Política

Escraches y participación ciudadana

26 Abr, 2013 - - @jorgesmiguel

Esta semana, mi compañero Jorge Galindo ha publicado un artículo sobre los famosos escraches cuyas líneas generales comparto. No obstante, creo que Jorge se deja algunos ángulos del asunto sobre los que me gustaría incidir. No se trata de volver a la enésima discusión sobre su legitimidad u oportunidad (aclaro en todo caso que a mí tampoco me gustan nada), sino de situarlos en un contexto más amplio, sugerir implicaciones desde el punto de vista de la propia movilización ciudadana y proponer puntos para el debate.

1) España presenta unos niveles de asociacionismo muy bajos en el contexto europeo. Por ejemplo, el reciente estudio internacional sobre valores de la Fundación BBVA señala que en nuestro país la pertenencia a asociaciones se sitúa en un 29,4%, por debajo de la media UE (42,5%), muy por debajo de países como Alemania (60,2%), Países Bajos (79,5%), Suecia (82,8%) o Dinamarca (91,7%), y ligeramente por encima de Italia (27,8%). Esto no es ninguna novedad; de hecho, el escaso grado de articulación ciudadana -no en vano se venía de cuarenta años de dictadura- fue probablemente uno de los motivos por los que, durante la Transición, las elites optaron por un modelo con partidos fuertes y un entramado institucional en general bastante opaco. Ahora bien, si tenemos en cuenta que en España, según el mismo estudio, también la pertenencia a partidos políticos y sindicatos se sitúa por debajo de la media UE (ligeramente la afiliación a partidos, 2,2 frente a 2,9%; más claramente la sindicación: 5,0 y 7,6%), nos encontramos con una dinámica perversa: los partidos políticos copan buena parte de la actividad política y social de la nación, pero los españoles participan poco no sólo al margen de ellos, sino también en su seno.

2) Si nos fijamos en cifras de participación desglosadas por acciones, se intuyen otros rasgos de la movilización ciudadana en España. De las acciones enumeradas en el estudio, España sólo se destaca muy claramente sobre la media UE en participación en manifestaciones y en huelgas. Es decir, acciones de carácter puntual y reactivo. Y aunque también aparece netamente por encima en “colaboración” con asociaciones cívicas y ONGs, el epígrafe no nos da apenas pistas sobre el grado de implicación que supone, ni sobre los “fines sociales” perseguidos -por ejemplo, podría tratarse en gran medida de fines asistenciales o caritativos. Además, los españoles también se muestran ligeramente sobre la media UE en recogidas de firmas y cadenas de protesta por sms o correo electrónico, que constituyen formas de participación con escaso compromiso y repercusión muy variable. A la vez, el número de ciudadanos que se ponen en contacto con políticos o instituciones es singularmente bajo (5,5% frente a la media UE de 10,3%); como también está por debajo de la media UE el de los que participan en campañas de partidos políticos o contribuyen a su financiación.

3) En síntesis, estos datos a vuelapluma dibujan un panorama familiar: una ciudadanía en general poco articulada y asociada, capaz de movilizarse puntualmente, sobre todo de manera reactiva, pero escasamente orientada al compromiso y el trabajo organizado a medio y largo plazo sobre fines bien delimitados. Este último punto merece atención. Una característica que no resulta difícil de observar en el tercer sector español es una cierta tendencia a difuminar los objetivos en discursos ideológicos generales y a menudo grandilocuentes, así como la querencia por los planteamientos morales. Este rasgo se exacerba, como es lógico, en movimientos inevitablemente vagos y heterogéneos como el 15M y sus derivaciones. Más preocupante resulta en el caso de las organizaciones: impide -quizás voluntariamente- definir objetivos concretos, dificulta la evaluación de sus resultados y les permite perpetuarse en una especie de minoría de edad en la que, a cambio de asegurarse el apoyo de los ideológicamente afines, la efectividad de sus estrategias queda en segundo plano. Además, plantear los debates en términos morales torpedea cualquier negociación tanto para el interlocutor como para la propia organización, que puede verse presa de sus discursos y marcos.

4) En el caso de los escraches y la PAH, es cierto que la inmediatez del problema quizás no permitiera plantearse siquiera otro tipo de trabajo a medio plazo. No obstante, la organización, o sus cabezas visibles, han rechazado en todo momento cualquier actitud posibilista. Una estrategia de choque como la adoptada les facilita la repercusión en el corto plazo -especialmente si los medios colaboran por sus propias dinámicas internas-, pero no garantiza impacto legislativo alguno, y arroja muchas dudas para un futuro no lejano. El ciclo de la atención mediática es corto, y la mera repetición de fórmulas sin objetivo claro no hará nada por mantener el interés de medios y público -baste comprobar la evolución de las sucesivas convocatorias para rodear, asediar, tomar, etc, el Congreso. Como se preguntaba en voz alta un diputado del PSM en un taller al que asistí hace un par de semanas, ¿cuántos creen de verdad en la efectividad de un escrache para cambiar un voto en el Congreso? Si el objetivo era mantener los desahucios en la agenda y generar apoyo a la ILP, como si era más bien una apuesta más o menos desesperada por “echar a la gente encima” del gobierno, cabe preguntarse cuáles van a ser los siguientes pasos una vez que el gobierno ha sacado adelante su propia ley, como era previsible. Ignoro qué estrategias alternativas se plantean en este momento desde la organización; pero, volviendo al punto anterior, quizás sea el momento de que abra una reflexión sobre cuáles son sus verdaderos objetivos y su posición negociadora y qué medios está dispuesta a emplear.

5) Al hilo de esto último, una reflexión general sobre los escraches como herramienta de lobby ciudadano. Una táctica que, se mire como se mire, bordea las reglas del juego político aceptado no puede convertirse en el argumento fundamental de la movilización ciudadana. No sólo porque, como señalaba arriba, su efectividad real es dudosa; sino por una elemental cuestión de proporcionalidad: una organización o movimiento que pone el listón tan alto ya de partida, además de romper cualquier posible puente, reduce al mínimo su abanico de opciones para el futuro: ni puede escalar la protesta sin incurrir en ilegalidades, ni tampoco volver fácilmente a un estadio anterior en el que intente mantener canales de comunicación institucionales con los legisladores. Por ello, creo que existe el riesgo de que la moda de los escraches y la repercusión mediática de la PAH se conviertan en un espejismo para muchos movimientos ciudadanos, que les incite a asumir estrategias insostenibles, innecesarias en la mayoría de los casos y estériles a la postre. Es comprensible que dichas estrategias gocen de popularidad entre activistas políticos totalmente ajenos a los cauces institucionales y que recusan el “sistema” por completo. En estos círculos, el activismo se experimenta a menudo como una forma de vida, una opción existencial progresivamente alejada de objetivos concretos y que tiende a girar en torno al tacticismo y un universo de referencias propias. Para una organización que intenta influir en la política real y lograr resultados, sin embargo, estas opciones tienen un valor muy limitado. La articulación en España de lobbies ciudadanos efectivos, que cuenten de verdad como interlocutores y no como meros fenómenos de temporada, pasa a buen seguro por abandonar lo que Kundera llamaba el “kitsch de la Larga Marcha” en favor de una cultura realista del asociacionismo. Es necesario que los ciudadanos se habitúen a comprometerse y participar no sólo en momentos puntuales, bajo la presión de los acontecimientos o arrastrados por causas grandiosas, sino de manera cotidiana y a partir del trabajo y la anticipación; y que las asociaciones se profesionalicen y aprendan a delimitar objetivos, escoger medios y evaluar resultados.