Política

Por qué España tiene (probablemente) un problema con sus élites extractivas

30 Oct, 2012 -

Tengo la sensación de que entre la gente de mi entorno (leáse mi tuitline y mis cobloggers) cargar contra la idea de César Molinas de que en España existe un problema con la clase política se ha convertido en un deporte singularmente popular.

He de decir que simpatizo sustancialmente con las motivaciones que animan este tipo de planteamientos. La antipolítica, el antielitismo y la desafección con las instituciones democráticas son todos peligros reales. Para bien o para mal, los cauces de participación de la democracia burguesa y sus instituciones –partidos políticos y otros cuerpos intermedios incluidos- son probablemente las menos malas que conocemos para agregar preferencias. Son en cualquier caso mejores que sus alternativas, incluyendo entre estas el asamblearismo o el bonapartismo en cualquiera de sus variedades plebiscitarias (como el chavismo). En la medida en que su estabilidad reposa sobre la confianza que la opinión pública tiene en ellas, es razonable desconfiar o combatir de los discursos que tienen por efecto aumentar la desafección en el sistema.

Lo anterior no impide, sin embargo, que el tipo de problemas a los que apunta Molinas sean bastante reales, a saber, en España, las instituciones políticas y económicas interactúan y se retroalimentan en un equilibrio perverso. En los párrafos que siguen voy a ofrecer un relato de por qué esta historia me parece relativamente verosímil. Dado, por un lado,  que lo que voy a intentar dibujar es un cuadro relativamente completo  y como muchos mecanismos interactúan y se refuerzan entre sí, y por otro, que mi espacio, mi tiempo y mis competencias son limitadas; ni todas las partes de la historia son igual de sólidas, ni voy ofrecer evidencia “dura” para todas ellas. Mi intención es, al contrario intentar mover el debate de si la clase política es o no odiosa a admitir que es mejorable e intentar explicar por qué. Las líneas que siguen deben por tanto ser leídas con el grado adecuado de prudencia y más como una lluvia de ideas que como una narrativa con pretensión de validez.

Instituciones económicas de rentistas

Dado que la tesis básica es que las instituciones políticas (aquí hablaré de “estatales”) y económicas se retroalimentan, es indiferente empezar por unas o por otras, pero empezaré por las primeras. Empezaré por una observación simple: las instituciones económicas de nuestro país generan rentas en el sentido de “rent” y no de “income”, es decir, flujos de renta derivados de falta de competencia en los mercados. Esto es así debido a que nuestros mercados, tanto de trabajo como de productos tienen muchísimas barreras de entrada, fundamentalmente de origen estatal.

Una forma de medir esto para el mercado de productos es por las medidas del “Doing business”  del banco mundial. También hay otros indicios de que esto es así si uno analiza nuestro tejido empresarial dual. Por un lado, hay grandes empresas (como las que cotizan en el IBEX) que son muy mayoritariamente antiguas empresas estatales que viven en entornos muy regulados. Por otro, PYMES que viven igualmente en entornos relativamente regulados aislados de la presión competitiva.

En el caso del mercado de trabajo, la dualidad de la que nos hemos hartado de hablar en este blog funciona de tal forma que existe una estructura de insiders y outsiders dónde los primeros acumulan las “rentas”: no soportan más que una pequeña parte del ajuste del empleo, tienen salarios más altos y están típicamente sobrerrepresentados en los sindicatos.

El efecto de tener una economía muy regulada dónde las “rentas” son abundantes es que las actividades relacionadas con la “extracción de rentas” son especialmente provechosas, mientras que las actividades productivas lo son muy poco. Actividades de “extracción de rentas” son todas las que de una forma u otra están relacionadas directamente con tratar con el entramado político y regulatorio que obstaculiza la competencia en los mercados: desde gestorías que funcionen con papele, hasta actividades de presión o corrupción política.  En otras palabras, en la medida en que una economía tiene muchas barreras de entrada de origen estatal, los agentes son muy dependientes de estas y todo el mundo tiene incentivos para intentar formar parte del grupo que se aprovecha de las rentas y en menor medida intentar competir libremente. Todo el mundo intenta capturar una parte más grande del pastel en lugar de hacerlo más grande. NO me detendré mucho más sobre este tema dado que creo que está bastante claro y es difícil de cuestionar.

Las instituciones políticas extractivas

El punto básico es que una economía con estas características tiene un impacto sobre las instituciones políticas ya que crea una coalición mayoritaria de personas que se aprovechan del equilibrio perverso. No se trata únicamente de agentes que se dediquen al lobby o a la corrupción en el sentido más estricto. El papel de los sindicatos en un mercado dualizado implica que estos van a estar típicamente capturados por los insiders y van a defender el statu quo. Las liberalizaciones generan típicamente perdedores concentrados y con mucha visibilidad (trabajadores y empresas) y ganadores dispersos y difíciles de apreciar (el conjunto de los consumidores).

Un efecto de tener un mercado laboral dónde la brecha entre estar empleado y desempleado es tan grande y no supone solo una pérdida económica, sino un deterioro permanente de status, es hacer la entrada en política excepcionalmente arriesgada ya que supone exponerse a un descapitalización considerable y la posibilidad cierta de no encontrar trabajo en el sector privado. En la práctica, entrarán dos tipos de personas en políticas. Por un lado, personas a las que los partidos puedan ofrecer un “seguro”, una relación de dependencia a largo plazo. Por otro lado, personas que tengan un seguro de desempleo a prueba de fuego, esto es, funcionarios. El efecto es hacer de los partidos políticos mecanismos relativamente herméticos que imponen barreras de entrada considerables. Asimismo ambos tipos de perfiles tienen en común el hecho de ser personas muy dependientes del Estado y de la economía “rentista” que describíamos antes –el tipo de personas de las que difícilmente podemos esperar que rompan el equilibrio perverso.

Otro aspecto que sostiene el equilibrio tiene en mi opinión que ver con la estructura de nuestro modelo de estado. Un efecto esperable de tener un Estado de tipo autonómico es que los partidos políticos adquieren una estructura de federaciones que refleja el poder de los distintos barones locales. Esta fuerza de las federaciones regionales se ve además acentuada por el sistema electoral que prima la concentración local del voto. Sin embargo, como exponía mi colega Pablo en un post que ahora soy incapaz de encontrar, las elecciones a nivel local tienden a ser relativamente menos democráticas, o menos “contestables”. El efecto de esto es que los intereses de los notables locales tienen un peso considerable dentro de la estructura de los partidos.

Algo similar ocurre con el poder de veto que adquieren los partidos nacionalistas en un sistema bipartidista imperfecto dónde están en condiciones de condicionar la estabilidad del gobierno. En total, lo que he intentado mostrar es que en nuestro sistema político, los intereses de las élites locales tienden a estar sobre-representados.

¿En qué medida constituye esto un problema? Como planteaba Pablo en el segundo punto de este post  la existencia de una élite política local puede plantear problemas de falta de accountability o de clientelismo. En el caso de España, además, debido a la falta de corresponsabilidad fiscal de nuestro sistema de financiación, los políticos locales operan bajo “soft budget constraints”. El hecho de no tener que recaudar impuestos antes de gastarlo hace, no solamente que el control de la estabilidad financiera del Estado sea singularmente complicada, sino también que la responsabilidad democrática de los gobernantes locales disminuya y la gestión sea peor: siempre es más fácil intentar captar rentas del fondo común que gestionar correctamente el presupuesto y siempre es más fácil culpar al gobierno central de la falta de financiación que asumir la responsabilidad.

Que los notables locales concentren mucho poder plantea el problema adicional de que estos son más fáciles de capturar por los intereses especiales. En general, hay razones para pensar que estos son más vulnerables a la presión de las personas que dependen directamente de las “rentas” de origen regulatorio, de modo que intentarán bloquear cualquier intento de reformar éste.