Parece que la última versión de la reforma de la Administración local (PDF, resumen, resumen oficial) es la definitiva. Tras echarle un ojo, la verdad es que le deja a uno bastante frío. De los temas más importantes que debemos solucionar en España (financiación municipal y tamaño/división territorial), el primero no lo toca apenas, y el segundo, del que hablaré aquí, lo aborda en la dirección apropiada (salvo la incursión de las Diputaciones) pero de manera un tanto cobarde.
El texto va poco más allá de incentivar la «fusión voluntaria» de municipios fronterizos y dar la capacidad a las Diputaciones para gestionar ciertos servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes. También (faltaría más) dificulta la creación de nuevas entidades municipales a través de la división. E introduce, eso sí, un criterio relativamente fuerte de división competencial, al determinar que los municipios podrán asumir áreas siempre y cuando estén bien cubiertas aquellas que les son propias, la sostenibilidad fiscal esté garantizada y no existan duplicidades.
Este último punto es posiblemente el más interesante. Hasta ahora, basándose en un sistema de financiación que no ligaba correctamente representación e impuestos y generaba incentivos perversos, ayudado por las rentas provenientes del suelo, muchos municipios españoles han venido asumiendo una serie de competencias que no estaban obligados por ley a llevar adelante. Sin embargo, sea porque proporciona votos, sea porque se han visto en la tesitura de tener que proveerlos porque nadie más lo hacía (en realidad, ambas cosas son lo mismo, solo depende del cristal con que se mire), así ha sido. El problema es que lo han hecho muchas veces sin estructuras apropiadas, sin incrementos claros de la base fiscal que mantenga el enlace entre políticas ofrecidas y su coste para la ciudadanía (así como entre quién se redistribuye), y, sobre todo, dentro de una división territorial que no responde a la escala en que se articulan las demandas de la ciudadanía.
Las fronteras entre municipios en España son, la verdad, absurdas. Yo suelo recurrir al libro de Alesina y Spolaore sobre el tamaño de las naciones para explicar las ventajas e inconvenientes de centralizar y descentralizar, pero quizás en este caso sea matar moscas a cañonazos. Es tan sencillo como comprender que en un área urbana integrada como la metropolitana de Valencia no tiene sentido que exista una unidad de gestión pública separada para calles que están pegadas una a la otra. O que, por el contrario, una diseminación de municipios en Ourense podrían ahorrar mucho a los contribuyentes si decidiesen unir gestión de servicios que no dependan estrictamente de la proximidad. En el trade off entre economías de escala (a favor de centralizar) y cercanía a las preferencias y necesidades de los ciudadanos (a favor de descentralizar), el sistema español es tan malo que puede mejorar en ambos frentes. En el primero, por lo ya expuesto. En el segundo, porque aquellas personas que viven en áreas urbanas integradas y se mueven todos los días dentro de las mismas para trabajar, ir a comprar, salir de fiesta, visitar a la familia o cualquier otra actividad cotidiana preferirían, por ejemplo, tener una misma tarjeta de transporte para viajar por todas las comarcas que rodean a su ciudad de origen (no hablemos ya de casos como el holandés, donde una sola tarjeta de transporte sirve para todo el país, aunque claro, lo pueden hacer por tener densidades ridículamente altas). Dicho de otra manera, dado que la escala marcada no se corresponde con los hábitos y las preferencias de los ciudadanos ni con las posibilidades de reducir costes aunando Administraciones, cualquier cambio (incluso una asignación al azar) es susceptible de generar mejoras de eficiencia en el largo plazo.
En definitiva, de lo que se trata es de ajustar los niveles de gestión territorial a la base económica, de movilidad y de densidad, olvidándonos completamente de fronteras con raíces históricas y clarificando las competencias asociadas a estos nuevos niveles, haciendo explícita la provisión de ciertos servicios que los municipios ya asumen de facto (o, si no procede, moviéndolas a un nivel superior). De esta manera, introducir un sistema de impuestos locales quedaría ligado de una forma mucho más clara con los servicios que cada ciudadano necesita recibir, financiados con dichos impuestos. En resumen: menos unidades administrativas, más basadas en la realidad actual, y, si tienen más competencias, que sea porque ellos gestionan los impuestos. A partir de aquí podemos embarcarnos en otro debate, que es el de centralización vs. descentralización fiscal y sus consecuencias para, principalmente, niveles corrupción e igualdad y redistribución. El segundo punto quedó discutido aquí. Respecto al primero baste decir por el momento que soy de la idea de que la descentralización y la centralización no generan más o menos incentivos para la corrupción por sí mismas, sino que esto depende más de otra serie de aspectos del diseño institucional, que espero tratar en la próxima entrada de esta serie.
A modo de apunte final, soy consciente de la dificultad política que entraña lo que propongo, en el sentido de que es algo que generaría una gran cantidad de oposición entre alcaldes y ciudadanos. Los primeros perderían cuota de poder, y los segundos tendrían miedo de perder recursos y capacidad de decisión (al fin y al cabo, un voto entre 100.000 vale menos que entre 1.000). Aunque en el largo plazo los ciudadanos saldrían probablemente ganando con una división territorial diferente (dando por sentado que las otras dos patas, la fiscalidad y la calidad de gobierno, también mejoran, claro), es difícil explicar que en el corto plazo no habrá pérdidas. La economía política de esta reforma es peliaguda, como lo es la de casi todas. Sin embargo, un Gobierno ha de hacer el esfuerzo de llevarlas adelante. En este caso, además, la reforma solo puede triunfar políticamente si mejora a la vez los tres aspectos clave. No valen medias tintas.
Este asunto es fascinante desde muchos puntos de vista.
– ¿alguien ha analizado si esos municipios de menos de 20.000 habitantes tienen más o menos deuda por habitante? ¿Y cómo de contentos están sus ciudadanos con el nivel de prestaciones que reciben de sus ayuntamientos? Porque a lo mejor esas «competencias impropias» ni son tan insostenibles ni tan absurdas.
– el trade off de marras, ¿cómo explica que por el hecho de que la basura la,gestione la dipu va a salir más barato? ¿la dipu lo puede hacer con menos camiones que alguna de las mancomunidades que hay ahora y que funcionan muy bien? Nos vamos a reír con eso del coste estandard y la basura cuando la Dipu tenga que prestar ese servicio en este municipio sí, en este no, en este tampoco, en este a 50 km sí… economías de escala, dicen.
1. De hecho, lo que vengo a proponer sería más o menos eso (a diferencia del proyecto de ley que establece una barrera arbitraria, 20.000, y dice que hay competencias que mira, que ya no tienen sentido desde ahí por alguna mágica razón). De hecho, insisto en que lo importante es cambiar el sistema de financiación a la vez.
2. Que lo haga una Diputación es absurdo, sí.
Hola,
Me ha gustado en general, pero creo que el problema de las resistencias a la fusión de municipios no está tanto en la pérdida de poder como en un localismo sentimental.
Has comentado el caso del área metropolitana de Valencia y siendo cierto lo que dices sé (porque soy de Valencia) que el localismo de base sentimental, las rencillas entre municipios cultivadas durante años y cosas de ese estilo serían la principal dificultad para unificar municipios. Por poner un ejemplo, Alfafar y Sedaví están divididas por una calle, pero los de Alfafar son de Alfafar y los de Sedaví de Sedaví y no les hables de fusionar nada, porque generará resistencias pasionales por ambas partes y sobre todo por el municipio más pequeño.
Saludos,
De elegir los cargos de la Diputación de forma directa ¿Hablan algo?
La corrupción de proximidad es más difícil o, al menos, ha de beneficiar a la mayoría. En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce y el alcalde no deja de ser un vecino. Por otro lado hay muchos pueblos en los que solo cobra el alcalde y no mucho, porque la cosa no da para más. El concejal de juventud y educación, por ejemplo, es una de las maestras del pueblo; el de comunicación el periodista retirado…
¿Qué ganamos con que la diputación se haga cargo? Lejanía, corrupción impersonal y más gasto.
¿Y qué ganamos si unimos varios municipios? Centralismo, abrir viejas heridas y desprecios, clientelismo político y, por supuesto, aumentar el número de funcionarios o crear delegaciones de barrios. O sea, más gasto.
Pero eso es tan simple que todos lo saben, tanto aquí como en el gobierno.
Me pregunto cómo se organizarán tantas provincias que no alcanzan los 200.000 habitantes. La capital será un municipio… y el resto del territorio serán 4 o 5 municipios más, agrupando muchos de ellos más de dos docenas de pueblos con el fin de llegar a los 20.000 habitantes. Muy eficiente, se obtiene unas economías de escala del carajo, no como en la actualidad cuando ayuntamientos vecinos forman mancomunidades y/o comparten servicios como la policía municipal y la recogida de las basuras.
O esto, o que tus servicios te los organice por Decreto Ley la Diputación -con sus dirigentes nombrados quién sabe cómo- según ésta mejor considere. Si un servicio deja qué desear, votar a otro alcalde no sirve de nada. Un perfecto ejemplo de cómo acercar las instituciones a los ciudadanos.
Es que con el fin de simplificar la administración y evitar los duplicidades, nada como potenciar las diputaciones ( y la figura del delegado del gobierno en cada provincia).
Para ir hacia la eficiencia las Diputaciones tendrían que dejar de ser lo que son ahora las Diputaciones y no creo que vay por ahí el tema. Ahora mismo son – mayormente- un algo que va haciendo obras por aquí y por allá, mientras que tendrían que cambiar a ser un ente prestador de servicios para los ayuntamientos que no dan la talla. Podrían prestar servicios jurídicos y urbanisticos, evitando unos cuantos interventores, secretarios y arquitectos… y tambien podrían – asignatura pendiente de muchos municipios- cobrar impuestos y tasas.
Pero que antes las reformen para que dejen de ser el nucleo caciquil que son, por favor
Me parece muy bien que las fuerzas progresistas nos opongamos a este proyecto, como militante socialista comparto las inquietudes: son especialmente preocupantes la falta de diálogo y la posible desaparición o privatización de servicios sociales, educativos y sanitarios que vienen prestando nuestros Ayuntamientos. No obstante, entiendo que:
1. Independientemente de la administración local o autonómica que lo gestione (deberá ser la más eficaz), opino que lo que hay que defender con uñas y dientes es su continuidad en cualquier caso, su carácter público y su suficiencia financiera.
2. Precisamente para reforzar el municipalismo, en la tramitación parlamentaria propongo que PSOE, IU e UPyD planteen claramente la supresión de las Diputaciones de forma progresiva (proceso que culminaría con la reforma constitucional que proponen todas esas fuerzas impulsando el federalismo) y propiciar (no imponer) financieramente (de forma generosa) la fusión de los Ayuntamientos pequeños (menos de 5.000 habitantes), así como los que ya son una unidad física. No sólo por razones de eficiencia sino por disponer un equipo funcionarial más sólido, como garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos y del respeto a la legalidad. Disponiendo de un marco básico común en el municipio fusionado (un único PGOU, un único presupuesto) se puede articular la descentralización que sea necesaria en cada núcleo local.
3. Creo que hay que reforzar decididamente al funcionariado local y, en este sentido, propongo: 1) la creación de un nuevo Cuerpo Nacional de Arquitectos Municipales, ya que el Urbanismo es la principal competencia de los Ayuntamientos y para garantizar el mayor respeto a la legalidad en esta delicada materia 2) la eliminación de las restricciones en la oferta de empleo público hasta conseguir que en el plazo de dos años todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes tengan cubiertos en propiedad todas las plazas de funcionarios de habilitación nacional.
4. Asimismo creo que habría que crear para las grandes ciudades y los municipios circundantes la figura de las ciudades metropolitanas, con amplia autonomía y competencias reforzadas.
5. Finalmente, propongo que dejemos de una vez atrás a “las provincias” y que en España se configure una nueva circunscripción electoral, a la que yo llamaría el “Distrito”, con una horquilla poblacional de entre 100 y 200.000 habitantes, compaginando la proporcionalidad y la cercanía, cuya delimitación la propondrían las CCAA: 300 diputados uninominales serían elegidos por cada uno de los 300 distritos y 100 más en una lista nacional de cada partido. El Distrito sería asimismo el ámbito de evaluación y participación ciudadana respecto al funcionamiento de los servicios públicos y donde se constituiría un Consejo de Alcaldes, con presencia del representante autonómico en el mismo (propongo que la red territorial de la autonomía sea mucho más “capilar”) y donde se propiciarían fórmulas de intermunicipalidad horizontales (lejos del tutelaje paternalista de las Diputaciones).
Miguel Á. Lobato Aguirre, Abogado especializado en Derecho Público. Sevilla 28/07/2013
¿Conocéis el caso Mérida?
Bien: Mérida está unida por autovía a Cáceres y a Badajoz, pero no lo están las dos principales capitales de provincia extremeña.
La razón es muy simple: los diputados autonómicos quieren ir a su trabajo por autovía y la construyeron.
Porque sabemos cómo funciona el mundo real, no queremos que la sede del ayuntamiento se vaya a otra localidad. En cuanto se va la sede, se va el dinero, los servicios y la preocupación porque las cosas se hagan correctamente.
Por eso nadie quiere fusionar ayuntamientos: si el que desaparece es el tuyo, date por jodido: en el pueblo de al lado se lo quedarán TODO.
Da la casualidad de que la autovía Mérida-Badajoz es un tramo de la ruta Madrid-Lisboa hace siglos, de competencia estatal y parte de una ruta europea; y la Mérida-Cáceres lo es de la Sevilla-Gijón desde la época de los romanos, también de competencia estatal y uno de los principales ejes de comunicación norte-sur de la península. La carretera Badajoz-Cáceres es parte de la ruta que une Badajoz y Cáceres. Vamos, que la razón no es tan simple.
Ese argumento es como mínimo retorcido y torticero.
Cáceres y Mérida están en la Ruta de la Plata (A-66) y Badajoz está ligeramente de lado y hay una carretera que la comunica con ésta.
No hay ninguna autovía Badajoz Mérida, al menos según Google Maps.
Vamos, que es como si me dices que no hay AVE Madrid-Barcelona pero si hay Madrid-Zaragoza y Zaragoza-Barcelona porque uno de los diseñadores era maño.
[…] 26 se dio luz verde a la reforma local – esa que le ha costado más de un año parir al gobierno. Como decía Jorge Galindo aquí los temas prioritarios a afrontar – financiación y tamaño de las unidades locales – han […]