Política

Si la corrupción es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?

28 Ene, 2013 -

Por Sílvia Claveria.

El pasado sábado Rajoy ha hecho la primera comparecencia pública por el escándalo del ex tesorero y ex-senador del PP, Luis Bárcenas. Se acusa a la cúpula del PP de recibir dinero en negro procedente de Bárcenas. Este caso de corrupción no es el último ni el primero. En estos últimos años se han destapado varios: el caso Gürtel, Urdangarín, Pallerols, Palau, ITV, Crespo, Sabadell, Pretoria… El florecimiento de estos casos de corrupción nos plantea una serie de preguntas. ¿Funcionan las elecciones para controlar la corrupción? ¿Por qué no se penaliza a los políticos corruptos? ¿Qué se puede hacer para reducir la corrupción?

1. ¿Funcionan las elecciones como herramienta para controlar la corrupción?

Teóricamente, en una sociedad democrática, uno de los controles esenciales de la corrupción deberían ser las urnas. Los políticos deberían creer que si realizaran alguna actividad corrupta, podrían ser castigados por los ciudadanos en las elecciones y, por esta regla de tres, se abstendrían de realizar actividades consideradas ilícitas. Pero la realidad es diferente y se produce lo que Víctor Lapuente llama la “paradoja de la corrupción”. Es decir, los políticos, aunque realicen actividades corruptas, resultan populares y sobreviven a las elecciones. Los datos confirman esta teoría. Se observa, por tanto, que el 70% de los alcaldes acusados de corrupción han sido reelegidos (Estefanía 2008), aunque algunos investigadores encuentran que existe un decrecimiento entre el 9,7% y 11% de su apoyo (Costas- Pérez, Solé-Ollé y Sorribas-Navarro 2010). También Rivero-Rodríguez y Fernández-Vázquez (2011) analizan los casos de corrupción municipal en España en los qué han alguna autoridad judicial ha intervenido (para considerar la corrupción más creíble), entre 1999 y 2007. La conclusión a la que llegan estos autores es que los candidatos corruptos, que se mantienen en su partido, obtienen de media los mismos resultados -aunque hay que destacar que existe una elevada heterogeneidad de resultados-.

2. ¿Por qué no se penaliza en las elecciones a los políticos corruptos?

La oferta política juega un papel importante. Por un lado, en España hay un sistema proporcional con listas cerradas, es decir, se votan partidos, no candidatos. Por lo tanto, dadas unas elecciones, no se puede discernir al candidato del partido al cual representa. La corrupción no es el único tema que se evalúa en unos comicios. Hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de votar, como el eje izquierda-derecha o el eje centro-periferia. Esto hace que a veces los ciudadanos voten a un partido por su ideología.

Por el otro lado, cuando se quiere penalizar al partido que tiene un caso de corrupción abierto, el ciudadano debe considerar que la oposición lo podría hacer mejor. Actualmente se hace difícil de visualizar esta alternativa, ya que la mayoría de partidos se encuentran salpicados por la corrupción. En las elecciones catalanas de 2012, los únicos partidos que en la campaña electoral se han podido vender como transparentes han sido: Ciutadans (C ‘s) y la Candidatura d’Unidat Popular (CUP), ya que ninguno de los dos nunca ha llegado al poder. Ambos querían competir por aquellos ciudadanos desconfiados hacia la clase política o la política en general. Según los análisis ecológicos, estos dos partidos mencionados se han erigido como canalizadores del voto “antisistema”. Jordi Muñoz explicaba que una parte de los votantes del de CiU en las últimas elecciones había votado a C ‘s (considerando que el PSC no era una alternativa). Sin embargo, para refinar esta idea debemos esperar a disponer de las encuestas individuales, que confirmarán o refutarán esta hipótesis.

También, como bien apuntan Rivero-Rodríguez y Fernández-Vázquez (2011), los ciudadanos se exponen sesgadamente a los medios de comunicación en base a la ideología que sientan más cercana. En España y en Cataluña, a diferencia del Reino Unido, los medios de comunicación tienen una pluralidad interna más bien escasa. Estos medios tratan y enmarcan los temas en general, y la corrupción en particular, de tal manera que no afecte negativamente al partido al cual son afines. Por lo tanto, según el medio al qué el ciudadano sea expuesto, éstos desarrollarán diferentes impresiones o percepciones del mismo caso de corrupción.

3. ¿Por qué cuesta que los políticos sean apartados del partido?

Víctor Lapuente apunta que en España no se tiene una burocracia meritocrática, sino que los políticos pueden nombrar a determinados políticos, como son los cargos de confianza, los cuales constituyen una administración muy politizada. Esto incentiva a los comportamientos ilícitos, ya que estos cargos de confianza son ofrecidos como bienes a los miembros de la “red clientelar”. Es decir, los políticos pueden llegar a agrupar mucho poder, ya que pueden nombrar a sus seguidores para ocupar la administración. De esta manera, el político se rodea de sus seguidores y, además, hace partícipe al resto de los nombrados de la corrupción (ya que posiblemente todos se están beneficiando). Lo que incentiva que estos miembros se apoyen entre sí, lo que el Benet Fusté llama la economía del regalo.

Desde una perspectiva más racional, podemos considerar que si el político dimite está auto inculpándose de los hechos que se le acusan. No dimitiendo, no acepta esta responsabilidad, intentando demostrar a la sociedad que no ha cometido ningún delito, o no era consciente de esta ilegalidad. También Carles A. Foguet o Roger Senserrich apuntaban que los mismos políticos no quieren abandonar el partido al cual representan si son acusados de corrupción a fin de asegurarse un apoyo por parte del mismo. Es decir, un político acusado de corrupción dentro de un partido se cerciora que el partido en cuestión le ayude a afrontar determinadas situaciones sociales y judiciales, cosa que es improbable si el político dimite.

4. Qué se puede hacer para reducir el nivel de corrupción?

La literatura expone que las medidas que se deben empezar a adoptar no deben recaer sobre el control por parte de los ciudadanos (a partir de las elecciones), sino que se deben implantar desde el interior del mismo sistema. Así, si nos fijamos en otros países europeos, se deberían adoptar una serie de medidas institucionales.

-Introducción de instituciones de control externo. Se deberían crear instituciones antifraude, que fiscalicen las administraciones a partir de auditorías (en Cataluña ya existe la Oficina Antifrau, ligada al Parlament de Catalunya). Y que el incumplimiento de la norma tuviera penalizaciones civiles y penales.

Víctor Lapuente aboga por la creación de una administración más profesionalizada, donde los funcionarios sean profesionales y, por tanto, no se puedan utilizar los puestos de libre designación como un bien intercambiable por el silencio (no delación) y / o cooperación con la corrupción. Debe tenerse en cuenta que las administraciones profesionalizadas también tienen una serie de problemas, que aquí sólo apuntaremos. Por un lado, los funcionarios pueden llegar a tener mucho poder. El político que es recién llegado a la administración se dejará guiar por unos funcionarios, que ideológicamente no son neutrales. Por otro lado, los políticos necesitan tener gente de confianza que trabaje de una manera determinada, y puedan ser seleccionados por ellos mismo. Todo ello hace que este problema tenga una difícil solución.

-Garantizar protección a los delatores. En los países escandinavos tienen una legislación estricta con la protección de aquellos individuos que delatan corrupciones, ya sea en los medios de comunicación o en la justicia. El político no puede abrir ninguna investigación para determinar quién ha podido incurrir en este hecho, y además los delatores tienen el anonimato asegurado por ley. Muchos de los casos de corrupción se empiezan a investigar a partir de delaciones, como el caso Malaya, aunque en España esta delación se produce cuando el delator no se ha podido beneficiar de los “bienes intercambiables”.

Ante la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y la política, debida en parte a los casos de corrupción que se han producido, vale la pena preguntarse las causas y cómo poder reducir esta práctica. Como dicen algunos autores, la cultura es difícil de cambiar, las instituciones, no.

 

Publicado originalmente en Cercle Gerrymandering.