[Este artículo es la “versión extendida” del aparecido el domingo pasado en El Mundo. Agradezco a José Miguel Mulet la información que me facilitó sobre transgénicos en comunicación personal y los enlaces.]

El reciente debate en torno a la ley de Transparencia ha vuelto a poner de actualidad la cuestión del lobby, que suele recibir un tratamiento sensacionalista en nuestro país. Se diría que el concepto de “interés” está casi proscrito en nuestra esfera pública, o suscita cuando menos fuertes sospechas. De modo que la defensa organizada de intereses se considera una actividad en los umbrales de la legalidad y de lo ético. Pero negarse a hablar de intereses particulares, sustituidos habitualmente por apelaciones más o menos vagas e hipócritas al bien común o a amplios intereses de clase, no hace que aquellos desaparezcan por arte de magia. De manera que el debate sobre políticas públicas a menudo se convierte en una coreografía en la que los actores tratan de enmascarar el alcance y el significado real de su agenda; algo que facilita el tradicional carácter poco transparente, cerrado y casi patrimonial de la política en nuestro país. Es una paradoja sólo aparente que ese mismo carácter sea, de hecho, otra de las razones de la mala prensa del lobby.

Si miramos fuera de nuestras fronteras, los medios y el público españoles suelen tener una visión entre romántica y apocalíptica de lo que representa el lobby en lugares como Washington o Bruselas. Se tiende a magnificar su poder, sin distinción, al tiempo que se difuminan sus contornos: no se trata tanto de una organización con una metodología, aplicable a cualquier objetivo, y una agenda propia cuanto de una categoría moral asociada a la codicia, la conspiración y la falta de democracia. En la raíz de estos prejuicios subyace una definición sesgada del lobby, la confusión con la captura regulatoria y la idea antes apuntada de que basta con que una organización declare servir al bien común para que así sea. La realidad es, por supuesto, más compleja.

Por ejemplo, la actual política europea sobre transgénicos es el resultado de una laxa coalición de grupos de interés (organizaciones ecologistas, intereses agrícolas e incluso grandes distribuidores) que esgrimen insolventes razones sanitarias y hasta culturales; con el resultado probable de un perjuicio neto para el conjunto de la UE. Como explica José Miguel Mulet, Greenpeace fue la primera organización en situarse claramente contra los transgénicos. La coyuntura le fue favorable, dado que las primeras variedades transgénicas venían de EEUU y la industria europea partía con retraso. En estas condiciones, y con otras organizaciones de todo tipo y partidos verdes europeos, así como Francia y otros países -por motivos proteccionistas-, sumándose al campo antitransgénicos, la balanza de la opinión pública se inclinó rápidamente, hasta el punto de que ningún partido ni actor está hoy en condiciones de asumir el coste político de una postura clara a favor de estos cultivos. De hecho, el ciudadano informado medio asociará antes la palabra lobby a ciertas empresas de biotecnología que, en el caso europeo, han asumido su impotencia y se han retirado de la contienda; y no a las organizaciones sectoriales y ecologistas que son en buena medida responsables de la situación. El futuro a medio o largo plazo, como señala Mulet, y más en un contexto mundial en que incluso países pobres y emergentes como Cuba o Brasil se están subiendo con rapidez al carro de los transgénicos, pasa a buen seguro por una gradual desactivación del issue a medida que las empresas europeas desarrollen variedades competitivas o sencillamente no puedan sostener el paso del resto de los países productores. Pero, más allá de los pormenores de este caso, lo que me interesa es retratar a través de él la complejidad inherente al proceso de las políticas públicas en una nación o entidad supranacional. Lejos de un panorama maniqueo con un claro interés ciudadano amenazado por grupos de presión, lo que nos encontramos es un terreno de juego donde compiten y se alían distintas agendas que representan intereses y sensibilidades particulares, sectoriales, sociales y nacionales.

Podríamos trazar cuadros no muy distintos con otros muchos ámbitos, como la política energética, la PAC, etc. Otro caso interesante, que conozco personalmente, es la reforma de directiva europea de Protección de Datos, sobre la que escribí hace meses (sí, os debo la segunda parte). Habiendo seguido el proceso desde el principio, mi sensación es que un amplio porcentaje de las reivindicaciones, quejas y peticiones de la industria -que no en vano ofrece servicios a miles de millones de usuarios- conectan mejor con la sensibilidad y las apetencias del ciudadano medio, al menos en cuanto consumidor de esos servicios, que las partes más controvertidas de la propuesta de máximos planteada por Reding. ¿Significa esto que la industria es buena y altruista? No, claro; pero en su funcionamiento cotidiano las empresas exitosas recogen las preferencias y elecciones de un número significativo de ciudadanos, y esta información sobre preferencias reveladas, aunque deba contrastarse siempre con otros criterios políticos y legales, tiene un valor. Por otra parte, estoy asimismo bastante convencido de que la propuesta de la Comisión, presentada en un lenguaje de derechos y libertades y no de consecuencias, cuenta potencialmente con una aprobación más que significativa de la ciudadanía. El mundo de la agregación de preferencias está lleno de aristas, zonas de sombras y paradojas. Por eso es importante contar con unas reglas de juego justas para todos y con un debate público abierto y libre, y que analistas y medios cumplan con su trabajo trascendiendo en lo posible el “enmarcado” de los problemas que tratan de imponer tanto los grupos de interés como los policy makers.

Cerca de nosotros no escasean lobbies que “no se atreven a decir su nombre” pero representan agendas concretas, ya sea en el mercado laboral, en la industria cultural o, más recientemente, el mercado hipotecario. Todos estos intereses y sensibilidades son, huelga decirlo, legítimos; no lo son tanto su ocultación y la confusión que provocan en el debate público, ni la distinción falaz que perpetúan entre un lobby perverso y unas organizaciones altruistas y poco menos que angélicas. Como decía, la tarea fundamental de analistas y periodistas en cuanto a los grupos de presión, en sentido amplio, debería ser cortar a través de la maraña de mensajes y enmarcados que crean estas organizaciones, diseccionar sus agendas y anticipar en la medida de lo posible las consecuencias de sus propuestas. Sin dramatismo pero sin piedad. Y todo ello, si fuera posible, al margen de los discursos y las etiquetas ideológicas con que vengan envueltas, de sus fines declarados y de que se vendan como representantes sectoriales, de clase, del “mercado” o del “Pueblo”. Desgraciadamente, los medios sucumben sistemáticamente al framing de las partes interesadas y a lo que en antropología llamaríamos relatos emic; y no sólo en el caso de intereses empresariales, sino también muy a menudo en el de de organizaciones de tinte “social”.

Al margen de sesgos y demonizaciones, el lobby es por regla general algo bastante más prosaico y burocrático que lo que el mito quiere. La tarea del lobista, ya se aplique a intereses económicos, sociales -véase este reciente post de Roger, excelente y muy ameno- o de cualquier tipo, tiene más que ver con informarse y anticiparse, y mantener relaciones y canales de comunicación, que con grandes operaciones políticas o maniobras en la sombra. Al lobby se le presupone -incluso la RAE en su discutible definición- influencia, pero esa influencia, cuando existe, no es necesariamente previa ni ajena a un trabajo concienzudo y monótono. En último término, lo que posibilita la defensa organizada de intereses no es sino el funcionamiento mismo de un régimen representativo, y el carácter deliberativo de sus procesos.

Pongamos el ejemplo de Bruselas y Estrasburgo. Los funcionarios de la Comisión Europea y los parlamentarios mantienen una relación torturada pero hasta cierto punto simbiótica con los lobistas: a cambio de escucharles, atender a sus propuestas o alinearse ocasionalmente con ellos, reciben información de carácter más o menos técnico sobre los asuntos legislados. Información interesada, sesgada si se quiere en muchas ocasiones, pero igualmente valiosa para unos y otros. La Comisión, un cuerpo de funcionarios encerrado en la “burbuja de Bruselas” y relativamente apartado de la realidad local de la UE, legisla sobre una amplísima variedad de materias en toda Europa. Atender al feedback de los lobistas le ayuda a, por así decirlo, localizar la posición, viabilidad y consecuencias de sus propuestas como mediante un sónar. En cuanto a los eurodiputados, se trata muy a menudo de personas sin formación específica, que no cuentan con el tiempo ni la información para dominar la mayoría de los temas que tratan, incluso los que les conciernen más directamente en comisiones y grupos de trabajo. Aliarse con un grupo de interés puede servirles para “alzar el perfil” en la competitiva escena bruselense, sobre todo a los más novatos, y a todos en general para señalizarse como “expertos” en un ámbito determinado. Lo que a su vez les facilita nuevos horizontes profesionales cuando su carrera política se acabe o interrumpa: las famosas revolving doors.

Si esto parece problemático -que lo es-, ha de entenderse que este tipo de trade offs no puede evitarse totalmente en un ningún sistema político. Mal servimos a la democracia si, en lugar de aceptar su complejidad y poner los medios para evitar abusos, promovemos una imagen irreal e ingenua de la política y de los actores -todos- que operan en ella. Porque sólo desde una profunda o interesada ingenuidad cabría sostener que proscribir o estigmatizar la actividad lobista profesional, o definirla sesgadamente, sirve para evitar las capturas regulatorias. Como deberíamos haber aprendido en España, un país donde el lobby ha estado tradicionalmente poco desarrollado y profesionalizado, pero en el que las capturas regulatorias, las colusiones y todo tipo de decisiones interesadas y poco transparentes han estado y están a la orden del día. Por el contrario, un ejercicio profesionalizado, regulado y visible del lobby permite identificar mejor quién trata de influir y qué intenta aportar. A la vez, un proceso legislativo más transparente, que mejore la “rastreabilidad” de leyes y decisiones, si bien facilita el trabajo del lobista, también resulta más fácil de fiscalizar por ciudadanos, medios y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, medidas como un registro de lobistas -entendidos en el sentido más amplio posible- y de sus actividades ante Congreso y gobierno suponen pasos necesarios en la aceptación del lobby por los ciudadanos y en la consecución de una política más realista pero también más limpia.