Economía

Probablemente, la dualidad empeora la igualdad de género

17 Dic, 2013 - - @jorgegalindo

Una de las ideas que intenté explorar en el Cervezas y Politikon del 19 de noviembre es la posible relación entre la dualidad y la desigualdad de género. La tesis de partida, entresacada de este fantástico libro que me regaló Cives, era más bien sencilla: es probable que un sistema basado en una protección por despido dual como el español (contratos indefinidos con alto coste por despido y contratos temporales de bajo coste) acabe por perjudicar más a las mujeres que a los hombres.

De manera muy esquemática, en este tipo de sistemas a la hora de cubrir un puesto (en este caso, con una mujer) las empresas tienen dos formas de contrato entre las cuales escoger, una flexible y la otra rígida. Es probable que la segunda nos proporcione una mayor productividad por hora puesto que establecemos una relación más estable con la empleada, podemos invertir en confianza y en formación en lugar de en controlarla. La primera nos proporciona, por contra, una mayor flexibilidad para disponer de su puesto y además una amenaza de despido más creíble. A este dilema entre estabilidad y flexibilidad se enfrentan las empresas en un marco regulatorio dual, cada día. Si la empresa sospecha que la es posible que la futura trabajadora deje de serlo por razones personales en el futuro, o que no dedique todas sus horas y su esfuerzo, la opción flexible va a aparecer como comparativamente más atractiva. En un país en el cual las mujeres tienen un poder de negociación en el reparto de las tareas del hogar por debajo del de los hombres, el empresario actuará racionalmente si tiende a dar más trabajos temporales a las mujeres que a éstos.

De la misma manera, en este país habrá más mujeres que tomen un trabajo a tiempo parcial sin realmente desearlo porque será la única manera de encontrar un equilibrio relativamente estable entre sus obligaciones en el hogar y sus necesidades de conseguir ingresos. Los empresarios estarán más dispuestos a dárselos si con estos contratos se cubren puestos de menor responsabilidad o relevancia, o simplemente que requieran habilidades menos específicas y sean más sencillos de controlar. Existe alguna evidencia de que en España este puede ser el caso: en 2012 fuimos el segundo país de la OCDE con más trabajadoras a tiempo parcial de manera involuntaria; más de un 12%.

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En realidad, el argumento de fondo es bastante viejo. Se remonta por lo menos a los primeros trabajos del sociólogo sueco Esping-Andersen, en los cuales venía a defender (entre otras cosas) que para hacer políticas de igualdad de género lo mejor era tener en cuenta toda la construcción de nuestro Estado de Bienestar, y no solo las políticas explícitamente dirigidas a las mujeres. Cualquier política de protección va a tener un efecto determinado sobre cada miembro de un hogar, y como tal deben ser consideradas para estimar hasta qué punto nuestro sistema de protección ayuda o impide la aparición de desigualdades. El ejemplo más claro (y también uno de los preferidos de Esping-Andersen) es el de las guarderías: en una sociedad en la que las mujeres tienden a hacerse cargo del trabajo reproductivo, la falta de apoyos públicos para cubrirlo va a perjudicar más a ellas que a los hombres. Y viceversa, por supuesto. Pero no hay por qué pararse ahí: el hecho de que las bajas por maternidad sean más generosas que las bajas por paternidad es un regalo envenenado porque fuerza a las mujeres a ser quienes más rompen con su carrera profesional; la falta de soporte para el cuidado de ancianos y dependientes, etcétera. En este paquete entra la protección por despido dual de la manera que comentaba.

Pero es que además podría argumentarse que el hecho de que algunos países opten por un sistema de protección como este tenga que ver con el superior poder de negociación de los hombres a la hora de decidir políticas. En este provocador paper de 2004, Yann Algan y Pierre Cahuc desarrollan lo que llaman la “hipótesis macho”: en aquellos países en los cuales los valores o la religión (católica, musulmana u ortodoxa) marcan la división del trabajo por género, otorgando a los hombres la responsabilidad de traer el pan a casa (tal cual: ‘breadwinner’ en la literatura especializada), será más probable que se desarrollen sistemas de protección que defiendan sobre todo el empleo de éstos. Modificando un poco su argumento y añadiendo elementos del libro de Iversen y Rosenbluth puede llegarse a una hipótesis paralela para el caso de la dualidad: dejando de lado el aspecto cultural del asunto, allá donde por cualquier razón los hombres cuenten con el cuasi-monopolio del trabajo que aporta la mayor cantidad de recursos monetarios al hogar, su poder para bloquear cualquier reforma que afecte a dicha posesión será mayor. Por tanto, si partimos de un sistema de protección basado en los costes por despido (como era el caso de España, Portugal, Italia o Grecia en los setenta), deshacer su nivel de protección será particularmente difícil, y la creación de “flexibilidad en el margen” (vamos: precariedad), más probable. Los hombres de edad media en adelante y contrato fijo dejarían la carga de los vaivenes del mercado laboral sobre los hombros de los jóvenes… y de las mujeres recién incorporadas.

Es por ello que en el debate del 19 de noviembre defendí que la lucha por el cambio del Estado de Bienestar no es necesariamente generacional, y puede tener perfectamente un componente de género. Algo que, sorprendentemente, ninguno de los partidos con representación en el Congreso parece tener demasiado arriba en su agenda.