Economía

Expropiaciones y seguridad jurídica (segunda edición)

16 Abr, 2013 - - @egocrata

Hace un año, cuando Argentina decidió nacionalizar YPF, comentaba que sería difícil que el país pudiera atraer inversión exterior para explotar nuevos yacimientos. El gobierno de Kirchner ya había expropiado una compañía. ¿Quién podía prometerles que si ponían dinero en el país el estado argentino no iba a repetir la maniobra?

Bueno, doce meses después, eso es exactamente lo que ha sucedido: Argentina tiene una compañía petrolera y un yacimiento enorme listo para ser perforado, pero no tiene dinero ni la tecnología para hacer nada con ello, ya que no están atrayendo ninguna inversión. Un país que tiene crudo a patadas es importador neto de petróleo, ya que todo el mundo teme que si les echan una mano acaben nacionalizándoles el brazo.

Es un problema desgraciadamente bastante común en América Latina. Pablo Pardo hablaba ayer sobre la producción de crudo de Venezuela bajo Chávez. PDVSA había sido una compañía pública desde 1975, pero abierta a recibir inversiones foráneas y cooperar con otras empresas. El año 2007 Chávez decidió acabar con esta práctica, renacionalizando todo el sector, despidiendo empleados políticamente problemáticos (esto es, no chavistas) y prometiendo recuperar riquezas perdidas. El resultado: la producción ha caído de 3,3 a 2,2 millones de barriles diarios, Venezuela sigue teniendo que importar gasolina (setenta años después, el país sigue sin ser capaz de refinar todo su crudo), y el déficit público (el estado ingresa gran parte de su presupuesto desde PDVSA) se ha disparado.

En ambos casos, tenemos un ejemplo claro sobre por qué los economistas hablan tanto de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad. Que la compañía que extrae petróleo en un país sea pública o privada no tiene excesiva importancia (a efectos prácticos, uno puede redactar las concesiones a empresas privadas de modo que den un nivel de ingresos comparable a yacimientos estatales, y corriendo menos riesgo), pero que el arreglo institucional sea estable es crucial. A Exxon le importa poco si Vaca Muerta es propiedad de YPF y explotada en una joint venture o si es privado y tiene que pagar cánones enormes al gobierno por el derecho a perforar; el margen de beneficio es parecido. Lo que Exxon no soporta es que el gobierno argentino cambie las reglas del juego a medio camino, nacionalizando después de hacer una inversión. Es un riesgo absurdo y totalmente arbitrario, y no van a poner un duro por mucho que les prometan que se van a portar bien.

En el fondo, hay bastantes aspectos de la política económica de un país donde es más importante hacer las cosas de forma clara, predecible y respetando la legalidad a cada paso que apostar por una medida concreta. La implementación concreta del sistema es menos importante que la calidad del gobierno que la lleva a cabo. La producción petrolífera noruega sería igual de efectiva (y generaría ingresos parecidos) hecha con una empresa pública que con una privada porque el estado noruego es competente, no hace tonterías y cumple con sus promesas cuando las hace. Un mal gobierno será capaz de pifiar una privatización igual de mal que una nacionalización, algo que por desgracia Argentina parece hacer constantemente.

Todo estos factores, por cierto, tienen algo que ver con la gigantesca chapuza que es el sector eléctrico español, y el hecho que aquí todo el mundo parece perder dinero a patadas (sea vía subvenciones, sea tarifas altas) menos las empresas que ofrecen el servicio. No es que la naturaleza privada del sector sea un problema grave de por sí (muchos países europeos tienen eléctricas privadas y no tiran dinero de esta forma), sino porque se hizo espantosamente mal. El estado español no es que haya sido incapaz de privatizar bien cosas (mirad las aerolíneas o incluso las telecos, si me apuráis), pero en sectores «antiguos» nacidos en tiempos menos propicios para el buen gobierno tenemos algunas joyas. Pero ese es otro tema para otro día.


8 comentarios

  1. Carlos Jerez dice:

    Hola Roger, en general buen post, aunque aplaudir la privatización del sector de las telecomunicaciones lo veo muy aventurado. Hablamos de un sector que tiene unos precios claramente superiores a la media europea y con retrasos en la adopción de nuevas tecnologías, lo que ha aportado su granito de arena a nuestro retraso tecnológico, y en el que cuando se privatizó Telefonica se puso al compañero de clase del presidente de gobierno, y cuando este no obedeció al mismo este último se lo cargó a pesar de ser una empresa «privada».

  2. Durruti77 dice:

    No hace falta irse a Sudamérica para ver otro ejemplo. Aquí mismo, y precisamente en el sector eléctrico hicimos un decreto para fomentar las renovables chapucero y luego lo arreglamos con otra chapuza cambiando las reglas a mitad del partido.

  3. […] Expropiaciones y seguridad jurídica (segunda edición) […]

  4. Hejo dice:

    Una puntualización. Argentina «nacionalizó» sólo las acciones de Repsol en YPF, la mitad del total de la empresa aprox. Las restantes, un 25% aprox. en manos de 1 familia argentina y el otro 25% propiedad sobretodo de fondos de inversión americanos, no se ha tocado.
    Si le sumamos que además Argentina no quiere pagar casi nada a Repsol, la palabra correcta sería requisar, no nacionalizar. Lo que eleva la inseguridad jurídica en un orden de magnitud.
    Noruega nacionalizó su petróleo hace ya muchos años. Y Evo Morales fue asesorado por los noruegos cuando también lo nacionalizó. Resultado: algún cabreo al inicio pero las empresas continúan invirtiendo en ambos países con toda normalidad.

  5. juan dice:

    La producción estaba bajando con Repsol como dueño y controlador de YPF. Es decir especulaba con el futuro valor de los yacimientos, pero explotarlos tampoco los explotaba ni invertía para hacerlo.

    En todo caso para seguridad jurídica podemos hablar de España, donde Sacyr compró el 20% de Repsol, endeudándose, y cuando lo quiso vender a la primera oferta aceptable, la de Lukhoil, el gobierno le negó esa posibilidad, y la oposición de entonces Rajoy apoyando y exigiendo al gobierno parar esa venta. Todo ello ya sin la acción de oro.

    Podemos dar pocas lecciones en España. Te expropian para hacer una estación de tren (Chanmartín) y unas décadas después Renfe-Adif quiere dar el pelotazo recalificando los terrenos para urbanizar.

    • SELEUCO dice:

      Desde luego en España la seguridad jurídica y, sobre todo, la fiscal, es bastante inferior a la media europea (descontando por supuesto a griegos, italianos, etc): cambios continuos, incluso en alguna ocasión retroactivos, que hacen que cualquier inversión basada en aprovechar efectos fiscales (pensiones, fondos o acciones a largo plazo, comprar una vivienda por las desgravaciones, etc) sea muy azarosa a a unos pocos años vista. Y esa es una de las razones por las que los malvados mercados no quieren prestarnos dinero: porque no se fían de nosotros, en este y en otros aspectos.
      Ahora, en Argentina (y gran parte de Sudamérica) son mucho peores, al menos tenemos el consuelo de que comparados con ellos parecemos casi europeos.

      • juan dice:

        Hombre, comprar unas acciones de una compañía cotizada, y sin mecanismos de acción de oro, y que te impidan venderlas a un precio razonable, y que para devolver la deuda de su compra se aprovechen otros recomprandotelas a lo que ellos quiera puesto que estás con el agua al cuello (Sacyr) lo veo comparable a cualquier cosa de Sudamérica.

  6. Quevedin dice:

    Hola

    Os cuento un caso particularmente sangrante de inseguridad jurídica que ha ocurrido con motivo del cierre de las minas en Asturias.

    Como sabéis, las minas (y los gasoductos) tienen algo parecido al «eminent domain», es decir, el que tiene el derecho de explotación tiene derecho a realizar afectaciones mientras se produzca la misma, pagando compensación. Esto afectó a muchos agricultores que tenían tierras, debajo de las cuales había pozos y por los que se hacían ventiladeros y similares, a los que no se les expropiaba, pero se les vallaba y prohibía hacer ciertos tipos de labores (arado y similares). Supuestamente, al cierre de explotación tenían que revertir todo a su estado original (dentro de lo posible), pues no había habido cambio de titularidad. Pero tras el cierre de empresas, o la quiebra de algunas privadas, algunos propietarios se encuentran con castilletes en mitad de sus fincas, y sin nadie a quien reclamar (en ocasiones las sociedades ya no existen).

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