Al hilo del estupendo artículo de Pablo sobre concejales y gobierno local, voy a aprovechar para hablar sobre el caso de nuestro gigante asiático favorito. Dice la leyenda que China construye autopistas y aeropuertos a toda velocidad porque es una dictadura y por lo tanto tiene menos trabas a la hora de cambiar leyes y aprobar proyectos. No es difícil encontrar artículos de la prensa occidental que muestran cierta envidia hacia esa mítica eficiencia. El argumento de fondo, aunque nunca expresado abiertamente, es que el no tener que preocuparse por la popularidad de una medida y la consiguiente pérdida de votos permite actuar por el «interés general» de forma más eficaz.

China aún es una dictadura, con lo cual no nos es posible evaluar el impacto que tendría una democratización sobre la toma de decisiones y las políticas. No obstante, gracias a los investigadores españoles Mónica Martínez Bravo y Gerard Padró (y a sus coautores), ahora tenemos resultados de lo que ocurre cuando se democratizan las instituciones a nivel local.

Como explican los autores, la idea de celebrar elecciones democráticas en municipios se empezó a tomar en serio en China a raíz del desmantelamiento del sistema de comunas en los años 80. Los principales argumentos a favor eran dos: Por un lado reducía la necesidad de supervisión del gobierno central, lo cual era un tema muy relevante para el gobierno de Beijing. En un país gigantesco y con una población de más de mil millones de personas, el seguir la pista a un administrador local de la provincia de Qinghai para averiguar si ha desviado fondos públicos es una pesadilla. Descentralizar y democratizar, en cambio, permitiría facilitar la rendición de cuentas al trasladar la responsabilidad a los habitantes de los pueblos. Es una solución muy à la Ostrom, por cierto. Por otra parte, se pensaba que la democratización aumentaría la legitimidad de los gobiernos locales. Al gobierno central le interesaba esto porque si electores y representantes se llevan bien, implementar políticas es mucho más sencillo. Irónicamente, se quería democratizar para facilitar que las directrices del Partido fueran llevadas a cabo.

Al final ganaron los que apoyaban las reformas y se comenzaron a celebrar elecciones. Y hubo cambios. La celebración de elecciones tuvo como efecto un aumento del 27%  en bienes públicos locales y una mayor redistribución de recursos de las élites hacia los más desfavorecidos. Claro que, sabiendo como sabemos en España que un aumento del gasto público puede ser sinónimo tanto de desastre como de éxito, me toca ser abogado del diablo; ¿Pudo ser despilfarro o corrupción? A primera vista, parece que no. El aumento del gasto se produjo en sectores donde había demanda de inversión. Por ejemplo, en pueblos con muchos niños, aumentó el gasto en escuelas. Otra conclusión positiva es que el aumento de gasto fue acompañado de un aumento de impuestos, lo cual sugiere que no se trata de políticas insostenibles.

Todo esto apunta en la línea de la teoría de Acemoglu & Robinson en su Why Nations Failaunque a escala menor. El mayor determinante del éxito o fracaso de un país son sus instituciones. Aquellos países donde dichas instituciones estén controladas por élites que se dedican a la extracción de recursos, como pueden ser las dictaduras o sistemas pseudo-democráticos como el Apartheid de Sudáfrica, tenderán a crecer menos, beneficiando a unos pocos. Aquellos que posean instituciones incluyentes y representativas, como la mayoría de democracias occidentales, tenderán a crecer más, beneficiando además a la mayoría de la población. A nivel local ocurre lo mismo.

Ahora que está de moda la anti-política, conviene tener cuidado. Si se quieren eliminar instituciones, bien. Pero antes pensemos en qué vamos a poner en su lugar. Al fin y al cabo, y a pesar de lo que nos diga el imaginario popular sobre eficiencia, aeropuertos y autopistas, los espadones chinos hacen su trabajo peor que los alcaldes que los sustituyeron.