Política

La necesidad de un factor de sostenibilidad

10 Jun, 2013 - - @jorgegalindo

En el informe del Comité designado por el Gobierno para la reforma de las pensiones hay un protagonista: el factor de sostenibilidad. Y, francamente, me parece una gran noticia. Simplemente necesitamos incorporar un criterio de este tipo a nuestro sistema de pensiones. Voy a intentar explicar por qué, y a la vez valorar el modelo de factor propuesto.

Hay dos formas de garantizar una pensión para cada generación. Podemos optar por un sistema de capitalización en el cual cada trabajador tiene una caja en la que va metiendo una parte de su renta actual para tenerla disponible una vez se retire. Este no es el caso de España, donde nos hemos decidido (como en tantísimos otros países, por otro lado) por un esquema del tipo pay as you go (PAYG), en el que las pensiones de los que se retiran hoy están financiadas por impuestos a los trabajadores de hoy. Estos trabajadores aportan el dinero con la confianza de que recibirán lo mismo, o algo similar, una vez se retiren. Es, efectivamente, un pacto intergeneracional que envuelve tres niveles (trabajador actual, trabajador futuro, trabajador pasado) y que, por definición, siempre ha de continuar.

En un sistema como el nuestro las pensiones, pues, dependen de la marcha actual de la demografía: si el número de trabajores futuros disminuye en relación con los demás es evidente que cabe prever un desequilibrio en el sistema. Esto puede suceder porque aumenta la esperanza de vida sin incrementarse al mismo ritmo la edad media de jubilación o porque simplemente tenemos menos hijos como sociedad. Como bien sabemos, en los países occidentales (y particularmente en España) ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo.

Salta a la vista que la demografía no es el único factor. Al fin y al cabo, estamos hablando de que la situación económica actual de un país financia el retiro de toda una generación. Por ejemplo, a mayor nivel de salarios (mayor productividad) más alta puede ser la pensión media manteniendo constante la tasa impuesta. Asimismo, a menor nivel de desempleo más trabajadores por persona retirada existen, y por tanto es más factible pagar una pensión generosa. En España, hoy por hoy, ni la productividad ni la tasa de ocupación permiten ser optimistas, que digamos.

En cualquier caso, lo que cabe remarcar es que bajo un esquema PAYG los jubilados son una parte inextricable de la sociedad. Pero, a la vez, esperan recibir en pago al menos tanto como aportaron. Claro, si la generación que ahora se retira trabajó duro en una época de prosperidad resulta difícil explicarle ahora que toca apretarse el cinturón, pero lamentablemente esta es la realidad. Si tenemos una productividad que no crece lo suficiente, una tasa de desempleo estructural altísima, unos flujos migratorios negativos y una natalidad por los suelos no podemos esperar mantener un nivel de pensiones insostenible de manera indefinida. Para evitar hacer cambios ad hoc a cada momento, parece bastante lógico emplear un mecanismo de estabilización automática. Si tanto la economía como la demografía varía con el tiempo (aunque, francamente, la primera dimensión permite ser bastante más optimista que la segunda), y estas variaciones condicionan el equilibrio de nuestro sistema de pensiones, la necesidad de incluir un factor de sostenibilidad parece clara, que no es sino una fórmula que ajustaría las pensiones a los límites de lo posible. Otra cuestión, claro, es cómo diseñar esta fórmula. El Consejo designado por este Gobierno se ha decidido por introducir un doble factor, demográfico y económico. Este mero hecho es ya algo loable. Pero eso no quiere decir que no debamos discutir la forma que ha tomado. Al contrario: es ahora cuando el debate comienza a tener sentido.

El factor demográfico propuesto es bastante claro y directo. A la pensión a percibir por cada nuevo jubilado que entra en el sistema se le aplica un factor multiplicador. Dicho factor depende de dividir la esperanza de vida de la persona retirada en ese año por la esperanza de vida con la misma edad en el año siguiente. Así, un incremento en la esperanza de vida disminuye el valor de la pensión. Esta fórmula tiene el efecto simple de disminuir la pensión de quien va a pasar más tiempo viviendo de ella. Ese ajuste demográfico es el lado que me gusta. Lo que me gusta menos, o me genera más dudas, es el efecto que puede tener aplicar esta misma fórmula a personas cuya edad de jubilación es distinta por la naturaleza de su trabajo, o por su perfil sociodemográfico. Es decir: quizás sería una buena idea ajustar esta fórmula de manera distinta según estemos hablando de mineros, mujeres, profesores universitarios, etcétera. Estableciendo, por ejemplo, umbrales a partir de los cuales su efecto es mayor o menor para cada perfil. Si queremos fomentar que los trabajadores se retiren más tarde, querremos hacerlo con aquellos que pueden permitírselo sin perder calidad de vida (antes al contrario). De hecho, cabría preguntarse si no sería mejor ligar la propia edad de jubilación, más que el pago de la pensión, a la esperanza de vida. Esto es lo que va a pasar en Dinamarca desde 2022. Por cierto, como curiosidad cabe apuntar que la fórmula propuesta por este comité es tal cual la que ya aplican nuestros tantas veces ignorados vecinos: Portugal.

El factor económico es, sin embargo, algo más retorcido. Se trata esta vez de construir un índice a multiplicar por las pensiones año a año, a imagen y semejanza de la actual indexación con la inflación pero incluyendo otras variables. Para empezar, en lugar de referirse directamente a los factores económicos discutidos (paro, salarios, etc) queda ligado a los ingresos y gastos del sistema de pensiones. Los autores de la propuesta asumen que el lado de los ingresos es un proxy que resume todas las variables económicas, al ser el resultado del número de cotizantes por la base media de cotización. Así, el factor propuesto resulta de partir de la tasa de crecimiento de estos ingresos y restarle los siguentes elementos: la tasa de crecimiento del número de pensiones y el incremento de la pensión media por las diferencias entre altas y bajas del sistema. A esto se le suma la existencia de superávit o déficit en el sistema. Si hay superávit es posible una revalorización superior. Si hay déficit, inferior. Como bien señalan en el informe este mecanismo garantizaría que el saldo del sistema a lo largo del ciclo es cero. Esto es, ni déficit, ni superávit.

La parte positiva de la manera en que está construido este factor económico es que considera los ingresos en su conjunto. Dicho de otra manera: si por razones políticas o de otra índole un gobierno futuro decide incrementar los ingresos del sistema de pensiones de manera sustancial a través de una subida de impuestos, las pensiones efectivamente se incrementarán tras pasar por este filtro. Es decir, la fórmula no es tan encorsetada políticamente como pudiese parecer. Sin embargo, tengo la impresión de que al incluir valores que afectan netamente a la estabilidad del sistema con base al número de pensionistas, este factor se solapa con el demográfico. Al fin y al cabo, un incremento en la esperanza de vida va  a tener como efecto un aumento del número de altas en el sistema/pensiones.

Las alternativas para diseñar un buen factor de sostenibilidad son muchas, como se muestra en el Ap. 4 de este trabajo. Personalmente me parecería más adecuado desvincular la esperanza de vida de la pensión a recibir y vincularla con la edad de jubilación y con el requerimiento de años cotizados, a la vez introduciendo segmentación por perfiles para garantizar un trato más equitativo. El monto total de la pensión estaría ligado, pues, a la marcha económica y demográfica a través del balance entre activo y pasivo del sistema de pensiones, siendo posibles tanto incrementos como bajadas de impuestos, o la implantación de fondos de capitalización públicos paralelos y complementarios. Estos son los debates políticos más duros, de hecho, porque son los que más afectan a quién soporta el ajuste o quién recibe los beneficios en caso de que la sociedad (económica y demográficamente) marche mejor o peor. Pero la mera introducción de factores de sostenibilidad es anterior a todo ello. Se trata, en definitiva, de asegurar que el debate sobre el presente y futuro de nuestro Estado de Bienestar quede dentro de los límites de lo posible para preservar el pacto intergeneracional en que se basa.