Política

Votar ¿Derecho o deber?

16 Nov, 2012 - - @kanciller

En la mayoría de los países del mundo se considera que votar es un derecho, un compromiso cívico de la ciudadanía. Sin embargo, en algunos países votar no es un derecho sino una obligación. Aunque el voto obligatorio se introdujo en algunos países a finales del XIX y principios del XX, casi a la vez que la extensión del sufragio (Bélgica en 1892, Argentina en 1914…), la tendencia general ha sido a su desaparición (Países Bajos, algunos länder austriacos) o a su relajamiento (Australia). Cuando miramos el voto obligatorio lo relevante es saber en qué medida es efectivo, ya que hay de muchos tipos. En algunos países abstenerse no conlleva más que una sanción simbólica o deber dar una explicación formal a la autoridad. En otros países puede implicar multas o incluso penas de prisión. El país más cercano que tenemos con una obligatoriedad importante es Bélgica, donde abstenerse requiere justificación, implica multa y te puede complicar la vida hasta para hacer una oposición. Italia, que tuvo voto obligatorio hasta el 1995, tenía sanciones muy menores en comparación, apenas problemas para conseguir un centro de día para tu hijo. Formalmente Grecia también tiene voto obligatorio (aunque no se aplica) e incluso en España lo hubo sin efectos entre 1907 y 1923. Vista la variedad de países que lo tienen, la pregunta es ¿Por qué voto obligatorio?

Los argumentos a favor

Quizá su más concienzudo defensor es Lijphart en este artículo clásico, el cual me sirvió de inspiración para este otro artículo de diario. Resumiendo, los argumentos a favor del voto obligatorio se centran en los potenciales beneficios que supone en términos de inclusión política (y aprendizaje) frente a unos costes relativamente escasos. Primero, porque unos gobiernos que obtienen su mandato con escasos votos pueden ser criticados por escasamente legítimos al representar una minoría de la población. La tendencia a la baja de la participación electoral sería una señal preocupante de esto. Segundo, y más relevante, es que la participación electoral es desigual socialmente. La abstención tiende a darse aquellos estratos más desaventajados en términos de clase, ingresos y educación. Por lo tanto, esto generaría una dinámica que se retroalimenta. Como los abstencionistas no participan los partidos tienen menos incentivos para hacer políticas a su favor y, por lo tanto, también se abstienen más. A esta desigualdad yo añadiría una menos tratada: los jóvenes también se abstienen más, lo que también explicaría su abandono por parte de los poderes públicos. Además, también se argumenta que participar conllevaría una especie de aprender votando y podría aumentar el interés y el ligamen de los ciudadanos con su comunidad.

Otros autores dicen que el voto obligatorio podría suponer hasta un ahorro económico ya que no harían falta campañas institucionales pidiendo el voto. Es más, los partidos no necesitarían invertir esfuerzos en movilizar a la ciudadanía (e incluso podrían minimizar las campañas negativas entre ellos). El propio Lijphart argumenta que los abstencionistas son free-riders,  que no contribuyen a los esfuerzos que hacen los demás por contribuir al bien colectivo que es el sistema político. Respecto a los costes que tiene aplicarlo, la idea es que establecer la obligatoriedad del voto no es lo mismo que hacer obligatorio votar a candidaturas. Es decir, que se debe depositar una papeleta en la urna pero puede ser voto blanco, nulo, etcétera… si se quiere protestar. Frente a una abstención que no tiene dueño, la ventaja de hacer la protesta cuantificable. Por último, también se incide en el escaso coste que tiene votar en comparación con otras actividades obligatorias y mucho más gravosas, como pagar impuestos o hacer el servicio militar.

Lo que nos dice la evidencia empírica

Estos argumentos a favor, mezcla de expectativas y argumentos normativos, merece la pena contrastarlos con la evidencia. Este punto es el que he repasado en un artículo de Lever en Public Reason y parece que pone algunas pegas a mis simpatías iniciales por el voto obligatorio. Nada sorprendentemente se sabe que establecer voto obligatorio, en función de su grado de sanción, aumenta los niveles de participación electoral. Sin embargo Lever señala que no parece tener muchos efectos sobre los niveles de información política o interés, o incluso sobre los resultados electorales. De esto se concluye que al final el voto obligatorio ni garantiza la inclusividad ni la igualdad política. Parece que ni se reduce el coste ni hace que los partidos políticos vayan a competir por los pobres.

Sin embargo yo no sería tan taxativo por tres razones. Primero porque los efectos del hábito de votar no son automáticos ni directos: hace falta acostumbrarse para que lo obligatorio sea percibido como hábito y genere incentivos para informarse. La evidencia experimental no me parece muy fuerte para resolver este dilema. Segundo, porque el que no haya cambios electorales no tiene por qué significar que no haya inclusión – en el estudio se centran en el caso belga, lo que tiene ventajas e inconvenientes. Uno no espera que los abstencionistas crónicos vayan a  votar a un partido determinado, puede que no tenga una opinión formada o que no les interese la política. El voto obligatorio puede no tener un efecto partidista pero sí que se ha mostrado que reduce el espacio para las desigualdades en la participación, aunque no desproporcionadamente.Tampoco hay evidencia de que con voto obligatorio un “voto al azar” de los abstencionistas acabe dando más fuerza a opciones extremas o anti-sistema. Y tercero, no sabemos nada sobre el voto de los jóvenes ni sobre cómo la obligatoriedad de votar podría afectarles, una desigualdad que está pendiente por investigar.

Otro argumento que también es crítico se refiere a los niveles de enforcement del voto obligatorio y las multas asociadas. Si sabemos que los abstencionistas crónicos son gente de menos recursos, al final esto se traduce en una especie de impuesto regresivo. Además, el ahorro de las campañas institucionales no es tal porque te lo tienes que gastar – incluso más – en ir persiguiendo a los abstencionistas. Hay un trade-off  evidente: si se suaviza la sanción por su efecto regresivo no se consigue el efecto deseado. Desde el punto de vista más normativo, se ha subrayado que hacer obligatorio el voto supone una violación del principio de libertad porque priva del derecho de abstenerse. En esta materia hay discusiones incluso dentro del campo liberal sobre si el voto obligatorio es compatible o no lo es con sus principios. Finalmente, se ha dicho que votar no puede considerarse como un bien público porque la abstención puede implicar un elemento de conciencia (la “abstención activa”) y que no hay un fallo de acción colectiva que implique la necesidad de que se actúe sancionando una (in) acción. Según se critica, habría que argumentar mejor que hay razones para preferir una participación alta y homogénea a una baja.

¿Voto obligatorio en España?

Aunque reconozco que mi entusiasmo sobre el tema ha aflojado, España tampoco es un caso en el que haya una caída continuada de la participación electoral (sí en otros países). En todo caso, he intentado poner el énfasis en que lo que me preocupa no es tanto el monto de la participación como el que sea homogénea entre todos los estratos sociales. Creo que el voto obligatorio podría tener más elementos positivos que negativos en este sentido; no creo que haya una posición normativa muy fuerte para oponerse. Mis pegas serían más técnicas que morales. Aún así también soy consciente de que es un tema que ni está en la agenda ni atrae demasiadas simpatías. Como académico, la carga de la prueba sigue recayendo en aquellos que defendemos el voto obligatorio. Tenemos que aportar más evidencia sobre sus posibles efectos positivos en vista de que, de momento, la cuestión continúa en disputa.

Sin embargo, no me gustaría dejar pasar la ocasión para decir que hay muchísimos mecanismos que pueden elevar la participación sin necesidad de hacer obligatorio votar. Me refiero a cosas tan elementales como el voto anticipado, la simplificación de las papeletas, la aclaración del jaleo del voto por correo… Todas las medidas que vayan encaminadas a facilitar a la gente el ejercer su derecho democrático son tan baratas y prácticas como deseables para una democracia de primera división.