[Este artículo es la «versión extendida» del aparecido el domingo pasado en El Mundo. Agradezco a José Miguel Mulet la información que me facilitó sobre transgénicos en comunicación personal y los enlaces.]

El reciente debate en torno a la ley de Transparencia ha vuelto a poner de actualidad la cuestión del lobby, que suele recibir un tratamiento sensacionalista en nuestro país. Se diría que el concepto de «interés» está casi proscrito en nuestra esfera pública, o suscita cuando menos fuertes sospechas. De modo que la defensa organizada de intereses se considera una actividad en los umbrales de la legalidad y de lo ético. Pero negarse a hablar de intereses particulares, sustituidos habitualmente por apelaciones más o menos vagas e hipócritas al bien común o a amplios intereses de clase, no hace que aquellos desaparezcan por arte de magia. De manera que el debate sobre políticas públicas a menudo se convierte en una coreografía en la que los actores tratan de enmascarar el alcance y el significado real de su agenda; algo que facilita el tradicional carácter poco transparente, cerrado y casi patrimonial de la política en nuestro país. Es una paradoja sólo aparente que ese mismo carácter sea, de hecho, otra de las razones de la mala prensa del lobby.

Si miramos fuera de nuestras fronteras, los medios y el público españoles suelen tener una visión entre romántica y apocalíptica de lo que representa el lobby en lugares como Washington o Bruselas. Se tiende a magnificar su poder, sin distinción, al tiempo que se difuminan sus contornos: no se trata tanto de una organización con una metodología, aplicable a cualquier objetivo, y una agenda propia cuanto de una categoría moral asociada a la codicia, la conspiración y la falta de democracia. En la raíz de estos prejuicios subyace una definición sesgada del lobby, la confusión con la captura regulatoria y la idea antes apuntada de que basta con que una organización declare servir al bien común para que así sea. La realidad es, por supuesto, más compleja.

Por ejemplo, la actual política europea sobre transgénicos es el resultado de una laxa coalición de grupos de interés (organizaciones ecologistas, intereses agrícolas e incluso grandes distribuidores) que esgrimen insolventes razones sanitarias y hasta culturales; con el resultado probable de un perjuicio neto para el conjunto de la UE. Como explica José Miguel Mulet, Greenpeace fue la primera organización en situarse claramente contra los transgénicos. La coyuntura le fue favorable, dado que las primeras variedades transgénicas venían de EEUU y la industria europea partía con retraso. En estas condiciones, y con otras organizaciones de todo tipo y partidos verdes europeos, así como Francia y otros países -por motivos proteccionistas-, sumándose al campo antitransgénicos, la balanza de la opinión pública se inclinó rápidamente, hasta el punto de que ningún partido ni actor está hoy en condiciones de asumir el coste político de una postura clara a favor de estos cultivos. De hecho, el ciudadano informado medio asociará antes la palabra lobby a ciertas empresas de biotecnología que, en el caso europeo, han asumido su impotencia y se han retirado de la contienda; y no a las organizaciones sectoriales y ecologistas que son en buena medida responsables de la situación. El futuro a medio o largo plazo, como señala Mulet, y más en un contexto mundial en que incluso países pobres y emergentes como Cuba o Brasil se están subiendo con rapidez al carro de los transgénicos, pasa a buen seguro por una gradual desactivación del issue a medida que las empresas europeas desarrollen variedades competitivas o sencillamente no puedan sostener el paso del resto de los países productores. Pero, más allá de los pormenores de este caso, lo que me interesa es retratar a través de él la complejidad inherente al proceso de las políticas públicas en una nación o entidad supranacional. Lejos de un panorama maniqueo con un claro interés ciudadano amenazado por grupos de presión, lo que nos encontramos es un terreno de juego donde compiten y se alían distintas agendas que representan intereses y sensibilidades particulares, sectoriales, sociales y nacionales.

Podríamos trazar cuadros no muy distintos con otros muchos ámbitos, como la política energética, la PAC, etc. Otro caso interesante, que conozco personalmente, es la reforma de directiva europea de Protección de Datos, sobre la que escribí hace meses (sí, os debo la segunda parte). Habiendo seguido el proceso desde el principio, mi sensación es que un amplio porcentaje de las reivindicaciones, quejas y peticiones de la industria -que no en vano ofrece servicios a miles de millones de usuarios- conectan mejor con la sensibilidad y las apetencias del ciudadano medio, al menos en cuanto consumidor de esos servicios, que las partes más controvertidas de la propuesta de máximos planteada por Reding. ¿Significa esto que la industria es buena y altruista? No, claro; pero en su funcionamiento cotidiano las empresas exitosas recogen las preferencias y elecciones de un número significativo de ciudadanos, y esta información sobre preferencias reveladas, aunque deba contrastarse siempre con otros criterios políticos y legales, tiene un valor. Por otra parte, estoy asimismo bastante convencido de que la propuesta de la Comisión, presentada en un lenguaje de derechos y libertades y no de consecuencias, cuenta potencialmente con una aprobación más que significativa de la ciudadanía. El mundo de la agregación de preferencias está lleno de aristas, zonas de sombras y paradojas. Por eso es importante contar con unas reglas de juego justas para todos y con un debate público abierto y libre, y que analistas y medios cumplan con su trabajo trascendiendo en lo posible el «enmarcado» de los problemas que tratan de imponer tanto los grupos de interés como los policy makers.

Cerca de nosotros no escasean lobbies que “no se atreven a decir su nombre” pero representan agendas concretas, ya sea en el mercado laboral, en la industria cultural o, más recientemente, el mercado hipotecario. Todos estos intereses y sensibilidades son, huelga decirlo, legítimos; no lo son tanto su ocultación y la confusión que provocan en el debate público, ni la distinción falaz que perpetúan entre un lobby perverso y unas organizaciones altruistas y poco menos que angélicas. Como decía, la tarea fundamental de analistas y periodistas en cuanto a los grupos de presión, en sentido amplio, debería ser cortar a través de la maraña de mensajes y enmarcados que crean estas organizaciones, diseccionar sus agendas y anticipar en la medida de lo posible las consecuencias de sus propuestas. Sin dramatismo pero sin piedad. Y todo ello, si fuera posible, al margen de los discursos y las etiquetas ideológicas con que vengan envueltas, de sus fines declarados y de que se vendan como representantes sectoriales, de clase, del «mercado» o del «Pueblo». Desgraciadamente, los medios sucumben sistemáticamente al framing de las partes interesadas y a lo que en antropología llamaríamos relatos emic; y no sólo en el caso de intereses empresariales, sino también muy a menudo en el de de organizaciones de tinte «social».

Al margen de sesgos y demonizaciones, el lobby es por regla general algo bastante más prosaico y burocrático que lo que el mito quiere. La tarea del lobista, ya se aplique a intereses económicos, sociales -véase este reciente post de Roger, excelente y muy ameno- o de cualquier tipo, tiene más que ver con informarse y anticiparse, y mantener relaciones y canales de comunicación, que con grandes operaciones políticas o maniobras en la sombra. Al lobby se le presupone -incluso la RAE en su discutible definición- influencia, pero esa influencia, cuando existe, no es necesariamente previa ni ajena a un trabajo concienzudo y monótono. En último término, lo que posibilita la defensa organizada de intereses no es sino el funcionamiento mismo de un régimen representativo, y el carácter deliberativo de sus procesos.

Pongamos el ejemplo de Bruselas y Estrasburgo. Los funcionarios de la Comisión Europea y los parlamentarios mantienen una relación torturada pero hasta cierto punto simbiótica con los lobistas: a cambio de escucharles, atender a sus propuestas o alinearse ocasionalmente con ellos, reciben información de carácter más o menos técnico sobre los asuntos legislados. Información interesada, sesgada si se quiere en muchas ocasiones, pero igualmente valiosa para unos y otros. La Comisión, un cuerpo de funcionarios encerrado en la “burbuja de Bruselas” y relativamente apartado de la realidad local de la UE, legisla sobre una amplísima variedad de materias en toda Europa. Atender al feedback de los lobistas le ayuda a, por así decirlo, localizar la posición, viabilidad y consecuencias de sus propuestas como mediante un sónar. En cuanto a los eurodiputados, se trata muy a menudo de personas sin formación específica, que no cuentan con el tiempo ni la información para dominar la mayoría de los temas que tratan, incluso los que les conciernen más directamente en comisiones y grupos de trabajo. Aliarse con un grupo de interés puede servirles para “alzar el perfil” en la competitiva escena bruselense, sobre todo a los más novatos, y a todos en general para señalizarse como “expertos” en un ámbito determinado. Lo que a su vez les facilita nuevos horizontes profesionales cuando su carrera política se acabe o interrumpa: las famosas revolving doors.

Si esto parece problemático -que lo es-, ha de entenderse que este tipo de trade offs no puede evitarse totalmente en un ningún sistema político. Mal servimos a la democracia si, en lugar de aceptar su complejidad y poner los medios para evitar abusos, promovemos una imagen irreal e ingenua de la política y de los actores -todos- que operan en ella. Porque sólo desde una profunda o interesada ingenuidad cabría sostener que proscribir o estigmatizar la actividad lobista profesional, o definirla sesgadamente, sirve para evitar las capturas regulatorias. Como deberíamos haber aprendido en España, un país donde el lobby ha estado tradicionalmente poco desarrollado y profesionalizado, pero en el que las capturas regulatorias, las colusiones y todo tipo de decisiones interesadas y poco transparentes han estado y están a la orden del día. Por el contrario, un ejercicio profesionalizado, regulado y visible del lobby permite identificar mejor quién trata de influir y qué intenta aportar. A la vez, un proceso legislativo más transparente, que mejore la “rastreabilidad” de leyes y decisiones, si bien facilita el trabajo del lobista, también resulta más fácil de fiscalizar por ciudadanos, medios y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, medidas como un registro de lobistas -entendidos en el sentido más amplio posible- y de sus actividades ante Congreso y gobierno suponen pasos necesarios en la aceptación del lobby por los ciudadanos y en la consecución de una política más realista pero también más limpia.


23 comentarios

  1. Zhurrer dice:

    Todo lo que has mencionado se debería hacer en el EESC, no en cenas en el Belga Queen entre el subdirector de la DG y el representante de la multinacional en Bruselas.

  2. Elrohir dice:

    Estoy de acuerdo en que un lobby no tiene por qué ser un mecanismo de captura regulatoria. Y de hecho, dado que lobbies va a haber de todos modo («puertas al campo» que dirían algunos), es mejor que estén regulados para protegernos medianamente de que puedan serlo.

    Pero lo que me preocupa es que, aún si hubiera una gran variedad y competividad en el juego, creo que los lobbies seguirían siendo un mecanismo antidistributivo: parece un mecanismo de representación de nuestros intereses que se vuelve más accesible y efectivo cuantos más recursos estemos dispuestos a volcar en él. Sin ánimo de ponerme técnico, un estimador del tipo
    necesidades_reales=media(expresión_de_las_necesidadews_por_cada_lobby)
    sería claramente sesgado hacia los intereses de las élites, ya que es el único ruido de media no-cero en la opinión de cada subgrupo de la población que puede permitirse financiar un lobby.

    En conclusión, aún regulados los lobbies generan una toma de decisiones a dos niveles: primero la regulación se alimentaría de información sesgada hacia los ricos, después este regulador es validado (o refutado) en procesos democráticos donde todos los ciudadanos tienen pesos iguales. El resultado solo puede ser un político que «hizo lo que tenía que hacer, según los informes de que disponía, y no entiende por qué las urnas le castigan» XDDD

    • Jorge San Miguel dice:

      Efectivamente, no podemos ser ingenuos y pensar que, aun con reglas iguales y justas, los recursos de que se disponga no importan. Claro que importan. Como importan también si hablamos de la justicia -importa el dinero que pueda gastarse uno en abogados-, la educación o de otros muchos ámbitos de la política y la sociedad. Pero no son lo único. De hecho, a menudo organizaciones a priori con pocos recursos pueden seguir estrategias alternativas o incluso movilizar la principal fuerza que existe en una democracia, la opinión pública. Ahí tienes por ejemplo el caso reciente de la estrategia de choque de la PAH -aunque en ese caso creo que han contado con una serie de factores externos que han ayudado. Lo que quiero decir es que en ocasiones, jugar la carta «social» es una estrategia ganadora, mucho más que invertir millones. Y eso puede hacerlo, por ejemplo, Greenpeace, pero en el caso de Monsanto no colaría. De manera muy general, creo que un efecto y otro se compensan bastante bien.

      Por otra parte, como sugiero en el artículo, las empresas representan también de una cierta forma preferencias ciudadanas. Sin ánimo ninguno de incurrir en fantasías libertarias ni anarcocapitalistas, muchas empresas grandes tienen éxito precisamente por ello, de manera que los recursos con los que cuentan proceden, por así decirlo, de un «plebiscito cotidiano» -si bien este no suele ser el caso en España, pero sí por ejemplo en muchas empresas tecnológicas y en otros sectores que aportan valor real. Por eso, un esquema ricos vs. pobres resulta demasiado maniqueo y se pierden cosas por el camino. En este sentido, ya digo que lo que necesitaríamos son periodistas y organizaciones ciudadanas de control con el ojo bien afinado, que sepan distinguir las agendas, los intereses y las consecuencias probables de las políticas que se demandan, por encima de las etiquetas que interesadamente se ponga cada uno. Vamos, soñar es gratis.

      • Elrohir dice:

        Precisamente, igual que hay hospitales públicos y privados, abogacía de oficio y particular, etc. me parece que los lobbies estarían mejor regulados (mejor dicho, regularizados, porque aún desregulados e incluso prohibidos, los habría) siempre y cuando existan complementos de carácter público para representar las preferencias que, por lo que sea, no se manifiestan en lobbies (No sé si instituciones como el INE son o no suficiente).

        En vez de ricos-vs-pobres, que siempre es simplista y te doy la razón, yo prefiero verlo como que unas preferencias son capturadas por el mercado y otras no (¿externalidades? no domino el lenguaje :P) con lo que si los lobbies fueran la única fuente de feedback la política se sesgaría hacia las primeras. Por eso tienen que estar regulados, porque su feedback es bueno siempre y cuando tenga un contrapeso adecuado.

      • MuGaR dice:

        Jorge en la UE existen lobbys nacionales? o va por industrias?

        • Jorge San Miguel dice:

          No sé muy bien a qué te refieres. Digamos que hay muchos niveles de representación de intereses. Por ejemplo, los «grandes» intereses nacionales están representados en el Consejo, y en menor medida en el Parlamento. Pero determinadas unidades subnacionales pueden buscar representación propia cuando entienden que compiten internamente con otras o con intereses generales en el nivel nacional. Es el caso de las controvertidas oficinas regionales de representación. A veces se presentan en los medios como una especie de particularidad enfermiza española, pero no es el caso; las primeras fueron las alemanas, si no me equivoco.

      • Joshua dice:

        Esta respuesta tuya me resulta muy clarificadora y matiza muy acertaadamente el post. Creo que sería bueno que la incorporases en el texto principal ya que de lo contrario lo de ingenuo o anarcocapitalista son las conclusiones que desrila el texto. Piensa que la palabra información y la palabra lobby no casn bien an la misma frase.

    • Zhurrer dice:

      Los lobbies si están regulados en la UE Elrohir…

  3. ortega dice:

    Tal vez no hace falta irse hasta los transgénicos. Baste pensar el monopolio que un grupo de presión ostenta sobre el calificativo ‘bio’. Y luego ver que las condiciones para usarlo dentro de ese mismo grupo contradicen los mismos principios esgrimidos para su establecimiento.

    • Jorge San Miguel dice:

      De hecho, el primer registro del Parlamento, que ahora se ha fusionado con wl de la Comisión, lo promovió Enrique Barón cuando fue presidente del PE.

  4. Aloe dice:

    Mucha gente se opone en realidad a los transgénicos porque representan una privatización y sujeción a las leyes de patentes del común patrimonio genético del planeta: es decir, de las semillas, por ejemplo.

    Mientras haya inspectores revisando sembrados para ver quien está plantando semillas patentadas, o mientras se demande a agricultores por haber plantado semillas de su propia cosecha en lugar de haberlas comprado (dos noticias que han salido estos días) yo pensaré que la oposición a los transgénicos, sea o no cuestión de defensa de un lobby de alianzas laxas y grupos heterogéneos, trabaja más por el bien común que el lobby contrario.

    Mulet es muy buen comunicador y vende bien su tema (en Amazings, ahora Naukas, era un habitual de la venta de los trangénicos como el progreso científico contra los malditos luditas comeflores newage) pero merecería más confianza si hablara de dinero y leyes de patentes, y no de ciencia y progreso.

    • Jorge San Miguel dice:

      Vamos a ver, yo no soy especialista en transgénicos pero, hasta donde sé, semillas patentadas hay desde hace 200 años. Son temas que no tienen nada que ver. Otra cosa es que ciertas empresas tengan algunas prácticas más o menos objetables, pero evidentemente, nadie se gasta millones de euros en investigar y desarrollar variedades si no lo va a poder rentabilizar.

      • Aloe dice:

        No sé desde hace cuanto tiempo existen, pero solo en las últimas décadas han tenido importancia legal, social y económica a gran escala, y han interferido a gran escala en las decisiones y la capacidad de libre empresa de los agricultores en todo el mundo.

        Que no tenga nada que ver no es cierto: tiene todo que ver. Es el aspecto más importante, aunque no lo sea explícitamente.

        El tema de los incentivos a la investigación y el régimen de patentes sí que es otro tema. Mucho más amplio, desde luego. Y muy controvertido.
        Aunque hay que recordar que hay mucha evidencia empírica a favor de que en realidad el régimen de patentes retrasa y limita la innovación, no al contrario.
        Y también hay que recordar que una gran parte de la investigación se hace bajo otros regímenes de incentivos (casi toda la investigación financiada públicamente), así que no hay dos alternativas tipo blanco-negro.

        Cuando se piensa en la enorme cantidad de dinero público que Europa inyecta en la agricultura parece bastante falso que no haya alternativas de investigación si no las financian las empresas del lobby transgénico.
        Quizá lo que habría que pensar es en qué sectores no importa que se privatice la investigación y la tecnologia (sea finalmente el balance positivo o no) y en cuales deberia importarnos mucho. El genoma de las especies vivas de la Tierra (incluyendo el nuestro) debería estar en esta última categoría.

        • Jorge dice:

          El primer párrafo de tu comentario es sencillamente falso. En cuanto al último, no veo qué justifica trasladar la investigación sobre transgénicos del sector privado al público, y hacerlo encima a través de un paquete de políticas tan controvertido, caro e ineficiente como la PAC, que es en sí mismo una colección de «special interests», atavismos políticos y capturas regulatorias como para un museo de los horrores. O sea, justo lo que critico en el post: en lugar de preocuparnos del trasfondo, perder el tiempo con las etiquetas y los nombres.

    • jm mulet dice:

      Pues es muy fácil. Las patentes en organismos vivos existen desde hace más de 200 años y no tiene nada que ver con los trasngénicos. De hecho las noticias recientes están relacionadas con naranjas que no son transgénicas.

  5. juan dice:

    En España los hay hasta a nivel local, sobretodo para lobbyear al concejal de urbanismo de turno.
    Quien tenga intereses que los presente vía prensa y comunicación a la gente en general, y también se supone que se enterará el legislador y sus puntos los tendrá en cuenta con mayor o menor peso a la hora de formarse un criterio respecto a una determinada cuestión, pero nada de reunioncitas que no pueda tener un ciudadano X que quiera exponer su opinión sobre ese mismo tema.

    Pero vamos, lo que explicó el otro día un eurodiputado, de estar viendo el futbol en un bar y que llegase una jarra de medio litro de cerveza y alguien levantando el dedo «he sido yo y quiero hablar de esto» me parece el primer del cohecho.

  6. Ramón García dice:

    Centrémonos. El motivo de rechazar a los lobbys en Bruselas o Washington es porque pagan a representantes electos. Es un cohecho encubierto. Nada tendría de malo que un grupo de ciudadanos o empresas se asocien para defender sus puntos de vista o intereses comunes. Pero cuando pagan campañas electorales o hacen regalos a cargos electos cambia mucho.

    La mención a los transgénicos cae en la todología. Hay razones serias para oponerse a ellos. En su fabricación se utilizan genes de resistencia a fármacos hospitalarios, creando un problema de salud pública. Y se introducen en un ecosistema especies externas que se mezclan con las ya existentes.

    Recuerdo que Greenpeace acepta cómo única fuente de ingresos las cuotas de sus afiliados, para preservar su independencia. La defensa del medio ambiente me parece un acto de generosidad, porque es contrario al incentivo individual. Cada uno de nosotros sale ganando contaminando, en perjuicio del resto. Que el movimiento ecologista haya nacido en Alemania dice mucho sobre el sentido de lo común de un país. Quizá si son nuestros acreedores tenga algo que ver.

    (Reconozco ser socio de Greenpeace, pero no ostento ningún cargo en la organización)

  7. Jorge San Miguel dice:

    Sí, centrémonos. Afirmas que «El motivo de rechazar a los lobbys en Bruselas o Washington es porque pagan a representantes electos.» Me imagino que en Washington te refieres a la financiación de campañas, que es un tema distinto. Respecto a Bruselas, no sé cuáles son tus fuentes, pero no se paga a nadie. Es decir, habrá sobornos ocasionales lo mismo que hay fraude fiscal o tráfico de drogas: actividades delictivas, no prácticas legales. El lobby en Bruselas no consiste en pagar a nadie -reconozco que eso haría el trabajo más fácil y menos pesado, la verdad, pero no. De hecho, no hace mucho creo recordar que se ha condenado a un ex-MEP y le ha caído un buen puro por aceptar un soborno hace años; me parece haberlo leído en la cuenta de Twitter de Diana Wallis hace unas pocas semanas.

    Respecto a los transgénicos, ya he dicho que no soy experto y no es el tema central del post, pero hasta donde estoy informado, los argumentos de salud no se sostienen; y respecto a lo otro que mencionas, es perfectamente aplicable a toda la agricultura desde hace 8.000 o 10.000 años -y ese es el problema de muchas críticas, a mi juicio: que tienen bastante poco que ver en sí con los transgénicos.

    En lo de Greenpeace no entro: es un lobby y tiene todo el derecho a serlo. Yo también puedo crear una organización mañana y declarar los fines que me dé la gana, lo que evidentemente no tiene necesariamente nada que ver con las consecuencias concretas de las acciones y políticas que promueva.

  8. Lole dice:

    Hace unas semanas Ana Botella reconoció que hace años Urdangarín fue contratado para hacer de lobby ante el COI en apoyo a la olimpiada del 2016.

    Considero que éste es un ejemplo (aislado, eso sí) en que debemos considerar negativamente el concepto de lobby. Porque interceder ante un organismo como el COI, que no responde políticamente ante nadie y que decide dónde adjudicar la franquicia de las olimpiadas ya sabe el mundo entero cómo, interceder ante el COI repito consiste en coff, coff, digamos que agasajar generosamente.

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