Economía

Hacia una reforma creíble: perspectivas sobre el debate de las pensiones (I)

13 Jun, 2013 - - @jorgesmiguel

Artículo escrito en colaboración con Cives

Desde Politikon seguimos intentando aportar algo de perspectiva en el debate sobre la propuesta de reforma de las pensiones, un asunto que nos parece de la máxima importancia. En este artículo enumeraremos primero algunas de las razones por las que la reforma nos parece necesaria, basándonos tanto en consideraciones demográficas y económicas como políticas; y en una segunda entrega nos centraremos en la sostenibilidad política de la reforma y en los equilibrios generacionales e intertemporales precisos para que resulte creíble su mantenimiento en el futuro.

El peso económico de la demografía

Todos los estados de bienestar occidentales se enfrentan al reto del envejecimiento y el caso español no es una excepción. A pesar de que, como veremos, este reto obliga a repensar muchos aspectos de nuestras políticas sociales,  es necesario destacar que el envejecimiento es una consecuencia de desarrollos considerados positivos, tales como una mayor esperanza de vida y la menor natalidad causada por la incorporación de la mujer al trabajo, así como cambios en los hábitos sociales. Estos desarrollos, que caracterizan a cualquier sociedad moderna, causan inevitablemente que la estructura de la pirámide poblacional impacte sobre la sostenibilidad del estado de bienestar.

A legislación constante, al aumentar el número de jubilados y la edad media de la población, varias partidas de gasto, especialmente las pensiones y la sanidad aumentan; mientras que los ingresos fiscales, que dependen del número de trabajadores activos, no lo hacen al mismo ritmo. Se produce por tanto un desajuste entre los gastos y los ingresos, con un correlato natural en forma de conflicto intergeneracional de intereses entre trabajadores y jubilados. Este desajuste debe encajarse de una forma u otra: bien gastando menos, de forma que sea la generación de jubilados la que lo absorba, bien ingresando más por trabajador, de forma que sea la generación de trabajadores activos la que lo vea repercutido en sus salarios.

La elección de una fórmula para cuadrar esta situación es, inevitablemente, política. Pero, para que esta decisión pueda tomarse de forma óptima, debe hacerse a partir de una información precisa sobre lo que está en juego y de alguna concepción normativa de la equidad intergeneracional. Mientras que este último aspecto puede depender más o menos de la visión de cada uno, el primero está claro: existe una repartición de la carga en la que lo que ganen los trabajadores jóvenes lo perderán los mayores y viceversa. Este hecho, básico, del conflicto político intergeneracional está demasiado a menudo oscurecido en las discusiones que tienen lugar sobre el eje izquierda-derecha, que se ajusta mal a este problema.

Por qué reformar ahora: la reforma de las pensiones como alternativa de ajuste fiscal

El sistema de pensiones, dada una estructura demográfica y una serie de biografías de cotizaciones, puede verse como un conjunto de obligaciones de pago futuras, exactamente igual que la deuda. En la coyuntura actual todos los estados occidentales se enfrentan a una necesidad de consolidación fiscal a medio plazo. Más allá del mal planteado debate sobre la “austeridad frente a crecimiento”, el verdadero dilema no es sobre si consolidar o no, sino sobre la velocidad del ajuste.

El principal argumento a favor de acelerar la consolidación en un contexto de recesión es el problema de la credibilidad, que afecta directamente a los costes de financiación. Conforme un Estado acumula deuda, las obligaciones de pago futuras aumentan y también lo hacen los intereses que debe devolver por la deuda acumulada. El valor nominal de esas promesas de pago se vuelve menos creíble ya que no es descartable que el Estado decida dejar de pagar en algún momento del futuro si la carga se vuelve inaceptable con el efecto de aumentar los costes de financiación. Este efecto se retroalimenta: cae la credibilidad del estado, aumentan los costes de financiación, aumenta el volumen de la deuda y vuelve a caer la credibilidad. Finalmente, el hecho de que la deuda pública sea un activo seguro y muy usado para almacenar riqueza hace que su depreciación ligada a la pérdida de credibilidad del estado tenga efectos sobre el crédito y el consumo a través del acelerador financiero (pdf). En este contexto, sigue el argumento, acelerar la consolidación envía una señal creíble de la capacidad del Estado para poner su casa en orden reduciendo el volumen de deuda y la carga del pago de intereses.

El argumento a favor de un aterrizaje suave es bastante más simple: en una situación en la que los agentes económicos están financieramente ahogados, una política de reducción del gasto deprime inevitablemente la economía. Desde un punto de vista macro, uno de los canales de estabilización fiscal -que es especialmente relevante en un contexto de restricción crediticia como el actual- es el papel del sector público como intermediario entre individuos sin capacidad para endeudarse y los que no se atreven a gastar, de forma que los primeros puedan mantener sus trayectorias de gasto. El impacto de una recesión suficientemente profunda, además, es el de generar efectos de histéresis, con trabajadores atrapados en trampas de pobreza o de inactividad y depreciando el capital humano de la economía. A esto se añaden las muy obvias razones de equidad para combatir el desempleo y tener una red de apoyo a las personas más vulnerables durante una recesión.

Con estas consideraciones en mente es posible sostener que, al margen de si uno considera de más peso los argumentos a favor de una consolidación más lenta o más acelerada, existen argumentos para privilegiar la reforma de las pensiones frente a otras reformas de la estructura de gasto.

La primera razón es que esta es una gran reforma pendiente. No hay una razón convincente para pensar que el resto de partidas de gasto social vayan a dispararse o necesiten ser estructuralmente reformadas, así que cualquier reforma que se haga por razones de ajuste fiscal debería tener un carácter temporal, mientras que las pensiones deberán soportar el ajuste tarde o temprano debido al envejecimiento. Una reforma del sistema de pensiones hoy simplemente adelanta trabajo.

En segundo lugar, como Peter Diamond sugirió en su conferencia en Madrid de hace varias semanas, mientras que la reducción de otras partidas de gasto afecta al consumo y al bienestar de las familias en el presente sin que estas puedan, debido a la delicada situación financiera, hacer nada inmediato por solucionarlo, una reforma de las pensiones tiene efectos en el futuro. Desde un punto de vista de la solvencia a medio plazo, la consolidación fiscal por otras vías y la de la reforma de las pensiones son parcialmente sustitutivas, pero la segunda da a las familias un margen temporal para adaptarse. En otras palabras, mientras que la reducción de la pensión a diez años vista da la oportunidad a un trabajador de adaptar sus hábitos de consumo o ahorrar para compensar su pérdida de poder adquisitivo, el recorte del seguro de desempleo o un aumento del IVA tiene un efecto inmediato sobre su poder adquisitivo; algo que, consideraciones de equidad aparte, es mucho más contractivo para la economía.

Por tanto, en la medida en que es una medida alternativa de mejora de la solvencia económica del sector público y en que se trata de una tarea pendiente, una reforma del sistema de pensiones es una señal de credibilidad que traza un plan sobre cómo se repartirá inter e intrageneracionalmente el ajuste.