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El poder de convicción de los políticos

8 Feb, 2013 - - @egocrata

Los votantes, en general, no tienen tiempo para pensar demasiado en política. La mayoría de gente no tiene opiniones demasiado intensas sobre muchos temas; el mundo es un lugar complicado y confuso, y la verdad, llegar a conclusiones sobre la necesidad de reformar los colegios profesionales, evaluar los nombramientos del gobierno para entidades reguladoras o analizar el diseño del sistema sanitario es bastante aburrido para el común de los mortales.

La mayoría de votantes acostumbran a utilizar un método bastante sencillo para llegar a conclusiones sobre políticas públicas: adoptar la posición de alguien de su misma ideología. Casi nadie tiene una idea clara sobre la fiscalidad de la vivienda, pero todo el mundo sabe si es de izquierdas, derechas, centro-pero-los-socialistas-son-el-mal o todos-son-iguales-pero-yo-voto-a-los-de-Felipe. Algunos votantes se asignarán una etiqueta no demasiado precisa (véase el «liberalismo» español), pero en general el votante medio puede decirte de quién se fía.

Esta realidad crea una paradoja curiosa: los políticos tienen un poder de convicción enorme, pero sólo en una fracción del electorado. En Monkey Cage publicaban hace unos días un ejemplo muy curioso de este fenómeno, analizando las respuestas de los votantes sobre políticas de control de armas de fuego. Michael Tesler se fija en una encuesta que divide a los votantes en dos grupos – uno «base», con una descripción de una prohibición de armas de asalto sin atribución política, y otra «extendida», con la misma descripción pero mencionando que o bien Obama o bien Bill Clinton apoyaban la medida. En ambos casos la mayoría de demócratas están a favor de reforma, y la mayoría de republicanos están en contra. El detalle curioso, sin embargo, es cómo responden los votantes demócratas cuando se les dice que Obama o Clinton defienden la prohibición:

Mágicamente, un número considerablemente mayor de demócratas creen que la ley es una buena idea. Los votantes se fían de sus líderes al estar ideológicamente cercanos, y cuando se enteran que estos apoyan la ley, allá los siguen. Fijaros también que esta cambio de opinión no es simétrico; los republicanos no detestan la ley en mayor proporción cuando les dicen que Obama o Clinton están a favor.

Si un político quiere aprobar reformas visitando terreno políticamente inexplorado, por tanto, debe ser consciente de dos cosas. Primero, si aún tiene cierto crédito con sus bases va a poder convencerles con relativa facilidad. Si a principios de legislatura Mariano Rajoy hubiera pedido a sus bases su apoyo para una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, el mercado laboral o la administración pública española, probablemente hubiera sido capaz de convencerles sin problema. Con el PSOE metido en una crisis de identidad imposible esos meses, probablemente ni siquiera hubiera tenido una oposición organizada decente fuera de las bases de Izquierda Unida. No es que los votantes sean tontos, inconscientes o traguen con todo; simplemente acostumbran a fiarse de los políticos de su misma ideología.

Segundo, los pactos de estado no siempre son un brindis al sol. Si me habéis leído alguna vez sabéis que esto de llegar a un consenso y decidir todos normalmente me parece una tontería buenista inútil. En medidas complejas, no demasiado populares pero necesarias, sin embargo, puede ser una buena idea. No hace falta el apoyo explícito de la oposición; a veces basta con un silencio benevolente. Los políticos tienen una capacidad considerable para polarizar las posiciones de los votantes, pero también para convencer a los suyos sobra la bondad de una reforma. Es por este motivo, por cierto, por el que la primera estrategia de cualquier Presidente americano para aprobar una ley es dividir la oposición; si los líderes del partido están enviando mensajes contradictorios las bases no van a cerrar filas, abriendo la puerta a cambios.

No hace falta decirlo, este mágico poder de convicción de los líderes políticos no es invulnerable. Si un Presidente del Gobierno se las arregla para romper una decena promesas electorales en un año mientras reacciona con torpeza inaudita a un escándalo de corrupción su capacidad de mover las opiniones de sus bases se disipa rápidamente. Rajoy probablemente necesitaría un milagro para poder vender botellas de agua en el desierto estos días; si el PP quisiera hacer algo remotamente ambicioso de aquí a final de legislatura el Presidente sería un lastre aún mayor que Zapatero era el 2011.  Llegar al gobierno sin un plan, ni ideas, ni reformas preparadas era de una irresponsabilidad e incompetencia política incomprensible. Y si alguien en el PP quiere arreglar el país algún día, mantenerle en el cargo es casi peor.