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La crisis y las autonomías: ¿repensando el modelo de Estado?

18 Ene, 2012 - - @jorgegalindo

El modelo de Estado en España será uno de los grandes temas de debate en los próximos años. Algo podríamos entrever desde mayo, o incluso antes, pero la (intencionada y calculada) falta de claridad de Rajoy no nos permitía concretarlo. Pero las noticias sobre mi querida patria chica (Valencia), así como los comentarios de los distintos Consejeros de Economía tras la reunión del Consejo de Política Fiscal ayer muestran que esta vez estará más ligado a la economía que nunca. En la época de vacas gordas había suficiente dinero en marcha (tanto recaudado vía impuestos, como conseguido a través de emisión de deuda o transferencias desde Europa) como para que a nadie le preocupase demasiado la eficiencia del modelo de división administrativa autonómica. Pero en cuanto esta liquidez ha desaparecido durante un periodo largo (digamos, más de un ejercicio presupuestario con periodo electoral incluido) la cosa se ha puesto tensa. Nadie oculta que el problema no es solo de liquidez, sino
también estructural, y tanto por un lado (PP) como por otro (CiU) se alzan voces pidiendo discutir el modelo de financiación autonómico actual.

Además, para cuadrar el círculo, los ciclos electorales han querido que la mayoría de Comunidades Autónomas estén en manos del mismo partido que gobierna el país. Esto allana el camino para una posible reforma del actual modelo de financiación de las Comunidades, aunque con la eterna resistencia vasca y catalana. Y no solo del modelo de financiación, también de competencias. Así pues, creo que es pertinente dedicar unos cuantos artículos al asunto. Este es una primera introducción, y después pasaré a hablar de aspectos concretos como impuestos, educación, sanidad, transporte o vivienda.

Actualmente, tenemos un modelo en el que las CCAA ejecutan un considerable del presupuesto, incluyendo el grueso del Estado de Bienestar: sanidad y educación (también vivienda y dependencia, entre otras). Lo hacen de una manera que no tiene incentivos para ser coordinada. Esto es especialmente obvio (y sangrante) en el caso de la distribución geográfica del sistema universitario: no tiene ningún sentido que tengamos cincuenta carreras de periodismo distribuidas por España, en vez de unas pocas concentradas y un buen sistema de becas que permita a quien así lo desee desplazarse para estudiar cualquier carrera. Lo que pasa es que este presupuesto ejecutado viene vía una recaudación que es redistribuida por el Estado. En resumen, al final estamos todos en el mismo barco. La idea teórica de que la gestión de los servicios públicos sea descentralizada se basa en que, en algunos de ellos, es más eficiente hacerlo con menores volúmenes de población y/o la información a nivel micro es más relevante, y no puede ser
conseguida de manera eficaz desde un centro lejano. Sin embargo, el trade off es obvio: coordinar será mucho más difícil. En España no solo pasa eso, sino que además las concesiones de competencias se hicieron en base a una serie de razones políticas no relacionadas con la eficiencia y la calidad en la construcción del Estado de Bienestar, sino en… bueno, una serie de necesidades obvias de que no se nos rompiese el país durante la Transición.

Es fácilmente argumentable que las necesidades de la España de hoy son bien distintas. Como muchos Presidentes y Consejeros autonómicos comienzan a sufrir, el debate se desplaza hacia la eficiencia. También se mantiene presente la equidad, por descontado. Si compramos la idea del Estado de Bienestar como una gran aseguradora, una red excepcional, el objetivo del modelo territorial debería conseguir que esta red cubriese al total de los ciudadanos sin dejar a nadie fuera (eficiencia), siendo igual de resistente en todas partes (equidad) y con el mínimo de nudos y enredos posibles (eficacia). ¿Qué modelo puede conseguir esto? Yo tengo debilidad por las estructuras federales simétricas, con las competencias bien delimitadas y una coordinación central de cualquiera de las ramas del Estado. En realidad no hablo de ningún cambio radical: ni una recentralización bestial, ni tampoco una consolidación de la descentralización al nivel de, digamos, el País Vasco. Simplemente se trataría de poner la casa en orden y
adaptarla a los tiempos, hablar sin tapujos de qué es mejor, si tener veinte o setenta Universidades, o si hemos de organizar los centros de especialización sanitaria y la movilidad interregional de los empleados públicos en la educación, la sanidad, los transportes o cualquier otro sector de una manera más flexible, siempre con los objetivos de eficiencia, equidad y eficacia. Bajo mi punto de vista, la educación superior y las cuestiones laborales (especialmente en materia de búsqueda de empleo) se encuentran entre las prioridades a reconsiderar.

Pero claro, ¿está el contexto político como para abordar el debate en estos términos? Por un lado, como hemos dicho al principio, la crisis obliga a que así sea: queda poco espacio para cuestiones no relacionadas con la gestión de recursos. Por otro lado, en cuanto el PSOE pierda Andalucía la disposición de actores para abordar tal debate introduce un, digamos, una alta probabilidad de fuerte sesgo o choque ideológico. Para abril tendremos a casi todas las CCAA gobernadas por un partido de centro-derecha y claro corte centralista. Y el «casi» es importante porque las dos que quedan no son sino (de) las más ricas de España: Catalunya y País Vasco. Ambas dirigidas por partidos de centro-derecha nacionalistas [Aclaración estúpida: estoy tonto, y se me había olvidado añadir que al decir que en el País Vasco gobierna el centro-derecha nacionalista quería decir que gobernará, probablemente, en las próximas elecciones. Sí, creo que el PSE va a perder, y que Patxi está mirando a Madrid]. En el Gobierno y el
Congreso, de nuevo, centro-derecha centralista. A efectos prácticos o de «gobernanza», cualquier modificación del modelo ha de ser consensuada a riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad. Dada la coincidencia en el eje izquierda-derecha entre los actores, la parte del «en qué» se gastará dinero y del «cómo» se organizará la financiación vía impuestos resultaría sencilla. Pero el hecho de que esté atravesada por el eje Madrid-periferia (permítanme decirlo así) garantiza tensiones en el «quién» recaudará y gastará, que finalmente afectarán al qué y al cómo.

¿Cómo se resolverá este conflicto? Descartando una imposición desde Madrid, lo más probable es que o bien al final no haya modificación sustancial, o bien obtengamos un nuevo Frankenstein que no dejará contento a nadie que significará una mayor capacidad del Estado de coordinar y controlar la forma en que las CCAA gastan el dinero. La reforma, o mejor dicho, el conjunto de reformas del que estamos hablando (todas ellas atravesadas por la cuestión de modelo territorial) es probablemente una de las estructurales más importantes que tenemos por delante. Lamentablemente, el modelo que montamos hace treinta años, y que nos ayudó a salir más bien que mal de la Transición, es el mismo que ha producido la actual disposición de los actores, que dificulta su modificación. Veremos.