Economía

Federalismo (I): El problema de los bienes públicos

17 Dic, 2012 - - @octavio_medina

Motivado por el estupendo artículo de Víctor Lapuente sobre las virtudes de un – bien diseñado e implementado – reino federal de taifas y la discusión con Penny en Twitter (a quien agradezco, por cierto, sus dotes de capataz de obra), decidí escribir una entrada sobre la teoría del federalismo. No obstante, al repasar los artículos y notas que tenía me di cuenta de da para bastante más, así que voy a optar por el formato fascículo y empezar una serie de posts temáticos.

Esta primera entrada es sobre el ensayo clásico del economista Charles Tiebout, en el que explica su Teoría Pura del Gasto Local (A Pure Theory of Local Expenditure. Aunque no se llevara el premio al título más excitante del momento (por si fuera poco era una respuesta a un paper de Samuelson titulado Teoría Pura del Gasto Público), y aunque a primera vista no parezca tener mucho que ver con el tema, fue uno de los detonantes de los primeros debates sobre el federalismo fiscal.

En este paper Tiebout discute la idea de Musgrave y Samuelson, que argumentaban que no existía un mecanismo de mercado para determinar ni el nivel óptimo de bienes públicos demandados por la sociedad ni, por lo tanto, el nivel de impuestos para pagarlos. Para un bien privado, el mecanismo es sencillo: los consumidores revelan sus preferencias comprando o dejando de comprar, de forma que el precio (y la cantidad) de los productos se ajusta a la oferta y la demanda, alcanzando un equilibrio. En el mundo de los bienes públicos, esto es mucho más complicado.

Imaginaos un sistema de recogida de basuras en una ciudad. En el libro de economía pública que utilizamos en la carrera, este era el ejemplo que se utilizaba, en concreto un caso real de Dhaka, la capital de Bangladesh. Ante el mal funcionamiento del sistema público de recogida, surgieron intentos en algunos barrios de transferir la gestión del servicio a una empresa privada, a la que se podían abonar los usuarios si querían que su basura fuera recogida. El problema es que la recogida de basuras es un bien público, en el sentido en que es no-excluyente*. Es decir, es difícil excluir a la gente de su uso (cómo diferenciar las bolsas de basura de los abonados de las del resto?). Un caso típico que provoca una tragedia de los comunes. Al final los abonados se cansan de pagar por un servicio del que los free riders se aprovechan, y la empresa de recogida de basuras carece de suficientes abonados para cubrir costes, con lo cual deja de operar.

El resultado es que la inversión privada en bienes públicos es menor de lo que sería socialmente óptimo. Si agregáramos las preferencias de todos los habitantes de la ciudad, la cantidad demandada de recogida de basuras estaría bastante por encima de la cantidad que acaba ofreciendo el mercado. Y ese es precisamente el problema que mencionaban Samuelson y Musgrave. Cuando tratamos con bienes públicos, no hay una manera clara de que los ciudadanos 1. lleguen a un equilibrio óptimo por su cuenta** o 2. al menos revelen sus preferencias para que el estado pueda jugar el papel de suministrador de los bienes públicos.

Tiebout estaba más o menos de acuerdo con este problema (quizá por ello se limitó a añadir el adjetivo local al título original de Samuelson), pero con un pero muy importante. Esto nos vale para el caso del gasto en bienes públicos del gobierno central, que actúa como monopolio. ¿Cuál sería la situación a nivel local o regional?

El argumento de Tiebout es que, si asumimos que existen un número grande (infinito en un mundo perfecto) de entidades subnacionales (Tiebout habla de localidades, pero en principio también se podría tratar de estados o regiones) y que la movilidad de los ciudadanos es completa***, sí que existe una solución al problema de los bienes públicos. Los ciudadanos que prefieran una mayor cantidad de bienes públicos se mudarán a las ciudades o comunidades con un nivel de gasto mayor, y lo mismo ocurrirá con aquellos que prefieran administraciones más frugales. O, dicho de otra manera, las familias con niños se mudarán a ciudades o entidades con gasto mayor en escuelas y parques, mientras los jóvenes quizá prefieran ciudades con una oferta variada de entretenimiento. Los ciudadanos, como dice la frase, “votarán con los pies”, mudándose a la entidad que mejor satisfaga sus preferencias. El país es un mercado, los niveles y características del gasto público son el producto, y los impuestos su precio.

Este modelo teórico, con las distintas entidades dentro de un Estado compitiendo por ofrecer mejores servicios, es el que sienta las bases para el reino federal de taifas del que hablaba Víctor en su artículo. Bien diseñado, es un modelo que propicia buenas prácticas porque obliga a los gobiernos locales o autonómicos a ajustarse a las preferencias de los ciudadanos. En la siguiente entrada pasaré a revisar la evidencia que tenemos respecto a su funcionamiento.

 

 

* La condición de no-rivalidad la dejamos por ahora.

** Aunque hay excepciones que dan para otras muchas entradas.

*** Y otras cuantas premisas más, que podéis consultar en el paper original.