Unión Europea

Política, austeridad y consecuencias desagradables

15 Oct, 2012 -

Escribe hoy Marta Romero en Piedras de Papel un artículo lleno de sensatez y también, en mi opinión, profunda ingenuidad. Dejadme explicar por qué. España se enfrenta en estos momentos a un serio problema de sostenibilidad presupuestaria a corto y medio plazo por un lado y a largo plazo por otro. El problema a largo plazo tiene que ver con la sostenibilidad demográfica del Estado de bienestar. El problema de sostenbilidad a medio plazo nace de que el Estado no está en condiciones de asumir sus compromisos de gasto con la presión fiscal y las perspectivas de crecimiento actuales. Del problema de solvencia a medio plazo, nace un problema de liquidez a corto plazo: si alguien que se plantea comprar deuda española anticipa que existe una probabilidad no despreciable de que el Estado deje de pagar, es normal que exija una prima de riesgo mayor.

Lo que Marta Romero sugiere, si leo bien su artículo, es que hay que poner el acento sobre el lado de las perspectivas de crecimiento: pensar en qué tipo de modelo productivo se quiere para el país, tener una economía que pueda soportar nuestros compromisos de gasto y sugiere que en España el gobierno está recortando mucho pero reformando muy poco. Esto es algo básicamente cierto.

Mis problemas con su análisis están en dos puntos. El primero, relativamente más importante, en que se puede llegar a entender de su análisis que las reformas son una alternativa a la consolidación fiscal (no me gusta hablar de austeridad, que siempre me ha parecido un término cargado de moralismo). Como he explicado en alguna ocasión, la economía española está tremendamente endeudada tanto internamente, como con el extranjero. Mientras no se reduzca el endeudamiento, el crédito no volverá probablemente a fluir y, aunque las reformas pueden ayudar , encomendarse únicamente a los efectos riqueza me parece naif. En el momento actual, el debate no tiene que ver sobre si se ajusta o no se ajusta fiscalmente, sino sobre todo sobre como se lleva a cabo del ajuste.

El segundo punto de discrepancia está en que da la sensación de que el verdadero problema fuera uno de voluntarismo político. Como comentaba en otro artícula, la trampa en la que estamos no es solo económica, es sobre todo política. Ninguno de los actores que deberían solucionar el problema tienen los incentivos adecuados para ello.

Las reformas estructurales son, casi siempre, dolorosas a corto plazo y siempre muy lentas en hacer efecto. Reorganizar nuestro tejido empresarial, por ejemplo, pasa por liberalizar sectores y dejar que muchas empresas quiebren (y trabajadores vayan al paro inmediatamente). Mejorar la productividad de los trabajadores tiene que ver con invertir en educación, pero los retornos de la educación no se manifiestan en ningún caso del día a la noche y, entre tanto, pagar esa inversión requerirá subir los impuestos o gastar menos en otro programa, como también será el caso con una política de I+D. Hacer más eficiente la administración supondrá cabrear a un buen número de funcionarios. Dicho de forma breve: las reformas tendrán perdedores netos a los que es difícil compensar en medio de una crisis fiscal de esta magnitud, con lo cuál el gobierno es reacio a llevarlas a cabo y la oposición -así como los sindicatos- probablemente aprovechará para capitalizar el descontento.

Es muy sencillo culpar a las políticas impuestas por la «troika», tanto como lo es olvidar cuál es la lógica de la condicionalidad. Hipotéticamente, es fácil pensar que existe algún acuerdo entre los países que van a pagar nuestro rescate y España para que por un lado España ponga su casa en orden y devuelva una parte de su deuda externa y, por otro lado, el resto (el BCE, Alemania, etc) nos den oxígeno para hacerlo en un tiempo razonable y nos perdonen una parte de esa deuda. Pero aquí surgen dos problemas. El primero es de tipo distributivo: cualquier acuerdo tiene una dimensión de suma cero, dónde, lo que nosotros dejemos de pagar lo perderán ellos directamente y viceversa, así que cada parte tiene incentivos para disimular su capacidad de hacer cesiones. El segundo tiene que ver con la capacidad de cada parte para comprometerse de forma creíble. Si llevar a cabo las reformas necesarias y el ajuste fiscal tiene un coste político interno muy alto y solo parecemos estar dispuestos a aplicar reformas cuando nos vemos con el agua al cuello, es natural que desconfíen de nosotros y piensen que cuando tengamos más espacio fiscal desertaremos de nuestros compromisos.

En este contexto, cuando el compromiso de reducir el deficit y reformar la economía en el futuro no es creíble, lo único que es razonable exigir es que esto se haga en el presente. Esta solución tiene unos costes, posiblemente descomunales, pero es probablemente la única que constituye un equilibrio.