El otro día me encontré por casualidad con este artículo de Enric Juliana donde  el periodista se quejaba de que el corredor del Mediterráneo, la línea de alta velocidad destinada a unir la costa desde Valencia hasta Tarragona, había quedado de nuevo en suspenso. Los nuevos presupuestos señalan como prioridad llevar el AVE hasta Galicia y la Y griega vasca en detrimento de la clásica reivindicación catalana. La explicación general del artículo es que en ambas comunidades autónomas habrá elecciones el próximo año y que el Gobierno querría reservarse estas obras públicas como baza electoral. Más allá de que convenza o no esta hipótesis, sí que hay una literatura relativamente extendida en ciencia política sobre como los gobernantes usan la obra pública con fines electoralistas. Tampoco es que se esté descubriendo América con este tema – inaugurar al final de una legislatura ha sido una práctica común a todos los niveles desde que tenemos elecciones –. Eso sí, lo que no está tan claro es como priorizan esas obras los gobernantes.

Supongamos que somos el Gobierno central del Partido Popular y queremos dirigir nuestros recursos en función de su utilidad electoral. Asumamos que estos recursos públicos son “territorializables” y no se tratan de bienes colectivos  – Una parada de AVE frente a, digamos, más gasto en educación  –. En estas condiciones, el gobierno dispone de dos opciones extremas. Una posibilidad es dirigir tus recursos a aquellas comunidades/ distritos en los cuales obtiene buenos resultados, la tesis que plantearon en su momento Cox y McCubbins. La idea es que los gobiernos tenderían a ser adversos al riesgo y concentrarían sus esfuerzos en aquellos lugares en los cuales son más votados o hay gobiernos afines. Hay que premiar ser del mismo color político, “conservar a los nuestros”. Una parada de metro en cada barrio que nos vote, un colegio nuevo en cada pueblo donde tenga mayoría absoluta y un AVE de primera para Valencia y Murcia. Se tiene que ver que votar al partido en el gobierno tiene ventajas.

Una segunda opción consiste en invertir tus recursos de manera estratégica en aquellos lugares donde puedes obtener una mayor gananacia marginal. O dicho de otra forma, los políticos harían políticas públicas en aquellos lugares en los que potencialmente hay más votantes que podrían cambiar el sentido de su voto. Las obras irían para los swing states, los distritos en los que el resultado es incierto, para intentar decantar la balanza a su favor y ganar ese escaño en disputa. Este es el segundo argumento ha tenido cierto predicamento en artículos recientes, siendo uno de los más citados este de Dixit y Londregan . Según esta idea, por lo tanto, el Partido Popular se hartaría de hacer inversiones en aquellas comunidades más competidas – bueno, como ha ganado en casi todas en 2011, supongo que invertiría aquellas que podrían estar en disputa en 2015 como Aragón, Extremadura o Castilla La Mancha –. Que el AVE tenga parada en las ciudades donde nuestra mayoría es relativa o la diferencia con el PSOE es ajustada para ampliar nuestra ventaja.

Como podéis ver, se presentan dos alternativas ganadoras que en teoría son mutuamente excluyentes. En todo caso este dilema no puede enunciarse en unos términos tan sencillos: Hay que considerar como median otros factores contextuales. Sandra León tiene una genial tesis doctoral en la que afronta directamente este asunto, aunque no exactamente sobre políticas públicas “localizables” sino sobre la financiación autonómica a través de transferencias directas – resalto solo una parte muy pequeña de sus conclusiones –. Según su análisis el elemento clave que incide sobre que prevalezca una u otra estrategia es el grado de descentralización política en España. Según señala, al principio del Estado Autonómico eran las comunidades autónomas en disputa las que más recursos en trasferencias recibían. Sin embargo, a medida ha aumentado la descentralización política los gobiernos han tendido a hacer más transferencias a las Comunidades que tienen el mismo color, algo que parece ligado al peso de los barones territoriales en la organización interna de los partidos. Por lo tanto el contexto, la oportunidad política, el marco institucional… Importan a la hora de optar por una u otra estrategia.

Sigo ilustrando la importancia de las reglas de juego con un ejemplo dentro del campo de los sistemas electorales. Milesi-Ferreti, Perotti y Rostagno tienen un artículo clásico sobre cómo el tipo de regla electoral de un país puede delimitar las prioridades en el gasto. Ellos distinguen entre dos grupos de políticas, los bienes  y servicios que se pueden “territorializar” fácilmente y aquellas políticas basadas en trasferencias a grupos sociales. Pues bien, ellos presentan que los sistemas electorales mayoritarios tienden a hacer que los representantes públicos prefieran gastar en bienes que puedan dirigirse a un distrito específico frente a los proporcionales, que suelen priorizar la inversión en bienes públicos.

Esto como se ve encaja en cierta medida con lo que planteaba antes, con bienes “localizables” se puede premiar a los distritos leales  o decantar la balanza en los dudosos, algo especialmente crítico cuando un solo voto puede marcar la diferencia – Al fin y al cabo, en los sistemas mayoritarios the winner takes it all – . En los sistemas proporcionales la diferencia relativa importa menos porque al final hay cierta representación aunque se pierda en ese distrito. Es cierto que esto no despeja la incógnita sobre la estrategia preferida del político– sí afecta al stock de bienes distribuibles, no necesariamente a qué hacer con ellos – pero me vale para señalar que indica que sus decisiones no operan sobre el vacío. El marco institucional importa.

En resumen, sabemos que los políticos utilizan la obra pública con intenciones electorales pero no resulta tan sencillo definir qué tipo de estrategia es la ganadora, si la de cuidar a los tuyos o la de atraer a los indecisos – o si son ambas a la vez en qué medida y bajo qué condiciones, porque los recursos son finitos –. Dicho esto, tenemos los casos del AVE a Galicia y al País Vasco. Parece que el primero podría encajar con la idea de cuidar tus bastiones (y más si esperas desgaste de aquí a un año) pero en el caso de Euskadi… ¿Juega la singularidad del PNV y se sale de esta dicotomía? ¿Compromisos  ineludibles? Porque las próximas elecciones allí sí que serán un sudoku de primera y no tengo claro en qué medida la Y vasca lograría alterar la mayoría que ya parece perfilarse en el horizonte…