Hace unos días Olivier Blanchard, un economista francés que Cives ha citado alguna vez, hacía su resumen del año. Blanchard se centraba en cuatro lecciones que los líderes mundiales deberían haber aprendido estos últimos doce meses hablando de política económica, con especial énfasis en el pelotón de chapuzas con cargo de la eurozona.

Las cuatro tesis son importantes, y merecen un repaso. Lo que más me interesa, sin embargo, y que debería dar mucho que hablar, son los comentarios que hace Blanchard sobre las políticas de austeridad. Cuando un gobierno se mete en una crisis de deuda pública, con los mercados empezando a dudar si el estado va a ser capaz de pagar sus deudas y demás, básicamente debe intentar arreglar dos problemas contradictorios al mismo tiempo.

Por un lado debe trabajar para hacer su presupuesto sostenible a largo plazo, reduciendo y/o eliminando el déficit estructural en sus cuentas, recaudando suficiente dinero con un sistema fiscal creíble, y dando muestras claras que gasta lo que dice y es capaz de controlarse. Por otro, debe trabajar para que la economía del país siga creciendo, ya que el volumen de ingresos del estado depende en gran medida de ello; si el paro sube, el gasto social aumenta, haciendo que  el déficit sea mayor y creando aún más dudas sobre su capacidad de pago.

Sabemos (por que así lo señalan todos los estudios, evidencia empírica y demás) sin embargo que reducir el déficit público reduce el crecimiento económico. La austeridad fiscal frena el crecimiento; es algo que vemos en las estadísticas de PIB de cualquier país desarrollado. Así, cuando un país está recortando gasto para garantizar que pagará lo que debe lo que está haciendo a la vez es reducir su capacidad de pago cargándose su propio crecimiento.

Los líderes de la eurozona (se supone) conocen este problema. La idea hasta ahora ha sido, sin embargo, que la reducción en nivel de crecimiento provocada por la austeridad es menor que el aumento de la capacidad de pago derivada de las subidas de impuestos y/o recortes. Es una teoría bonita, pero es eso, una teoría. Lo que dice Blanchard estos días es que los estudios que ha desarrollado la organización que dirige parecen indicar lo contrario. La austeridad provoca una caída de crecimiento lo suficiente grande como para que la capacidad de pago del país disminuya, no aumente. Por cierto, Blanchard es el economista jefe del FMI.

Esto genera un par de problemas interesantes, quizás irresolubles, para economías que no tienen divisa propia para monetizar su deuda. El primero, qué hacer cuando el país se mete en una crisis de confianza. Las crisis de deuda son especialmente horribles porque tienen lo que los economistas llaman equilibrios múltiples; dicho a lo bruto, pueden dar un resultado u otro dependiendo de factores externos bastante estúpidos. Si los inversores tienen un ataque de pánico, un problema menor puede degenerar en una profecia autocumplida; una de esas espirales de deuda que hemos visto alguna vez. Del mismo modo, si el banco central asegura que nadie se quedará sin cobrar una situación mala puede solventarse con pocos problemas; véase Reino Unido estos días.

Si resulta que los planes de austeridad hacen más daño que bien, sin embargo, un gobierno dudoso fiscalmente tiene realmente pocas opciones. Si promete recortes inmediatos, la recesión resultante puede desatar el pánico que lo envía a una bancarrota. Si no hace nada y los problemas fiscales son reales (y mirando las cuentas pública de cualquier país de la eurozona, casi todo el mundo tiene agujeros a largo plazo, Alemania incluída), el pánico puede llegar igual. La solución ideal en estos casos, es que el gobierno prometa austeridad, pero no ahora; un plan a largo plazo que garantice que una vez la recesión amaine el estado empezará a poner sus cuentas en orden, posiblemente acompañado por reformas estructurales  que ayuden a aumentar el crecimiento.

Esto, sin embargo, genera un segundo problema: cómo hacer que esta promesa sea creíble. Los legisladores de un país soberano son esencialmente una especie de semidioses que no responden ante nada ni nadie aparte de sus propios votantes / súbditos / alegres proletarios que adoran a su líder. Un primer ministro puede dibujar un maravilloso plan a diez años vista con un montón de subidas de impuestos y recortes de gasto que sólo entran en vigor de aquí tres años, o cuando la tasa de paro baja del 8% (en un país normal, eso es «empezamos a ir bien»). Puede incluso aprobarlo por ley orgánica. El problema es que si el paro está al 8,01% a seis meses de las elecciones, ya me diréis qué político no tiene tentaciones de enmendar su plan y decir que los impuestos no suben hasta que baje del 7%, o hasta que las ranas críen pelo. Por no hablar, claro está, de la posiblidad que el plan sea impopular y la oposición prometa cambiarlo en cuanto lleguen al poder, etcétera. No importa lo que prometan, un estado es soberano; nadie puede obligarles a cumplir con lo que prometen más que su propia voluntad.

Visto desde este prisma, las ideas de Merkel sobre una unión «fiscal» (no lo es, pero aceptamos pulpo) no son tan absurdas. Los estados de la Unión Europea no son «soberanos» en el sentido clásico desde hace tiempo; ¿por qué no utilizar las instituciones comunitarias para garantizar que estos compromisos se cumplan?. El problema, claro está, es que los planes de austeridad recientes no tienen nada de compromiso a largo plazo, y tienen mucho de garrotazos fiscales a corto. Y por descontado, ni la UE está equipada para controlar los presupuestos de 17 estados de forma decente, ni parece que nadie está por la labor de aceptar que su estado pierda soberanía de este modo. Bueno, excepto los portugueses, que realmente parecían morirse de ganas de convertirse en un protectorado. Como de costumbre, los problemas políticos son mucho más complicados de solucionar que los económicos.

Y esto no es ni siquiera el nucleo del problema; los desiquilibrios de balanza de pagos son aún más difíciles de arreglar. Pero eso es para otro día.