Os aseguro que cuento con impaciencia las horas que quedan hasta la comparecencia del gobierno este viernes. No es para menos, pues está previsto que sea entonces cuando anuncien el contenido de su reforma laboral. Un contenido que, por otra parte, no está nada claro. Eso sí, aun entre tanta indefinición, ha habido oportunidad para que se manifieste la primera decepción: no habrá contrato único. Da igual lo que De Guindos defendiese hace apenas un mes en su entrevista en el WSJ. Una de las razones esgrimidas por la ministra Fátima Báñez para justificar esta decisión es que el contrato único sería »
inconstitucional». No sé que tiene la ministra en mente cuando habla de contrato único, pero desde  luego apuesto a que no es nada parecido a la propuesta de contrato único con indemnización por despido creciente que hicieron desde FEDEA, y que naturalmente, tiene perfecto encaje dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Cónstese que, por descontado, el gobierno puede optar por el modelo de reforma que estime más conveniente. Ahora bien, que en ningún momento se haya consultado a expertos de prestigio en la materia, muchos de los cuales apoyaban esta medida, y que además se haya cerrado la puerta a su inclusión aduciendo razones tan peregrinas, al menos da para pensar sobre cuál podrá ser el contenido final de la reforma. Hay motivos para la decepción. Un servidor, desde luego, se hace partícipe de ellos. A fin de cuentas, puede que nos encontremos ante una nueva oportunidad perdida de encontrar remedio a una de nuestras peores lacras: la dualidad de nuestro mercado de trabajo.

En cualquier caso, la información disponible hasta ahora se muestra confusa, cuando no aparentemente contradictoria. De un lado, parece ser que el gobierno tiene intención de generalizar el contrato de fomento del empleo, de forma que, en adelante, los contratos indefinidos lleven aparejada una indemnización de 33 días en caso de despido improcedente y de 20 días en caso de procedente. A su vez, se ampliarían y definirían de forma más concisa las causas de procedencia en el despido. No sabemos, eso sí, que pasará respecto a la contratación temporal, ni tampoco en qué posición quedaría el «despido exprés». Del mismo modo, parece ser que el gobierno tiene intención de fomentar la contratación a tiempo parcial y de reordenar las bonificaciones para favorecer la contratación de jóvenes. En línea con su programa electoral, además, el gobierno apuesta por primar los convenios de trabajo a nivel de empresa y, en todo caso, por contener su prórroga indefinida.

Por otra parte, estos últimos días ha podido saberse que el gobierno planea incluir en su reforma laboral el «modelo austriaco» de indemnización por despido. En resumen, se trata de la creación de un fondo de capitalización individual que acompañaría a cada trabajador a lo largo de su trayectoria laboral. En principio, cada mes, el fondo iría percibiendo una cotización que, en caso de despido, podría ser cobrada total o parcialmente por el trabajador. En realidad no es ninguna sorpresa. La propuesta, como tal, figuraba en el programa electoral de los populares; pero es que, además, ese «modelo austriaco» de hecho ya fue aprobado por la reforma que el anterior gobierno llevó a cabo en 2010, si bien hasta el momento su desarrollo ha quedado pospuesto.
Esta posibilidad, aunque resulta interesante, si acaso plantea mayores dudas, algunas especialmente graves. La principal, probablemente, tiene que ver con la financiación. ¿Quién sufragaría las aportaciones? ¿Se realizarían a través de cotizaciones por parte del trabajador, de la empresa, o de ambos? ¿Quién gestionaría estos fondos de capitalización individuales, y bajo qué criterios?

No obstante, no son esas las únicas dudas. Pensemos en un trabajador que es despedido de forma improcedente después de llevar 8 meses en una empresa, meses en los que su fondo de indemnización por despido ha recibido las aportaciones pertinentes. Primera cuestión: ¿Qué indemnización por despido percibiría el trabajador? A primera vista, lo lógico sería que el trabajador pudiese disponer a tal efecto de la cuantía disponible en su fondo, ni más, ni menos. De no ser así, ¿qué sentido tendría la reforma? No obstante, de ser así, ¿qué sentido tendría fijar una indemnización en días por año trabajado, como se insinúa más arriba? A fin de cuentas, si ignorásemos tal circunstancia, entonces sí que estaríamos entrando en esa «inconstitucionalidad» a la que aludía la ministra en su comparecencia.  Por otra parte, ¿cómo se conjuga esta circunstancia con la procedencia del despido? Al tratarse de un despido improcedente en este ejemplo, ¿dispondría el trabajador la cuantía de su fondo,
como hemos comentado, o percibiría la prescriptiva indemnización de 33 días por año trabajado? ¿O quizás, en una fórmula intermedia, el trabajador podría disponer de su fondo pero la empresa pagaría una especie de multa que se sumaría al fondo del trabajador? Ahora bien, si el despido fuese procedente, ¿el trabajador percibiría de alguna forma 22 días por año trabajado, o únicamente dispondría de la cuantía depositada en su fondo?

Como podéis ver, no son pocas las dudas que plantea esta nueva intentona de reforma laboral. En cualquier caso, parece ser que, más allá de su contenido, tanto patronal como sindicatos se encontrarán conformes con ella. A nosotros, de momento, tan sólo nos queda esperar. Eso sí, como suele decirse, más vale que Dios nos pille confesados.