Economía

Bancos, déficit y extraños compañeros de cama

22 Oct, 2012 -

La política hace extraños compañeros de cama. Mientras leía el artículo de Roger hablando de los problemas gemelos de la insolvencia pública y privada me he dado cuenta de que gente con posiciones políticas opuestas defienden argumentos con una estructura muy similar para abordar el problema de la gestión en el ámbito público y privado.

Las sociedades anónimas funcionan según el principio simple de que los propietarios (accionistas) tienen ciertos derechos de control y soportan el riesgo marginal. De esta forma, existen incentivos razonables para controlar a los directivos. Si la empresa se arruina, es expulsada del mercado, los accionistas pierden hasta la chaqueta y eventualmente algo parecido ocurrirá con los acreedores. Todo queda entre gente que asume riesgos de forma más o menos consciente y todo el mundo tiene los incentivos correctos.

Existe mucha gente, normalmente de inclinación «liberal», que sugiere que los bancos deberían funcionar según esta dinámica. Sin embargo hay varias razones por las que un banco no funciona así. Para empezar, la mayor parte del dinero que mueve un banco no es de sus accionistas, sino de sus depositantes: gente de a pie con un nivel de sofisticación financiera muy limitado que no está en condiciones de vigilar a los dirigentes. Además, el sistema financiero funciona de forma que es dado a que existan equilibrios múltiples -debido a la interconexión- de modo que si un banco se va a la ruina afectará a la liquidez del mercado y a todos los demás bancos. Simplificando bastante, estos dos motivos y alguno más hacen que, en la práctica, el riesgo de que un banco quiebre y la gente no recupere su dinero es muy pequeño porque el Estado acudirá al rescate: tanto por razones políticas (no dejar a la gente sin dinero) como por razones de eficiencia (prevenir un pánico bancario que se extienda).

Los dirigentes bancos, en la práctica, son capaces de asumir riesgos que no soportarán ellos mismos, sino que soportarán otros, en última instancia, el Estado y, como cada vez que hay un problema de riesgo que no se puede solucionar con una sanción ex post, la única forma razonable de gestionarlo es con regulación ex ante. Por eso tenemos regulación bancaria: para evitar que los bancos se endeuden en exceso o asuman riesgos estúpidos. ¿Como funciona la regulación bancaria? Pues típicamente -al menos para los bancos grandes- con unos señores con traje (no siempre negro) y protuberantes entradas (sin gafas de sol, sorry) que van a los bancos a ver como se gestiona el riesgo y evaluar los modelos internos de gestión del riesgo de los bancos. Es decir, que los supuestos que están empleando no son fantasiosos, que no se mueven por oportunismo y que la gestión es razonable.  Es natural pensar que poner esto en práctica es complicado y que tiene sus límites, pero el principio es la forma más razonable de hacerlo. En contra de lo que se pueda pensar, el sector financiero es casi con total seguridad el más regulado de todos y nadie en su sano juicio sugeriría que esto es un abandono de la economía de mercado.

So far so good, todo el mundo parece estar de acuerdo en esto. Ahora bien, da la sensación de que todo cambia cuando empezamos a hablar de los Estados. En principio, todos pensamos que la democracia funciona suficientemente bien para que los intereses de los votantes y los de los que toman las decisiones estén alineados y las decisiones sean eficientes. O al menos relativamente eficientes. Sin embargo hay muchas analogías entre como funciona la «democracia de los stakeholders» de un banco y como lo hace la de un país. Para empezar, los votantes tienen problemas de información muy similares. Evaluar la sostenibilidad de la senda fiscal de un Estado es algo complicado y que requiere hacer supuestos sobre el crecimiento futuro, la elasticidad de la renta imponible, etc. Asimismo, la fragmentación política hace que los Estados tiendan a sobreendeudarse. La forma más simple de ver esto es pensar en dos partidos que necesitan llegar a un acuerdo sobre le presupuesto y ambos están de acuerdo en que la senda fiscal es insostenible, pero no en qué partida hay que recortar, de forma que hay incentivos para posponer la estabilización indefinidamente con la esperanza de que el otro dé su brazo a torcer. En general, está más o menos bien establecido que los gobiernos tienen un sesgo deficitario. Finalmente, tenemos un problema muy similar de externalidades: los Estados son siempre demasiado grandes para caer; que un Estado quiebre supone que el sistema financiero en su conjunto se irá al garete (en la medida en que la deuda pública están en todos sitios) y sobre todo, en el contexto de la Eurozona, arrastrará con él a otros muchos países.

 Todos los aspectos del párrafo anterior sugieren que, en el mundo real dónde los votantes están racionalmente desinformados, las instituciones representativas son vulnerables al bloqueo y a problemas de common pool y los Estados no tienen en cuenta el efecto de sus decisiones sobre otros Estados, un Estado, solo controlado por sus votantes, tendrá problemas de gobernabilidad financiera muy parecidos a los que tiene un banco.

Las analogías no se paran aquí. Cuando yo pienso en un modelo de regulación del deficit público, se trata de crear un cuerpo, similar al de los supervisores bancarios y con un nivel análogo de independencia, que fiscalice las cuentas públicas. En principio, cada organismo público debería tener un modelo que valide sus perspectivas financieras a medio plazo y el papel de un regulador no es necesariamente intrusivo: se trata solo se verificar si ese escenario se apoya o no se apoya en supuestos verosímiles como para que la senda fiscal sea sostenible.

Sin embargo, cuando se propone establecer algo parecido a un mecanismo que limite estos problemas, ya sea a través de una regla de política fiscal  o atándonos al mástil de las instituciones internacionales, la misma gente que defiende la regulación bancaria agresiva suele estar totalmente en contra. Los motivos que se suelen alegar es que esto es una restricción inaceptable a la democracia, bien porque los votantes deberían ser suficientemente hábiles para controlar a los políticos, bien por una cuestión de principio. Este tipo de argumentos son sorprendentemente análogos a los que defiende al otro lado del espectro político los «free bankers» para hablar de la intervención del gobierno en el sector financiero. Como decía, son extraños compañeros de cama.