Política

El asalto partitocrático al CGPJ

21 Nov, 2013 -

1. El CGPJ en su regulación normativa.

La Constitución exige que los jueces sean “independientes” (art. 117.1) y, para ello, consagra su inamovilidad, impidiendo la intervención de los poderes políticos en la separación, suspensión, traslado o jubilación de aquellos (art. 117.2). Para garantizar la independencia e inamovilidad de los jueces, la Constitución opta por un modelo de gobierno del poder judicial implantado en Europa después de la II Guerra Mundial (Francia 1946, Italia 1947, Portugal 1976), como es el de los Consejos de la Magistratura, aquí denominado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta 1945, en la mayoría de los países europeos los jueces eran nombrados directamente por el Gobierno, o su intervención era determinante. Además, podía influir en las situaciones administrativas de los jueces (ascensos, traslados, sanciones, etc.) llegando hasta su apartamiento si incomodaban al poder político. Con los Consejos de la Magistratura se pretendió crear un órgano constitucional separado del Ejecutivo que tuviera la competencia sobre los nombramientos y carrera profesional de los jueces, reforzando con ello su independencia, ya que, como ha dicho el Tribunal Constitucional (TC), “la finalidad del Consejo es, pues, privar, al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado» (STC 108/1986).

El CGPJ está regulado en la Constitución, pero ésta no cierra todos los flecos en cuanto a su nombramiento y posición constitucional. El procedimiento de nombramiento ha sido el tema más polémico, hasta el punto que ha dado lugar a cuatro formas diferentes de composición del Consejo (1980, 1985, 2001, 2013). La Constitución (art. 122.3) establece que el CGPJ está integrado por el Presidente del TS, que lo preside, y por veinte miembros, de los que doce se nombran “entre” jueces y magistrados (los denominados vocales judiciales), y ocho por las Cortes (cuatro Congreso y cuatro Senado) por mayoría de tres quintos “entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (vocales no judiciales).

El problema en cuanto al procedimiento se ha planteado con los doce vocales de procedencia judicial, ya que la interpretación inicial que hizo la doctrina jurídica es que tenían que ser elegidos por los propios jueces y así lo recogió la ley orgánica (LO) del CGPJ de 1980. El resultado fue que el primer CGPJ que salió en 1980, por la composición ideológica de los jueces en aquellos momentos, era marcadamente conservador. Esto llevó a un enfrentamiento continuo desde 1982 con el Gobierno socialista de F. González.

La respuesta fue la aprobación de la LO 6/1985, estableciendo el nombramiento por el Congreso y por el Senado de todos los vocales, judiciales y no judiciales. Este procedimiento, no taxativamente prohibido por la Constitución, fue avalado por la sentencia del TC 108/1986, pero el propio Tribunal advertía del riesgo que implicaba el sistema elegido, ya que podía frustrar la finalidad señalada en la Constitución si las Cámaras “olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. Desgraciadamente es lo que ha venido ocurriendo desde entonces, con vocales, judiciales y no judiciales, elegidos más por su cercanía ideológica a los partidos que por su cualificación profesional. No hay que olvidar que, entre otras competencias, el CGPJ decide los nombramientos de todos los magistrados del TS, de los Presidentes y Presidentes de Sala de la AN y de los TSJ, y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.

La LO 2/2001 introdujo una cierta participación de los jueces en las propuestas, pero mantuvo la elección parlamentaria y los partidos mayoritarios continuaron actuando de la misma forma que con anterioridad. Pues bien, a pesar de que el PP prometió en su programa electoral (p. 179) que los jueces elegirían a los vocales judiciales del CGPJ, la cuarta reforma legal (LO 4/2013) permite ahora ser candidato a cualquier juez avalado por otros 25 o por una Asociación judicial, pero el nombramiento sigue en manos del Congreso y del Senado por mayoría de tres quintos.

2. El asalto al CGPJ en 2013.

Esta semana se ha producido el acuerdo para la renovación del CGPJ con el nuevo procedimiento. El acuerdo consiste en un reparto puramente de cargos en los que cada partido tiene un cupo (10 PP, 7 PSOE, 1 CiU, 1 PNV y 1 IU) con el que designa a su antojo y sin que los demás entren a valorar la idoneidad y competencia de los propuestos.

Por otra parte, la Constitución dice que el Presidente, que automáticamente se convierte también en el del TS, se elige por el propio CGPJ. Sin embargo, como ha venido sucediendo tradicionalmente, parece que PP y PSOE están pactando ese nombramiento para imponerlo a “sus” vocales. Lo importante no es la competencia profesional y el respeto a la Constitución, sino intentar que los partidos controlen de hecho el CGJP.

En este sentido, resulta curioso cómo la oposición, que criticó con vehemencia la reforma legislativa de 2013, se apunta a un contubernio en la distribución de los vocales para mantener su parte de poder en el control del poder judicial. El PSOE recurrió la LO 4/2013 ante el TC y proclamó que rompía todas las relaciones con el PP, pero todo eso se ha olvidado cuando de la negociación de cargos se trata. Lo mismo puede decirse de IU, crítico con la LO, y extremadamente contrario a ese pacto hasta el momento anterior a adherirse al mismo.

Puede ser discutible desde el plano de la teoría democrática si un órgano constitucional ha de elegirse al margen de los poderes políticos, pero la experiencia española y el espíritu del art. 122 de la Constitución aconsejan una vuelta al sistema de elección de los vocales judiciales por los propios jueces. No tiene que ser como en 1980 en que estaba desequilibrado a favor del TS y de los sectores más conservadores, sino que puede establecerse un sistema mucho más democrático de elección y que favorezca la independencia de los elegidos.

En un momento en que el acceso a la justicia está condicionado por los recursos económicos (tasas judiciales), en que las decisiones judiciales pueden convertirse en papel mojado (indultos) y en que los fiscales están mediatizados por la dependencia jerárquica y la unidad de actuación con el Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno, la continuación del asalto partidario al CGPJ va a contribuir más si cabe a la desconfianza de los ciudadanos en la justicia, ahondando en la crisis de las instituciones que vive España.