubrir sus competencias y programas de gasto. Si una comunidad autónoma quiere dar algún servicio (ya se sabe,  gobernar y tal), debe crear un tributo para poder pagarlo. Esto quiere decir, por un lado, que deberíamos eliminar la estúpida limitación constitucional prohibiendo impuestos concurrentes. Si una autonomía quiere gravar la gasolina o crear un IVA autonómico, adelante, está en su derecho. Por otro lado, esto también significa que veríamos impuestos duplicados federales y estatales. Esto es perfectamente habitual en otros países federales; el papeleo se mantiene a niveles razonables manteniendo una administración tributaria común.

2. Control del gasto

Para evitar esa tradición tan española de gastarse lo que uno no tiene y después ir a llorar a Madrid pidiendo más financiación, las autonomías deberían respetar dos reglas adicionales. Primero, presupuestos equilibrados a lo largo del ciclo, con superávits obligatorios en tiempos de bonanza. Segundo, acumular fondos de reserva para poder utilizarlos durante una recesión si fuera necesario.

Asociada a estos dos límites, el gobierno federal debería a su vez respetar dos reglas claras. Primero, nunca rescatar a una comunidad autónoma en bancarrota si no ha respetado las normas anteriores. Segundo, en caso de recesiones extraordinariamente graves que superen la capacidad de las autonomías para mantener el gasto (una catástrofe natural o una crisis financiera gigantesca, digamos), el gobierno federal debe poder aprobar planes de estimulo especiales para mantener servicios básicos.

3. Derechos sociales mínimos a nivel federal

Una de las atribuciones del gobierno federal debe ser establecer un paquete de derechos sociales mínimos comunes a todo el país. Para asegurar la igualdad entre ciudadanos entre comunidades, el Congreso marcaría una serie de prestaciones mínimas en derechos sociales, y de forma más significativa, pagaría su coste. De este modo tendríamos una prestación de desempleo “federal”, igual para todo el país, costeada por los impuestos federales, una lista de servicios básicos de sanidad con un gasto por habitante determinado, pagados del mismo, modo, y así sucesivamente. Un gobierno de izquierdas en Madrid (DF) obviamente apostaría por hacer estos servicios mínimos tan generosos como sea posible. Un gobierno de derechas hablaría de democracia, derechos autonómicos y la voluntat de un cada poble para pasarle la pelota a los ejecutivos autonómicos.

Efectivamente, en países normales el federalismo es de derechas. En el PP no parecen haberse enterado.

4. Distribución competencial

La distribución competencia es menos importante de lo que parece una vez que cada uno se está pagando sus caprichos, pero también necesitaría retoques. El modelo básico no sería demasiado distinto al actual: una lista de competencias federales exclusivas (defensa, comercio interior, política exterior, unidad de mercado, etcétera), y una cláusula residual que dejara el resto a las comunidades autónomas. A efectos prácticos esto no debería representar un gran cambio en la distribución competencial actual, por cierto; en España tenemos esa especie de cláusula residual gonzo consistente en las comunidades poniendo lo que les apetece hacer en sus estatutos. Es más rápido dejar que hagan casi lo que quieran siempre que no molesten demasiado y se lo paguen ellas.

5. Blindaje identitario

De todas las reformas, esta sería la más inusual a nivel comparado, aunque a efectos prácticos no implicaría grandes cambios: la constitución incluiría específicamente la protección de las minorías nacionales, y restringiría la capacidad del gobierno federal de legislar sobre la materia. Esto incluye la educación, por cierto; lo de decidir temarios desde Madrid (DF) es bastante estúpido. El gobierno federal mantendría la obligación de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en todo el país, pero sólo intervendría en casos extremos*.

6. Participación de las autonomías en decisiones comunes

Dado que el gobierno federal va a tomar decisiones que afectan directa o indirectamente a los servicios prestados y pagados por las comunidades autónomas, estas deben poder tener voz y voto en algunos debates. La forma más obvia de hacer esto es mediante una reforma del Senado más o menos seria, probablemente alineando las legislativas en la cámara alta con las elecciones autonómicas y dándole poder real de veto en algunos temas.

La participación, sin embargo, no debería limitarse al Senado; es necesario crear mecanismos de cooperación y participación reforzada. Algunos programas de gasto, por ejemplo, pueden ser pagados a medias entre federación y comunidades. Si el gobierno central quiere animar a las autonomías a gastar más dinero en algo fuera de sus competencias (digamos guarderías públicas) puede ofrecerse a pagar parte de la factura a las regiones que quieran participar.

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Un modelo federal clásico bajo este patrón tiene tres ventajas importantes. Primero, no necesita demasiados cambios constitucionales; el sistema de financiación es una ley orgánica, la atribución de competencias requiere retocar dos o tres artículos y el Senado sería revivir una institución inútil. El capítulo cultural es el más complicado de redactar, pero no creo que sea insalvable. Segundo, la solidaridad entre regiones es transparente y automática, sin arreglos contables opacos. Las comunidades más ricas tienen más gente con más recursos que pagan más impuestos, las más pobres tienen más gente pobre que utiliza servicios y prestaciones estatales pagadas por el estado. El reparto de la inversión en infraestructuras es un poco menos obvio, pero (idealmente) debería estar fuera del alcance de los políticos y regirse por criterios técnicos. Tercero, es un modelo de federalismo simétrico que permite a cada comunidad autónoma decidir qué quiere hacer. Todo el mundo tiene las mismas competencias, siempre que quiera pagarlas. Cataluña, si así lo desea, puede ser un lugar donde los botiguers viven seguros y el cine se dobla en cuatro idiomas, y hacerlo sin molestar a nadie. Las comunidades con menos ganas de ser distintas puede conformarse con el nivel mínimo de gasto federal,  dejar que todo se decida en Madrid y quedarse tan tranquilas.

No sé si bastaría para aplacar a los independentistas, aunque los resultados de la encuesta de ayer en La Vanguardia (y el 67% de apoyo a un pacto fiscal) me hacen sospechar sí. Por encima de todo, es un modelo más justo, más transparente y más eficaz. El sistema autonómico español tiene varios problemas obvios, y no estaría de más intentar arreglarlos, con y sin nacionalistas de por medio. Hay veces que intentar arreglar las cosas es la mejor manera de solucionar un problema, por increíble que pueda parecer. No estaría de más intentarlo.

*: En este punto, por cierto, soy más partidario de no tener un idioma oficial (como sucede en Estados Unidos) y obligar a todas las administraciones públicas a responder a los ciudadanos en cualquier idioma que estos necesiten. La centralita de atención al cliente para la reforma de la sanidad en Connecticut tiene acceso a traductores para 70 idiomas (no exagero), y no parece ser un problema. Dado que los políticos españoles tienen un apego irracional a la política cultural me resigno a tener legislación sobre estos temas.