Política

Cataluña: ¿y si se les da lo que piden?

3 Jul, 2013 - - @egocrata

Una de las viejas leyendas de la política española es que los nacionalistas periféricos son insaciables. Uno nunca puede ceder a sus demandas; si les damos lo que piden, reza el dicho, vendrán al cabo de unos años exigiendo más, más y más hasta el infinito. Esos retorcidos catalanes, gallegos y vascongados sueñan con gobiernos en minoría en Madrid, sacando concesiones a cambio de investiduras cual vampiros sedientos de transferencias fiscales.

Esta teoría, sin embargo, siempre me ha parecido falaz por un motivo muy simple: los nacionalistas nunca han conseguido de lo que pedían. Más concretamente, los sucesivos gobiernos en Madrid nunca parecieron preocuparse de escuchar lo que decían, diseñando un modelo de financiación autonómica tras otro basado en ideas erróneas. La cuestión es, los nacionalistas nunca han pedido más dinero realmente; la idea central, la reivindicación primigenia de todo el nacionalismo catalán es, y ha sido siempre, poder controlar cuánto y cómo recaudan impuestos.

Aunque parezca lo mismo, la diferencia entre ambas cosas es considerable. Los nacionalistas no piden un porcentaje mayor del IRPF, o del IVA, o la cesión de este u otro tributo específico. A ellos los porcentajes les importan relativamente poco. Su objetivo no es un porcentaje mayor de la recaudación, sino un sistema tributario propio, con el parlamento catalán escogiendo cómo recaudar. No quieren una parte del IRPF, quieren su IRPF. Y la verdad, tienen cierta razón en pedirlo, y el gobierno central haría bien en prestarles atención.

El problema principal del sistema autonómico español es relativamente simple: las autonomías tienen una enorme capacidad de gasto, al gestionar la mayor parte del estado del bienestar (prácticamente todo, aparte de pensiones y desempleo). Sin embargo, las autonomías apenas tienen libertad de maniobra escogiendo cómo pagan por esos servicios, dado que la recaudación está controlada en casi todos los casos por el gobierno central. Esto crea dos problemas importantes. Primero, los políticos autonómicos tienen a menudo bien poco a decir sobre qué pueden o quieren hacer cuando son elegidos. El presupuesto disponible depende de la voluntad de las Cortes en Madrid, los entresijos del último pacto de financiación autonómica que nadie entiende demasiado y un absurdo sistema de liquidaciones que hace que las cuentas del 2013 se cierren en base a lo recaudado el 201o. Por muy buen gestor que sea uno, esta no es forma de llevar un comunidad autónoma. Segundo, y más importante, la absurda opacidad de todo el tinglado hace que nadie entienda realmente quién está pagando cada cosa, con el resultado que nada es culpa de los políticos autonómicos (o eso dicen) o todo es mérito de su maravillosa gestión (idem), sin posibilidad de entender las cuentas.

Un modelo que a buen seguro haría felices a muchos nacionalistas catalanes y evitaría muchos dolores de cabeza pasa por eliminar las dos normas más absurdas de todo nuestro sistema autonómico: la idea que una autonomía no puede crear impuestos donde el estado ya está recaudando, por un lado, y la estúpida manía que tenemos que pagar lo mismo del mismo modo en todas partes. El primer punto es relativamente sencillo: el IRPF, IVA y demás no deberían ser divididos entre los dos niveles de gobierno según un porcentaje fijo, sino siguiendo dos impuestos separados. En Estados Unidos, sin ir más lejos, a muchos nos toca preparar dos formularios de income tax. El gobierno federal, por un lado, recauda lo suyo, y el gobierno estatal hace lo propio con su propio tributo. Para simplificar papeleo, ambos impuestos son gestionados en la misma “ventanilla” del IRS, pero la estructura de cada tributo es completamente distinta. Algunos estados, como Connecticut, tienen impuestos progresivos, otros tienen flat tax (puramente proporcionales) y algunos carecen de impuesto sobre la renta estatal y recaudan todo con impuestos indirectos. El sistema es a veces confuso (especialmente si vives en un estado y trabajas en el estado vecino), pero los legisladores y votantes  pueden decidir claramente el nivel de servicios que piden y de dónde sacarán el dinero. El único límite sobre dónde pueden recaudar los estados es que sus tributos no pueden actuar como aranceles  o limitar el comercio interestatal, y santas pascuas.

La redistribución entre territorios con este sistema, por cierto, sigue siendo fortísima. Para empezar, el gobierno federal centraliza varios programas directamente, incluyendo pensiones, Medicare (sanidad para jubilados), Medicaid (sanidad para los más pobres, en parte hasta este año, casi por completo a partir del 2014) y los subsidios para seguros de la ACA (la reforma de la sanidad). Los estados tienen voz y voto en muchos de estos programas, con los estados más liberales complementando las (muy tacañas) asignaciones federales en Medicare, ofreciendo cobertura adicional en Medicaid o dando servicios complementarios adicionales, pagándoselo de su propio bolsillo. En las regiones más progresistas, los estados también dedican bastante más dinero a educación (totalmente en manos locales o incluso municipales; el gobierno federal no tiene ningún poder directo en este aspecto), transporte público y otros servicios. Dado que las zonas más ricas tienen menos ciudadanos que reciben programas federales, a la práctica Connecticut o Massachusetts pagan mucho más de lo que reciben, mientras que Arkansas o Mississipi cobran bastante más. Los servicios sociales son infinitamente generosos en el noreste, con el gobierno federal a menudo pagando una parte del coste adicional si el estado también pone dinero, mientras que en el sur los servicios son mínimos, pero las transferencias entre regiones son considerables (Washington ens roba, en Connecticut, estaría más que justificado).

Un modelo así en España tendría varias ventajas claras. Para empezar, permitiría a las autonomías más progresistas recaudar y gastar más. Los catalanes, con sus obsesiones de hacerlo todo mejor y más grande, podrían lanzarse a jugar a ser Holanda sin que nadie les incordiara. Por añadido, aclararía las cuentas de una vez, permitiendo al gobierno central tener unos cuantos impuestos bien claritos y varios programas de gasto automáticos y predecibles a la vista (la sanidad, por ejemplo, podría incluir una cartilla de servicios mínima pagada por el estado), sin el marasmo de cajas de compensación existente. Las infraestructuras incluso las podríamos pagar a medias siempre, asegurando que todo político que quiera elefantes blancos deba pasar por caja.

Por encima de todo, sin embargo, creo que arreglaría el problema del independentismo catalán haciendo algo muy simple: más democracia y poder de decisión para las autonomías. Un federalismo tan asimétrico como quiera cada territorio, con reglas de juego claras y comprensibles. Un sistema así cabe en la constitución sin excesivos problemas, haría las cuentas públicas mucho más sencillas y potencialmente sacaría el eterno caballo de batalla de la financiación autonómica fuera del debate.

El problema, claro está, es que a menudo la derecha española parece no querer solucionar el problema, la izquierda española teme el federalismo porque suena como algo creador de desigualdad y los nacionalistas a veces prefieren llorar y llorar sin arreglar nada no sea que se queden sin chiringuito, pero ese es otro tema. El problema territorial español no es difícil, es que no parece que queramos arreglarlo. Como tantas otras cosas.